Una situación de gravedad especial

Dicen los que saben que la gobernabilidad en la entidad no anda muy bien que digamos.

Incluso hay quien afirma que al interior de la secretaría de Gobierno hay focos de alerta prendidos y constantemente suena “el teléfono rojo”.

Una de estas primeras situaciones se dio cuando hasta la Legislatura local llegó la notificación de un Tribunal Colegiado de Circuito donde se daba cuenta de que el proceso de elección del magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo se había hecho mal.

De acuerdo a la resolución en comento, habría que reponer el proceso de elección del magistrado que preside dicho tribunal administrativo, aunado a que al anterior magistrado, Eugenio Castellanos, deberían pagársele los emolumentos que dejó de recibir desde que fue cesado hasta la fecha.

Quién conoce del caso endosa la factura al mal manejo de los asesores jurídicos de la secretaría de Gobierno, quienes dieron su visto bueno para hacer el cambio de magistrado en aquel tribunal.

De igual forma, todo apunta que esta sentencia fue la causa del primer “ring-ring” en la oficina del licenciado López Portillo.

La segunda causa que puso de cabeza a más de algún asesor de aquella dependencia se dio cuando se intentó hacer el cambio de notario titular en la Notaría Pública número 33.

Y es que de acuerdo con una resolución emitida por dicha secretaría, se decretó la suspensión de la función notarial de dicha notaría pública y en específico del notario Jesús Pérez Esquivel.

La falla se dio cuando una vez suspendido el notario titular, se intentó nombrar a otro licenciado de apellidos Serrano Berry, quien se desempeñaba como notario adscrito de la Notaría siete.

Al parecer los reflectores de gobierno se situaron sobre el notario Pérez Esquivel, para “amarrarle las manos” y no permitirle defenderse del acto administrativo que lo despojaba de su Notaría.

Pero nadie calculó que el notario adscrito de la propia Notaría 33 de nombre José Carlos Lois Sayún tendría en su pecho una esperanza oculta para convertirse en notario titular.

Y como cualquier mortal con aspiraciones, Lois Sayún interpuso los medios de defensa necesarios para no permitirle a Serrano Berry asumir la titularidad de la Notaría 33.

Esta situación obviamente provocó de nueva cuenta la activación del teléfono rojo en las oficinas del secretario de Gobierno estatal. Sin contar el trago amargo que debió pasar el licenciado Serrano, quien seguramente ya se veía cambiando el número 7 por el 33 en sus oficinas del edificio TEC 100.

La tercera causa y quizá la más delicada, se dio apenas la semana pasada, cuando en medios de circulación nacional se ventiló el caso de la iniciativa del seguro vehicular.

Y es que de acuerdo a un sesudo análisis jurídico de los expertos de la secretaría de Gobierno, la iniciativa impulsada por Marcos Aguilar podría devenir en inconstitucional.

Lo anterior provocó, por supuesto, que el gobernador Calzada regresara la iniciativa a la Legislatura local, no obstante que la misma había sido aprobada por unanimidad del pleno en la Legislatura anterior.

Esta acción estimuló que más de alguno de los nuevos diputados locales con vocación servil y naturaleza subordinada, de inmediato se pronunciaran por enfriar la iniciativa previamente aprobada por la anterior Legislatura.

Pero no solo eso, el escenario se prestó a que inclusive organismos empresariales a nivel nacional, conminaran al Ejecutivo estatal mediante un desplegado a publicar la ley y no aplicar la llamada teoría de la “vetocracia”.

Reacciones hubo muchas y muy diversas, tanto de organismos de la sociedad civil, como de actores políticos de muy diversa índole; y por supuesto que las redes sociales se pusieron igual que el teléfono del secretario López Portillo: “al rojo vivo”.

El asunto hasta el día de hoy sigue calientito y lo único que se puede ver es una falta de oficio político para enfriar esta situación por parte del responsable de la política interior en el gabinete de José Calzada.“Me admira que siendo arpero no te sepas la tonada”.