La sociedad no acepta privilegios de las prerrogativas

Legisladores, políticos y partidos políticos han abusado del derecho a recibir dinero público para sufragar gastos de operación de todos los partidos políticos que tienen registro ante el INE. Acto arbitrario de quienes abusan del presupuesto público, siempre ha rechazado la sociedad mexicana; desde siempre ha exigido su derogación.

Sin embargo, con el tiempo los beneficiarios se incrementaron el monto de esos recursos; el mecanismo para su asignación y distribución lo elevaron a nivel constitucional para que no hubiera duda; ahí se encuentran las reglas para la “repartición” del dinero.

Por eso extraña el oportunismo del Presidente de la República, ahora que el INE, una vez más, volvió a mencionar los ofensivos montos a repartir entre los vividores del dinero del pueblo. No podía faltar, que ante el anuncio hecho por el INE, sobre el acuerdo de distribución, se dejara oír (no escuchar) la voz de López Obrador, exhortando a bajar los montos de las cantidades de las prerrogativas.

Por supuesto que el mensaje presidencial conlleva implícita la populista idea de que se sumen a su política de austeridad republicana, cuando “respetuosamente” pide a los partidos accedan a bajarse los montos del dinero a distribuirse y alegremente repartirse.

El origen del financiamiento es relativamente reciente, cuando pretendían impedir que privados aportaran dinero a políticos y a las campañas, lo que hacía depender a los electos de aquellos que les habían dado dinero. Aun recuerdo cuando el mismo PAN, llevaba a cabo rifas de automóviles para acceder a recursos y poder financiarse.

Para evitar el manoseo de voluntades y compromisos inconfesables, se les vino la maravillosa idea a la cabeza de tomar dinero del presupuesto, así evitarían la corrupción. Eso no resolvió el problema, particulares y los mismos gobiernos han seguido inyectando recursos propios a campañas, a financiar a sus candidatos, los que después pagan el favor creando leyes acorde con los intereses de los financiadores, así van desde los consorcios televisivos hasta empresarios comunes para la obra pública.

El dinero sucio sigue llegando a partidos y candidatos, a pesar de los enormes esfuerzos del INE, para fiscalizar el uso del dinero. Y lo más grave, cuando se descubre que hubo financiamiento ajeno a lo establecido en las reglas para el acceso a los recursos públicos y privados, solo se sanciona con multa a los infractores, misma que se paga con el dinero de las prerrogativas. Negocio redondo de políticos.

De ahí el ridículo presidencial y oportunismo de su propuesta. Los medios nacionales, como si fueran nuevos, vuelven a subir la información como algo novedoso, cuando que, cada año se hace más vieja la molestia sin que los políticos hagan nada al respecto. PAN y PRI, siempre habían sido los grandes beneficiarios del recurso, por las enormes cantidades que han recibido. Ahora le corresponde disfrutar a Morena, por el número de votos que recibió en las pasadas elecciones; para este año recibe más de mil 500 millones de pesos, cantidad que se sabía con exactitud desde noviembre pasado, cuando terminó el proceso electoral y el PES perdió el registro. Como si se tratara de algo nuevo, vuelve la información a ser noticia.

Hasta ahora, no forma parte de la agenda legislativa de ningún partido la reducción de los montos, para modificar las reglas de aplicación y distribución. El cinismo es parejo, nadie se salva.

Montada en la ola del cinismo Yeydckol Polevnsky, presidenta de Morena, propuso, incluso, que se rebaje el 75% el monto de las prerrogativas; le sobra desvergüenza a la señora. Y no es precisamente el monto el que resulta ofensivo, son las tramposas y abusivas reglas para fijar esos montos de dinero tan exorbitantes, mismas reglas que adoptaron en los Institutos electorales locales para dar dinero en cada Estado; así que “dobletean” recursos los partidos políticos, reciben del INE y del presupuesto de los Estados, por medio de los Oples.

El artículo 41 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concentra las leoninas reglas de distribución de los dineros. Y cada año se ajustan los montos de acuerdo al valor (antes del salario mínimo) de la Unidad de Medida y Actualización, que viene siendo exactamente lo mismo; así, cada año reciben más y más dinero los partidos políticos. Y no hay instituto político que se resista a recibir semejantes sumas de dinero.

Sin embargo, debiera castigarse a los partidos políticos por no cumplir con las obligaciones mínimas que les impone la Constitución, por tanto reducirles el monto de las prerrogativas, como sanción social, modificando las reglas de aplicación. Por ejemplo, una de las obligaciones inherentes de todos los partidos, es la de promover la participación del pueblo en la vida democrática ¿Qué ha sucedido en la práctica?

Cada vez hay menos participación democrática el día de las elecciones, el abstencionismo le gana a todos los partidos políticos; no cumplen con esa mínima obligación. La sociedad está cansada de la actuación de todos los partidos políticos, de sus políticos, de sus legisladores y demás. Por eso debe ser consecuencia de una sanción la reducción de los partidos políticos. Si así, con todo y abstencionismo reciben miles de millones de pesos, si la sociedad se volcara en las urnas, se volverían multimillonarios todos los funcionarios de los partidos políticos.

Las reglas que ellos mismos impusieron, los legisladores de los partidos, eran previsibles (cada vez más abstención), por eso se adelantaron, incrementando el monto de las Unidades de Medida y Actualización, así, aunque reciban pocos votos, ellos siguen siendo beneficiarios de lo que aprobaron para si. E, insisto, las mismas reglas llevaron a las leyes electorales de todos los estados. Por lo tanto podemos presumir que reciben otro tanto más de lo que les otorga el INE, cada año. Negocio absoluto en agravio del presupuesto público.

No existe hasta ahora ninguna iniciativa de ley de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la materia, ni del mismo Presidente de la República, quien se afana por exhortar a los partidos a que reduzcan el monto de las prerrogativas. Todo es una farsa de los cínicos y en ella participan Morena, PRI, PAN, PRD, PT, Verde y MC ¡Todos! Por supuesto que la estructura electoral es costosísima, nuestra democracia, la más cara del mundo; el esfuerzo recae en el bolsillo de los mexicanos.

Para este año de 2019 se presupuestaron 15 mil, 363 millones, 037 mil, 745 pesos. Otro tanto que se presupuesta en los 32 institutos electorales u Oples; luego entonces hablamos de más de 30 mil millones de pesos y con tantas necesidades insatisfechas y por atender, esa cifra resulta escandalosa, ofensiva, agresiva y humillante. Pero, como son los mismos los que hacen todo, no pasa nada.

Conclusión. Es necesario que la sociedad civil organizada o no, exija la desaparición de los privilegios de partidos políticos, de los mismos políticos y de todos aquellos que viven del perverso sistema electoral inventado para su propio beneficio, por los mismos de siempre. Ellos difícilmente lo harán. No sería entonces, adaptarse a la política de austeridad de López; no, es una exigencia generalizada del pueblo desorganizado.