La polémica de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro

La presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conferencia mañanera del pasado lunes 5 de octubre, le reclamó al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, acerca de la nueva Academia Internacional de Capacitación Policial, en donde el embajador de Estados Unidos de América en México, Ronald Johnson, colocó la primera piedra del proyecto.

La presidenta argumentó que el gobierno estatal no cuenta con las facultades necesarias para una iniciativa de esta magnitud, además de haber señalado que no hay autorización alguna por parte del gobierno federal, porque cualquier intento de cooperación internacional en materia de seguridad nacional debe pasar por los canales adecuados de la Federación.

Ante esta reprimenda, el gobierno estatal publicó un oficio enviado, desde el año anterior, al Secretario de Relaciones Exteriores para demostrar que la Cancillería estaba al tanto de la participación del embajador estadounidense en dicho evento.

Después de esto, la presidenta Sheinbaum alegó que el aviso no significaba necesariamente autorización o la obtención de algún permiso. Además, aquella enfatizó que la persecución de delitos graves del fuero federal y delincuencia organizada es una facultad de la Federación que no se delega a las entidades federativas.

Desde el punto de vista jurídico, la actuación del Poder Ejecutivo Local de Querétaro no ha ido en contra de la Constitución Federal, debido a que el fundamento legal de esta nueva Academia se encuentra en los acuerdos interinstitucionales, previstos en la Ley sobre la celebración de Tratados, los cuales consisten en ser convenios escritos que celebran una dependencia de la administración pública – federal, estatal o municipal – con uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.

Estos acuerdos tienen un alcance limitado que no requieren autorización del Senado, ni tampoco comprometen al Estado Mexicano en el panorama del derecho internacional público. El único requisito o exigencia consiste en que las dependencias locales solo informen a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre los acuerdos que se pretendan celebrar.

Como podemos observar, esta problemática no es jurídica, sino más bien todo esto amerita una lectura política, debido a que el reclamo de la presidenta Sheinbaum se enfoca en las raíces históricas de nuestro presidencialismo fuerte. Nos percatamos que la presidenta no tenía conocimiento alguno al respecto de este tema y no le parecieron las formas que adoptó el gobernador Kuri. Al ser un evento tan relevante para la situación crítica de seguridad que atraviesa nuestro país, la presidenta requería haber sido consultada e incluso me atrevería a opinar que hubiese sido invitada a dicho acontecimiento.

Por último, existe una interpretación política adicional que dejo en estos renglones. Las experiencias presidencialistas latinoamericanas nos muestran que estos proyectos que buscan garantizar el combate directo a los grupos criminales pueden traducirse en un fortalecimiento de alguna dependencia estatal que desequilibre las fuerzas políticas al interior del país y ponga en constante alarma al Poder Ejecutivo Federal.

No se preocupe presidenta, el Papa León XIV seguramente visitará nuestro país el próximo año, curiosamente en un 2027 que cuenta con elecciones intermedias e importantes para MORENA.

Humberto Pineda Acevedo, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey Campus Querétaro. Correo electrónico: [email protected]

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