Misión Cuidar Querétaro

En una democracia, las reglas deben ser iguales para todos, especialmente para quienes ejercen el poder. Por eso resulta profundamente contradictorio que Morena pretenda convertir al Estado en árbitro de lo que periodistas, comunicadores y medios pueden decir, bajo el argumento de combatir la desinformación, mientras busca mantener a la conferencia mañanera fuera de cualquier mecanismo de responsabilidad. Si el gobierno quiere establecer reglas para verificar, rectificar y garantizar el derecho de réplica, entonces el primero en cumplirlas debe ser el propio gobierno.

Po ello desde Acción Nacional hemos planteado algo que se mida con la misma vara para todos y las “mañaneras” acaten esta misma dinámica, no estamos diciendo que se cancelen, ni queremos impedir que la presidenta Claudia Sheinbaum exprese sus opiniones o defienda las decisiones de su gobierno. Lo que cuestionamos es que una tribuna financiada con recursos públicos pueda utilizarse para señalar, acusar o descalificar a ciudadanos, periodistas, empresarios, organizaciones u opositores sin que exista la obligación de sustentar lo dicho ni la posibilidad de responder en condiciones de igualdad.

La libertad de expresión es un derecho que debemos defender siempre, pero el poder público también tiene una responsabilidad mayor sobre la información que comunica. Una conferencia presidencial no puede convertirse en un tribunal político donde primero se acusa, después se sentencia mediáticamente y nunca se concede derecho de defensa; por eso si desde Palacio Nacional se presenta una acusación como un hecho, debe poder demostrarse; si se difunde información incorrecta, debe corregirse; y si se señala directamente a una persona, debe garantizarse su derecho de réplica en el mismo espacio y con condiciones equivalentes.

Ahí está precisamente la gran contradicción de Morena, quieren facultades para determinar cuándo lo que publican los medios es falso, está descontextualizado o debe ser rectificado, pero rechazan cualquier mecanismo que obligue al gobierno a responder por sus propias afirmaciones; quieren vigilar a quienes cuestionan al poder, pero no quieren que nadie cuestione al poder. Esa doble moral no fortalece nuestra democracia, por el contrario, abre la puerta a la censura, al control de la conversación pública y a un ejercicio gubernamental cada vez menos dispuesto a rendir cuentas.

En Acción Nacional vamos a seguir defendiendo una democracia donde nadie esté por encima de la ley, mucho menos quienes gobiernan. La regla tendría que ser tan clara como elemental: si acusa, que pruebe; si miente, que corrija; si señala, que permita responder. México necesita un gobierno dispuesto a rendir cuentas, no uno que pretenda vigilar a toda la sociedad mientras convierte su propia tribuna en territorio de impunidad política.