Pandora Papers y sus riesgos político-sociales

Por Joel Angel Bravo Anduaga,

Profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. jabravoa@tec.mx

Twitter: @bravojoelangel

Aún por conocer los efectos que tendrá en varias partes del mundo la filtración de millones de documentos que mediáticamente se señalan como “Papeles de Pandora” (Pandora Papers), se comparten las siguientes opiniones y reflexiones. La investigación hecha por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), de inicio muestra el uso de “alternativas” para ocultar riqueza a fin de no pagar impuestos. Para ello, se recurre a territorios offshore o, lo que es lo mismo, sedes en otros países, en donde existen facilidades para crear empresas; las leyes no permiten una fácil identificación de los dueños de las mismas y los impuestos a pagar son muy bajos o, incluso, nulos.

Cabe aclarar que esta práctica usa los vacíos legales que posibilitan evitar el pago de impuestos al trasladar dinero o establecer empresas en esos territorios offshore o paraísos fiscales, por lo que la reflexión no estaría en la ruta de si es un delito o no, sino en los aspectos éticos y consecuencias socioeconómicas que el abuso de estas prácticas conlleva, pues no hay que perder de vista razones legítimas de protección de patrimonios por la delincuencia o gobiernos inestables, por ejemplo. El problema estaría en el abuso y la creciente red que permite la movilidad de recursos financieros y activos para ocultar dinero que no siempre tiene un origen transparente.

Pero, ¿de qué manera puede afectar el abuso de estas prácticas a un Estado? Son varios sus costos, por ejemplo, se disminuye la riqueza nacional, se disuade la inversión y se genera un daño en el desarrollo económico del país. De igual forma, con el tiempo las instituciones pierden legitimidad y, por ende, dificultan la gobernabilidad, lo que deviene en prácticas no democráticas y un debilitamiento del estado de derecho. Lo paradójico es que con la filtración de los Pandora Papers, como en su momento fueron los Panama Papers, se hace evidente que las y los individuos que tienen el poder de disminuir esas prácticas de ocultamiento y desviación de recursos y activos, son los que hacen el mayor uso de las mismas, por lo que no tendrían razón de limitarlas y de ninguna manera impedirlas.

Los riesgos para las sociedades de todos los países son altos. Con el fin de ejemplificar más estos riesgos, es útil recurrir a la información que proporciona Transparencia Internacional, una organización autodenominada como un movimiento global que construye un índice de transparencia a nivel internacional, el cual clasifica a 180 países de acuerdo a diferentes criterios, la mayoría de ellos relacionados a prácticas no transparentes de los sectores público y empresarial.

En el 2020, México ocupó el lugar 124 de los 180 países monitoreados, muy lejos de los cinco estados que encabezan la lista (Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Suiza y Singapur) y mucho más cerca de los que están al final del listado (Somalia, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Venezuela). De tal suerte, y tomando en cuenta el indicador antes citado, nuestro país está más cerca de un futuro distópico; es decir, más próximo a una sociedad hipotética indeseable, en donde prevalezca la ley del más fuerte, con violencia incontrolable y con un Estado débil e incluso sin posibilidades de ejercer un mínimo control en su territorio.

Habría que mirar más hacia arriba que hacia abajo. Existen evidencias de que los países que tienen más éxito con el control de la corrupción, la cual es una de las principales causas de ocultamiento y desviación de recursos, muestran niveles más altos de innovación, ya que se despliega todo el potencial del sector productivo. Si disminuyeran las prácticas denunciadas por los Pandora Papers, se tendrían más recursos para proporcionar un mayor acceso a servicios públicos de mejor calidad y con amplia incidencia en la población. Es cierto que es una cuestión ética, pero también tiene que ver con una mejora sustancial en la eficacia y eficiencia por parte del Estado. La secrecía no es mala, incluso en determinados contextos es necesaria, pero el abuso de ella distorsiona el funcionamiento de una sociedad, con consecuencias muy peligrosas para la gobernabilidad de los estados y para la sociedad en general a nivel global.