Guerra revisará legalidad de inhabilitación a Galicia

El diputado por el PRI, Braulio Guerra Urbiola, espera que la resolución de inhabilitación emitida en contra del ex edil de El Marqués, Rubén Galicia, este dentro de la legalidad con objetividad y certeza jurídica, además de que no cuente con tonalidades ni modalidades de tintes políticos.

“Los que están relacionados con este tema seguramente tendrán su análisis jurídicos para poder hacer una valoración legal si se encuentra en las facultades  la contraloría. Lo que  a mí me queda claro es que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos dice que los presidentes municipales y síndicos regidores serán sancionados por la legislatura, y los funcionarios derivados son sancionados por el contralor interno”, explicó.

En entrevista, enfatizó que a la persona que se le inhabilito por cinco años ya no es presidente municipal; por lo cual, el también ex dirigente estatal del partido tricolor señaló que existe un sesgo de interpretación, en el cual deben ser respetuosos del marco legal del estado;  así como los que se encuentran sujetos a este asunto, utilicen las herramientas que están a su disposición para analizar el tema.

El legislador añadió que harán un análisis como fracción partidista una vez que tengan los fundamentos y la resolución en sus manos, esto con la intención de dar una opinión en ese sentido.

“Lo que sí es un hecho, es que la Legislatura, la Ley de Responsabilidades, y la constitución local son los que otorgan la facultad para sancionar a presidentes municipales y regidores síndicos. El debate es que si el hecho de que ya no sea presidente municipal es lo que abre una ventana jurídica. Implicaría que el municipio de Querétaro pudiera inhabilitar a sus ex presidentes municipales o a sus funcionarios salientes, es decir se abriría una puerta que no se ha abierto nunca”, puntualizó.

Guerra Urbiola reiteró que van a revisar jurídicamente cuál es el fundamento que están encontrando en El Marqués, para lo cual serán respetuosos del marco de la ley y de las resoluciones jurídicas que se den, siempre y cuando estén fundadas y motivadas, además de que no se violen las garantías de ser oído y vencido a ninguna persona, independientemente de las consideraciones de fondo que haga la contraloría.