Insuficientes los protocolos estatales para prevenir abuso infantil

Pese a que Querétaro y el resto de las entidades federativas del país cuentan con protoclos de actuación en casos de abuso sexual infantil, los incidentes de este tipo continúan registrándose. Ejemplo de ello son los 10 casos que se han reportado en la entidad, el más reciente en una institución de educación pública en la capital.

Estos protocolos fueron diseños a partir de la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Dicha ley fortalecía el reconocimiento de los derechos al declarar a niñas, niños y adolescentes como titulares de los mismos, y por lo tanto, “estableciendo las obligaciones al Estado de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos y prevenir su vulneración“.

Ante la publicación de LGDNNA el gobierno de Enrique Peña Nieto solicitó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) organizar foros de consulta para elaborar un conjunto de propuestas y recomendaciones para garantizar un mayor y mejor acceso a la justicia.

Una de las alternativas que surgieron fue la creación de protocolos de prevención, detección y actuación, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) empezó a desarrollar orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica.

La intención de los protocolos es para la actuación de manera preventiva al interior de los institutos. Sin embargo, los casos, o sospechas de abuso sexual infantil, que sean detectados fuera de la escuela, deberían ser notificados de manera inmediata y canalizados a las autoridades competentes.

En el documento de Orientación para la Prevención, Detención y Actuación en Casos de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato en las Escuelas de Educación Básica, se designan las responsabilidades de padres, madres y tutores para actuar en cada caso.

Entre estas responsabilidades se encuentran: conocer los documentos normativos, observar los cambios de conducta de los menores y en todo caso comunicar las observaciones, así como realizar pláticas de autocuidado, entre otras.

Algunas responsabilidades para los docentes y el personal educativo son: aplicar y conocer los documentos normativos; contar con formación de derecho humanos; alerta y observar cambios de conductas; reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo; trabajar en temas de autocuidado; enseño a mis alumnos a identificar las conductas que les incomodan, entre otras.

Asimismo las responsabilidades de directores y supervisores son similares, por lo que, además de informar y aplicar la norma, deben verificar que se apliquen las acciones; establecer los espacios para su discusión; observar la relación del personal y el alumnado; en caso de no actuación de mi autoridad inmediata, lo reporto a la autoridad superior correspondiente; entre otras.

Las 32 entidades federativas retomaron estos puntos para la elaboración de sus propios programas y protocolos que, en el caso de Querétaro, forman parte del programa “Convivencia Escolar“, el cual fue publicado en septiembre de 2017.

Cabe señalar que el último caso registrado en el estado por supuesto abuso sexual por parte de un docente en contra de alumnos ocurrió a mediados de octubre en una escuela primaria localizada en Jardines de Santiago. Hasta el momento, el imputado se encuentra prófugo de la justicia.