Empresas guardarán comunicaciones de usuarios por 2 años; radios comunitarias, en desventaja
Entre otros puntos, la ley faculta a los concesionarios para guardar por dos años un registro de las comunicaciones de sus usuarios para que las autoridades puedan consultarlo por razones de seguridad
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con siete meses de retraso, las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones.
Algunos de los principales puntos de estas leyes son que una empresa será declarada preponderante por sector, no por cada servicio; que los concesionarios estarán obligados a guardar por dos años un registro de las comunicaciones de sus usuarios para que las autoridades puedan consultarlo por razones de seguridad, y que las empresas que incumplan las normas de competencia u otras resoluciones podrán ser sancionadas hasta con el 10% de sus ingresos.
Uno de los actores más afectados son los medios comunitarios pues, además de que sólo se les estará considerando en radiodifusión y no en televisión, se les asignarán frecuencias con difícil alcance y con una calidad muy baja, denunciaron especialistas y miembros de radios comunitarias.
El artículo 90 de la ley secundaria dice:
“El Instituto deberá reservar para estaciones de radio FM [Frecuencia Modulada] comunitarias e indígenas el diez por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM, que va de los 88 a los 108 MHz. Dicho porcentaje se concesionará en la parte alta de la referida banda. El Instituto podrá otorgar concesiones para estaciones de radio AM [Amplitud Moderada], comunitarias e indígenas, en el segmento de la banda del espectro radioeléctrico ampliada que va de los 1605 a los 1705 KHz. Lo anterior, sin perjuicio de que el Instituto pueda otorgar concesiones de uso público, comercial o social, que no sean comunitarias o indígenas, en el resto del segmento de AM”.
La legislación debió avalarse en diciembre pasado pero que se había quedado pendiente por falta de acuerdos entre los principales partidos.
El documento recibió el visto bueno definitivo después de que la Cámara de Diputados aprobara sin cambios la minuta que el Senado avaló durante la madrugada del sábado pasado. Con ello, el texto sólo necesita ser promulgado por el presidente Enrique Peña Nieto para entrar en vigor.
En lo general, la legislación quedó aprobada por 340 votos a favor, 129 en contra y una abstención. En lo particular, la votación fue de 318 a favor y 107 en contra.
Los partidos que respaldaron el documento fueron el Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), la mayor parte de la bancada del opositor Partido Acción Nacional (PAN) y un legislador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En contraste, votaron en contra seis panistas, la mayor parte del PRD y los partidos del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, de izquierda.
Con la aprobación se crean dos leyes, una Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y una del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; además, se reforman más de 10 normas vigentes, entre ellas, la de Derecho de Autor y la de Inversión Extranjera.
Peña Nieto y el PRI afirman que la reforma en telecomunicaciones y su legislación secundaria permitirán impulsar el crecimiento económico, una de las principales metas que el presidente se fijó para su mandato (2012-2018).
El vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, dijo que esta reforma garantiza los derechos de los usuarios y las audiencias.
En conferencia de prensa, Sánchez aseguró que los cambios ayudarán a que haya más jugadores y un árbitro fuerte, por lo que el principal reto será su correcta implantación.
Otros de los beneficios que traerá, dijo el vocero, será generar certeza jurídica y romper las concentraciones del mercado.
En el debate que inició a las 11:40 a.m del martes 8 de julio y culminó 20 horas después.
Durante la sesión del periodo extraordinario, la bancada de los partidos de izquierda —de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano—presentaron casi todas las reservas para encontrarse con una mayoría abrumadora que rechazó todas sus propuestas.
Lo mismo ocurrió con la decena de reservas de diputados de Acción Nacional, pues aunque se sumaron a la fracción del PRI-PVEM en la mayoría de los temas clave —como la defensa del capítulo sobre derechos de las audiencias, las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la preponderancia— en el tema de Retención de Datos, Geolocalización y Bloqueo de Señal presentaron una de las propuesta más polémicas de la sesión.
La diputada del PAN, Beatriz Zavala, reservó los artículos 189 y 190 del capítulo “Colaboración con la Justicia” a nombre de su grupo parlamentario, pero también del PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
“Estas reservas tienen como objetivo impedir disposiciones legales que pretenden violar la privacidad que tienen los ciudadanos, atentar contra sus derechos humanos y la libertad de expresión. En el proyecto se propone que toda comunicación de los ciudadanos va a ser guardada: lo que se habla, lo que se manda en mensajes de texto, lo que se ve en Internet, toda la comunicación de los ciudadanos y de manera masiva”, explicó la panista.
Zavala se refirió a lo que llamó violaciones al derecho a la privacidad por la Retención de Datos hasta por 24 meses que se incluye en la ley y la creación de una base de datos para acceder a ellos sin orden judicial; así como a la posibilidad de que la autoridad competente solicite la geolocalización de los dispositivos móviles para conocer patrones de comportamiento de los usuarios en tiempo real.
“Haremos una reserva clara y acorde con el derecho para que estos procedimientos de vigilancia sean la excepción y no la regla, para que la retención de datos sea un proceso ciudadano y siempre tras una autorización judicial federal. Que los concesionarios solamente deban conservar los datos de tráfico de comunicación que sean necesarios para prestar el servicio.
“Es falso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya validado esta disposición, pues al resolver las acciones de inconstitucionalidad las disposiciones no contemplaban la geolocalización por parte de instancias seguridad nacional, si no que se acotaba para delitos de especial gravedad”, dijo la diputada del PAN para responder a los defensores del artículo que permite esta medida.
Poco antes de las 07:00 de la mañana, el senador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, subió a la tribuna para presentar sus últimas reservas y criticar la “sesión maratónica” que se vivió en la Cámara de Diputados sin la discusión de las propuestas.
Durante la sesión también se planteó la posibilidad de recurrir a un recurso de inconstitucionalidad. La diputada del PRD, Amalia García, dijo que la discusión que desahogó el Legislativo se definirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En ese sentido, la panista Rocío Reza, confirmó que su partido interpondrá un recurso de inconstitucionalidad para algunas de las premisas de la legislación aprobada, sobre todo por la Retención de Datos.
El artículo 105 de la Constitución indica que los legisladores podrán impulsar una acción de inconstitucionalidad cuando se cuente con el apoyo del 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión.
Para el caso de Diputados, se requiere que al menos 167 apoyen el recurso, pero en la votación en lo general de este martes para la legislación reglamentaria en materia de telecomunicaciones, sólo 129 diputados votaron en contra.
Con información de CNNMéxico y Sin Embargo.