¿En manos de quién quedará la DDHQ?

De la forma y el fondo ya han escrito tantos políticos, que no vale la pena recordar uno de los dogmas fundacionales del priísmo, pero al parecer nunca nadie le leyó a Miguel Nava Alvarado la famosa frase del ideólogo Jesús Reyes Heroles. Y es que el ombudsman se olvidó de las formas y tiene muy complicado su panorama como presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del estado de Querétaro (DDHQ).

Hasta hace una semana, no quedaban muchas dudas. Reponer el procedimiento de elección del órgano constitucional autónomo no era más que un procedimiento administrativo. El error lo cometieron otros diputados y ni el propio Nava Alvarado tenía velas en el entierro, por lo que la decisión políticamente correcta era seguir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), escuchar a las partes y después, otra vez por unanimidad, darle el espaldarazo al defensor. Hasta fortalecida iba a salir en su envestidura.

Sin embargo, las recientes decisiones de Miguel Nava podrían haber empezado a escribir sus últimas páginas frente a la DDHQ. Ya desde el fin de semana pasado saltaron las alarmas, pues acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mezclando peligrosamente un tema tan delicado como lo son amenazas de muerte, con el contexto de la reposición del procedimiento de elección de ombudsman, puso sin duda algunas fibras bastante sensibles.

Después, ya el martes, y tras el anuncio oficial de Braulio Guerra Urbiola en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la LVII Legislatura sobre la inminente reposición del procedimiento, Nava Alvarado definitivamente perdió las formas.

Primero, se dio a conocer que interpuso una denuncia penal contra los 13 magistrados del TSJ, quienes avalaron la sentencia firmada por Celia Maya García. Segundo, puso los reflectores sobre los diputados, al asegurar que ellos son los violadores de Derechos Humanos y que no tendría él que pagar por ello, y tercero, pero no menos importante,  acusó a los Poderes Legislativo y Judicial de confabular en su contra y de, protegiendo intereses “de altas esferas”, buscar poner a alguien “a modo” en la silla de la presidencia de la DDHQ.

Ya el miércoles, el panorama no mejoró. En gira de medios, repartió a diestra y siniestra contra diputados y magistrados. De mentirosos no bajó a los primeros y de delincuentes no sacó a los segundos. Y después de ello, vino Junta de Concertación Política.

Las seis fuerzas representadas en el Congreso se reunieron en una oficina en una esquina de la Plaza de Armas. Allí, atónitos, hicieron una reflexión sobre los últimos actos del ombudsman, y por supuesto, el resultado fue molestia generalizada. Los legisladores sienten que le han pegado a su institución y a sus personas, parejo y sin distingo de partidos políticos, por lo que el sentimiento de solidaridad les alcanzó a todos los representantes.

Además, consideran que nuevamente se está golpeando a la institución garante de los Derechos Humanos de Querétaro utilizando su cuenta oficial de twitter para dirimir un tema judicial que le compete a la persona y no a la institución. Rebotando el tema con el magistrado presidente Carlos Manuel Septién Olivares, las sensaciones fueron las mismas: en la esquina de enfrente están furiosos por la actitud de Miguel Nava Alvarado.

A partir de ello, hay dos certezas: la primera es que el PRI, en estos momentos, está muchísimo más cerca de darle su voto a César Pérez Guzmán que a Nava Alvarado. La segunda es que los magistrados, quienes tienen una considerable cuota de poder, también ven con buenos ojos a Pérez Guzmán para desterrar a Nava Alvarado.

Y existe otra condición. El PAN, el más dubitativo en la decisión, sabe que por lo pronto, desea conocer a César Pérez Guzmán. Ya decidieron que lo van a tomar en serio.

Sólo un acuerdo se tomó en la Junta de Concertación Política. Pedirle al TSJ una ampliación de 15 días para cumplir con la sentencia, la cual fue concedida. La nueva fecha fatal es el 24 de junio, aunque eso sí, si sigue sin haber acuerdo, seguirán pidiendo plazos hasta llegar a los 60 días, fecha tope. En cuanto 17 diputados  se pongan de acuerdo sobre una opción u otra, ese día de acaba la historia.

Mientras Pérez Guzmán empieza a sumar adeptos a su proyecto, un rumor circula en las dos esquinas de Plaza de Armas: Miguel Nava tiene una estrategia, y es la de generar ruido en torno a su figura para así presentarse como candidato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que se renueva precisamente este año. ¿Será?

Queda claro que la formas de Miguel Nava tienen un fondo, y que por ahora, las cosas de fondo han cambiado. Lo que parecía un trámite burocrático ahora se convirtió en un dolor de cabeza cuya cura parece estar en una aparentemente simple decisión: mantener la línea de trabajo que ha mantenido la Defensoría en los últimos dos años y medio, o limpiar el nombre de la institución con un rostro nuevo, y de paso, cobrarse alguna vendetta personal. Si los diputados atienden a sus formas, ya sabemos cómo acabara de fondo este asunto.