Los olvidados

“Recorren por el camino, las historias de todos nosotros,

migrantes metafóricos en ésta vida. Pero

también, las de quiénes enfrentan en cuerpo

y alma los solitarios senderos, el óxido de los

ferrocarriles y algunas veces, la muerte anónima

por alcanzar un sueño; la felicidad”

El pasado viernes se conmemoró un año más del Día Internacional del Migrante, proclamado por la resolución 55/93 de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre del 2000. El Secretario General de dicho Organismo Internacional, Ban Ki-moon, destacó que “2015 se recordará como un año de sufrimiento humano y tragedias migratorias. En los 12 meses pasados, más de 5.000 mujeres, hombres y niños han perdido la vida en busca de protección y de una vida mejor. Decenas de millares más han sido objeto de explotación y de abusos cometidos por traficantes de personas…”

La migración encuentra su origen en la inestabilidad política, crisis económicas recurrentes, salarios desiguales, escasas oportunidades laborales, así como exclusión de participar en la cultura y democracia de los países de origen. Buscar mejores oportunidades de desarrollo, tranquilidad, disfrutar del derecho a la paz y huir de situaciones de extrema violencia o pobreza, se torna al mismo tiempo, en un desafío para la reorganización familiar que deben enfrentar miles de personas en América Latina y que obliga a deshacer vínculos afectivos y estructurales. Discriminación racial, no inclusión social e incertidumbre jurídica, son parte de la vida diaria de un migrante.

En México la complejidad aumenta puesto que es un país que genera personas migrantes de origen, tránsito, destino y retorno. La postura gubernamental, apoyada e impulsada por los Estados Unidos de Norteamérica, ha sido definir los ejes de la política migratoria sobre el control fronterizo y la seguridad nacional, que se ha mostrado a todas luces ineficaz.

La situación de vulnerabilidad de las y los migrantes es generalmente extrema, especialmente la que se encuentra en tránsito. Con el crecimiento de las redes del crimen organizado mundial, los grupos de migrantes irregulares se han convertido en el blanco perfecto de sus ataques, debido a la precaria situación en la que emprenden el viaje; convirtiéndose en víctimas de trata y tráfico de personas, así como de secuestro, abuso sexual, extorsión y homicidio.

Las y los migrantes en tránsito en situación irregular provienen en su mayoría de la región de Centroamérica, según datos de la Secretaría de Gobernación; 150 mil personas ingresan anualmente al país con la finalidad de llegar a la frontera con Estados Unidos, cifra que asciende hasta 400 mil de acuerdo con Organismos de la Sociedad Civil. Pero la especial atención que debemos prestar a este grupo no se debe al incremento o disminución de los números en las estadísticas, sino en la gravedad de las violaciones a sus Derechos Humanos; ante la indiferencia de autoridades y sociedad.

Las cifras son alarmantes, tan solo en 2009 se privó de la libertad a 9,758 personas migrantes, de las cuales el 55% fueron capturadas en el sur del país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México publicó en Febrero de 2011 el “Informe Especial Sobre Secuestro de Migrantes en México” en el que reportó tan sólo en un período de seis meses durante el 2010, 11,333 eventos de secuestro; que en su mayoría sucedieron en los estados de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luís Potosí y Chiapas, lo que representa el corredor más peligroso en el mundo para los flujos migratorios. Pero de ello se habla poco.

Sin embargo, existen quienes son más vulnerables entre los vulnerables, invisibles entre los olvidados. De acuerdo a cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), hay cinco millones de niños y niñas latinoamericanos que solos o acompañados viven como migrantes en situaciones terriblemente complejas para su edad y que impiden el pleno desarrollo al que tienen derecho.

No fue sino hasta el año pasado que el Presidente de los EEUU, Barack Obama, reconoció la dimensión de la crisis humanitaria que se subió el tema a la agenda internacional. Más de 50,000 menores no acompañados provenientes de México y Centroamérica, que vienen huyendo de situaciones de extrema pobreza y violencia, intentan cruzar anualmente la frontera con el país vecino; quienes en su mayoría son detenidos y deportados a los lugares de origen, convirtiéndose en víctimas de violaciones múltiples a sus derechos y anulando, la posibilidad del futuro.

Otros miles, se encuentran en un limbo jurídico ya que los procesos administrativos no definen su situación jurídica, por lo que están retenidos en centros de custodia sin que se les garantice en la mayoría de las ocasiones, el acceso a la salud, educación y alimentación adecuada. Es el infierno convertido en realidad.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en su Opinión Consultiva 21/2014, sobre los “Derechos y Garantías de Niñas y Niños en el Contexto de la Migración”, que los Estados no pueden recurrir a la privación de la libertad de menores de edad para cautelar los fines en un proceso migratorio y deben disponer de alternativas menos lesivas y proteger de forma prioritaria los derechos de la infancia. Recomendaciones que encuentran oídos sordos entre las y los servidores públicos que deben observar el interés superior de la niñez.

Después de los terribles acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2015 en Iguala, Guerrero, en los que 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada por autoridades municipales y en los que 6 personas perdieron la vida; el país entero se volcó a las calles a protestar, exigiendo legítimamente su presentación con vida. Medios de comunicación nacionales e internacionales se sumaron a la consigna en la búsqueda de justicia.

Conforme “avanzaban” las investigaciones, se descubrieron una tras otra, fosas clandestinas de personas sin nombre, de las que hasta la fecha no tenemos ninguna explicación más que la incapacidad gubernamental para garantizar la seguridad pública y reparar el daño a las víctimas. Con estos cementerios, se empezó a visualizar en la escena nacional el grave problema de las y los desaparecidos, que según las estadísticas oficiales ascienden a más de 26 mil personas. Entre ellas, miles y miles de migrantes, olvidados porque no pertenecen a ningún lugar.

Basta recordar la primera (2010) y segunda (2011) masacre de San Fernando, Tamaulipas, en donde se encontraron al menos 265 cadáveres de migrantes que al día de hoy, no han sido identificados en su mayor parte. Quedando en el anonimato su recuerdo e impidiendo a sus familias conocer su paradero e iniciar el duelo.

Un migrante me explicó que “sobre las vías del ferrocarril todos somos iguales, nadie juzga los motivos, se comparten las esperanzas, las ilusiones y los temores”. Apelando a este espíritu de solidaridad, es necesario que los instrumentos legales que ya han sido adoptados para la protección de las personas migrantes se conviertan en una realidad.

Ser migrante es una condición de la persona que no disminuye o aumenta sus cualidades o capacidades. Es una circunstancia que responde a las necesidades más esenciales del ser humano; el desarrollo, la libertad, esperanza y felicidad. Porque ser un migrante no es un delito, es una lucha por el desarrollo, los propios sueños y el porvenir.