Asesinatos políticos: en el limbo de las razones

No es fácil gobernar hoy en México. A la pésima imagen que se tiene de los políticos, trabajada a pulso por algunos cuantos que han abusado para beneficio personal del cargo, se le suma los retos de gobernabilidad donde no sólo están los tradicionales grupos de interés social y económico, sino otros con agendas delictivas a los que se les conoce en general como crimen organizado y que han llegado a ejercer un control importante en algunas zonas del país.

En este contexto se dio la semana pasada el lamentable asesinato del exgobernador de Jalisco quien, hasta donde se pudiera presumir hoy, habría sido abatido como consecuencia de acciones que tomó durante su mandato y que pudieran haber perjudicado a algún grupo criminal.

Aristóteles Sandoval no ha sido el único exgobernador ultimado recientemente. En noviembre de 2010, Jesús Silverio Cavazos, recibió al menos cinco disparos en su casa, lo que le costaría la vida horas más tarde en el hospital, sin que al día de hoy se conozcan el móvil de los autores intelectuales. Así también en el mismo año 2010, Rodolfo Torre Cantú, siendo candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas y seguro ganador de la contienda, fue asesinado al sufrir su convoy de campaña un ataque a balazos. De los delitos anteriores solo ha habido indignación de las autoridades, pero nunca resultados que castiguen a los culpables y que permitan a los ciudadanos conocer las razones de estos hechos deplorables.

Pero no son sólo los exgobernadores quienes han sido víctimas de estos ataques. De acuerdo con un artículo publicado en la revista Nexos en septiembre de 2018, desde julio de 2004, cuando fue asesinado un alcalde electo del municipio de Otáez, Durango, aproximadamente 200 presidentes municipales habían sido asesinados. De acuerdo con esa publicación, la constante es la deficiencia en el trabajo de las autoridades que lleva a la impunidad que tanto mal está haciendo a lo largo de diferentes entidades del país, no sólo en los crímenes políticos, sino por todos los delitos que agravian a la sociedad y que no llevan a una condena a quienes los cometen.

En el caso particular de los asesinatos contra políticos estos se han asentado en 24 entidades y ya de manera particular en 161 municipios, como lo detalla el artículo de Nexos. De acuerdo con la misma publicación los estados con mayor número de ataques eran, a septiembre de 2018, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán y Chihuahua, destacando ya en lo municipal que en algunas zonas existe victimización reiterada, es decir que han matado a más de un alcalde del mismo municipio.

La ineficiencia o incluso la decisión de no investigar más allá en estos delitos, hace que jamás se sepa si el crimen se llevó a cabo porque el gobernante o exgobernante tenía o había tenido vínculos con algún grupo del crimen organizado y esta misma relación había llevado en algún punto a su ejecución, o si era por su lucha contra los delincuentes que al convertirse en un estorbo era necesario eliminarlo. Hay incluso otra opción, tan mala como las anteriores, que fueran los mismos rivales políticos que con facilidad le endosan la factura al crimen organizado.

Quedan entonces estos políticos en un limbo entre héroes o villanos, entre cómplices o adversarios, lo cual es a todas luces algo injusto para su imagen post mortmen, la tranquilidad de sus familias, pero también para la sociedad en general, que seguramente quisiera saber las verdaderas razones de por qué esta situación se ha estado presentando con tanta frecuencia desde hace más de una década.

Notario y Maestro en Política Públicas
@AMaximilianoGP