El secreto se vuelve costumbre

Hay silencios que pesan más que las palabras. El del Tren Interoceánico es uno de ellos. En febrero de 2026, se decidió reservar por cinco años los detalles técnicos de los vagones y los reportes del accidente del 28 de diciembre de 2025 en la Línea Z, donde murieron catorce personas y un centenar resultaron heridas. La razón oficial: seguridad nacional. Cinco años de sigilo para un tren que debía unir dos océanos, pero que hoy parece más bien unir dos orillas del Estado: la de la obra pública monumental y la del silencio institucional.

La clasificación de la información no es, por sí misma, un acto ilegal o necesariamente ilegítimo. La Ley General de Transparencia permite reservar datos por motivos de seguridad nacional o para proteger investigaciones en curso. Pero hay un límite borroso entre la prudencia y la opacidad. Cuando un proyecto que consume miles de millones de pesos públicos se oculta tras un candado de cinco años, la frontera entre proteger y encubrir se vuelve inquietantemente delgada.

Desde el inicio del pasado sexenio, la administración de la 4T ha hecho de la “seguridad nacional” un blindaje retórico. El concepto se ha convertido en llave maestra que abre, o más bien cierra, cualquier puerta incómoda: el Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA, los contratos de vacunas, incluso la protección de la familia presidencial. Todo, o casi todo, ha sido declarado estratégico, y por tanto secreto. No hay gobierno que no reserve información; lo distintivo de éste es la magnitud y la sistematicidad con que lo hace. El secreto se ha institucionalizado.

En el caso del Tren Interoceánico, el argumento oficial es que difundir las fichas técnicas, los manuales o los modelos de los vagones podría facilitar sabotajes o robos de piezas. Es cierto que los trenes son infraestructura crítica, y que los accidentes pueden ser aprovechados políticamente. Pero la opacidad rara vez protege: suele corroer la confianza y alimentar la sospecha. Si lo que se busca es evitar el uso político del accidente, nada alimenta más ese riesgo que negar la información.

México ha construido su arquitectura de transparencia a base de golpes. Cada tragedia, Ayotzinapa, Tlahuelilpan, Rébsamen, nos enseñó que cuando el Estado se reserva, las víctimas quedan sin verdad. La transparencia no es curiosidad ciudadana, es un derecho que sana. En ese sentido, reservar por cinco años los reportes del descarrilamiento es una forma de posponer la reparación del daño: privar a las víctimas y a la sociedad de la posibilidad de entender qué falló, quién era responsable y cómo evitarlo de nuevo.

El discurso de la seguridad nacional se ha expandido tanto que ya es un terreno sin fronteras. Hoy cabe en él todo lo que toque los grandes símbolos de la llamada Cuarta Transformación. Pero cuanto más se extiende, más se diluye su significado. ¿Es realmente un asunto de seguridad nacional conocer el modelo de un vagón fabricado en Europa o China? ¿O el problema es que ese dato podría llevarnos hasta un contrato inflado, un proveedor improvisado o una falla técnica que alguien prefirió no documentar?

El secreto, en democracia, siempre reclama una fecha de caducidad, y en teoría aquí la hay: 2031. Pero el plazo “revisable” suele ser una ficción administrativa; pocos expedientes se abren antes de tiempo. En cinco años, los responsables actuales ya no ocuparán los mismos cargos, la atención mediática se habrá disuelto, y los informes que hoy se reservan perderán su poder político. La transparencia diferida, en estos casos, es casi lo mismo que la ausencia de transparencia.

El Tren Interoceánico se presentó como el renacimiento del Istmo, una promesa de conexión entre dos mares y dos economías. Pero ninguna infraestructura se sostiene solo sobre acero y concreto. La credibilidad también es un puente, y la transparencia su material de apoyo. En la política mexicana, la obra pública ha sido históricamente el territorio del secreto: lo fueron las presas, las refinerías, los aeropuertos, ahora los trenes. Lo que cambia es la justificación. Antes se hablaba de modernidad; hoy se habla de seguridad. Pero el resultado es el mismo: ciudadanos que miran un muro donde debería haber ventanas.

El mayor riesgo de normalizar la reserva no es solo la falta de acceso a los documentos, sino el hábito que deja. Cuando el secreto se vuelve costumbre, el Estado se acostumbra también a no rendir cuentas, y la ciudadanía a no pedirlas. Si de verdad el Tren Interoceánico aspira a unir regiones y reactivar economías marginadas, su legitimidad no puede viajar encerrada en un sobre cerrado por decreto hasta 2031. Los trenes, después de todo, se construyen para moverse. La información también.