Prohibición de cigarrillos electrónicos y vapeadores, ¿solución o sanción excesiva?

Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en el que se realiza la reforma de diversas disposiciones a la Ley General de Salud. Dichas modificaciones son resultado de la iniciativa presentada previamente por la presidenta de la República.

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma, consiste en lo relacionado a los cigarrillos electrónicos y vapeadores, ya que prohíbe “en todo el territorio nacional la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”; definiendo además, de manera clara y precisa, qué se considera similar a estos aparatos. 

La iniciativa y el dictamen respectivo generó una importante discusión entre nuestros representantes, ya que el objetivo de esta es sancionar, con penas privativas de libertad y multas importantes, cualquier conducta que vincule a dichos dispositivos, desde “la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro”.

Ahora, se deberá analizar si la normativa aprobada logrará que exista una disminución en el uso de estos aparatos, ya que se debe reconocer el aumento en el consumo de estos como consecuencia de la publicidad de ser menos dañinos que un cigarrillo, cuando se ha comprobado que se genera un daño importante en la salud por los ingredientes que contiene, o por otro lado, si se aumentará la venta y distribución ilegal. 

Como sociedad, debemos de plantearnos en qué debemos enfocarnos, es importante educar e informar sobre los riesgos de uso de cigarrillos tradicionales o electrónicos y al mismo tiempo, exigir a nuestro gobierno el planteamiento de una política pública que impulse actividades que disminuyan su consumo, para que con ello se evite un mercado no regulado. 

Mtra. G. Cecilia García Palacios. Directora de Programa de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro