Va Alejandro Cano por autonomía plena de la CEDHQ
Presentará reforma para garantizar su desapego del Poder Ejecutivo estatal
El diputado local Alejandro Cano Alcalá, quien preside la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública, prepara una reforma a la constitución local para dotar de autonomía plena a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQ).
Miguel Nava Alvarado, presidente de la CEDHQ, ya ha manifestado en anteriores ocasiones su inconformidad por la imposibilidad del organismo de funcionar al margen del Poder Ejecutivo del Estado y con la propuesta del legislador panista estaría cumpliéndose su deseo.
“Es el tema de la autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aquí es muy importante que entendamos por autonomía una independencia total, hoy la nómina de la Comisión se la maquila el poder Ejecutivo, los muebles donde se sienta el titular son del Poder Ejecutivo”, puntualizó.
Cano Alcalá señaló que actualmente el Poder Ejecutivo estatal maneja la nómina de la CEDHQ y buena parte del mobiliario, así como los vehículos que tiene a su disposición, no son de su propiedad sino del gobierno estatal, por lo que la idea es que el presupuesto sea entregado en una sola exhibición al principio del año.
Las reformas serían a los artículos 2, 4 y el 33 en su apartado A, y también incluye temas de educación en Derechos Humanos.
“Tenemos un rezago fuerte y es parte de la reforma en materia educativa porque casi nadie a leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ojalá nuestros niños de tercero y cuarto de primaria supieran que existe una declaración internacional de derechos humanos y segundo, conocer cuál es el contenido de la misma. Los derechos humanos nos llevan a respetarnos los unos a los otros, entonces si conocemos nuestros derechos va a evitar que haya delincuentes porque tan solo el respeto a la propiedad privada es parte del respeto a los derechos de cada persona”, expuso.
El legislador dijo que también se buscaría garantizar el principio pro persona en Querétaro, que quiere decir que siempre debe predominar la ley que beneficie más al ciudadano, algo que no se logra en el estado.
Por ejemplo, en el tema del arraigo con el cual se deja de lado el principio de la presunción de inocencia y es posible privar de la libertad a un presunto culpable por más de 40 días mientras se realizan las investigaciones.