El asunto de los nombres en las notas de seguridad y justicia

El debate sobre decir o no los nombres de las personas que están involucradas en hechos de seguridad y que están envueltos en procesos judiciales se ha hecho común en los últimos días en Querétaro, sobre todo después del intento de asesinato que sufriera el hijo de un empresario cuando salía de la Plaza Comercial Antea.

Ahora, con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, se considera que es necesario reservar los nombres de las personas acusadas, hasta en tanto la justicia no determine si el probable responsable efectivamente cometió un delito, o no.

Por otra parte, como parte de una política de protección a las víctimas, de respeto y defensa a sus derechos humanos, también se promueve en la nueva legislación la secrecía de los datos personales de estas, sobre todo si hacen expreso el deseo de que sus identidades se mantengan en reserva.

Ante esta disyuntiva, ¿qué deben hacer los medios?

Primero que nada, reflexionarlo. En el periodismo queretano no tenemos la cultura de sentarnos a pensar por qué hacemos lo que hacemos, o las consecuencias positivas o negativas que publicar o no hacerlo implica. Usualmente lo que mueve a todas las redacciones es el principio de la inmediatez; ser el primero en decirlo, y poco más.

Así que, para variar, resulta refrescante que en estos últimos días los medios reflexionen sobre su labor.

Luego, ¿coarta la libertad de prensa la reserva de los nombres de las personas que están involucradas? Aquí hago un paréntesis para compartir mi opinión personal, con el ánimo de aportar mi granito al debate como parte de la comunidad periodística de Querétaro.

Creo que es relativo. Solemos en el periodismo perder de vista que lo que publicamos afecta, y generalmente rehuimos a esa responsabilidad. ¿Por qué no deberíamos publicar el nombre de una persona indiciada en un proceso judicial? Por la famosa presunción de inocencia. Y no es poca cosa; si en los medios publicamos que tal persona es acusada de robo, por más que usemos la palabra “presuntamente”, aún si fuera exonerado posteriormente, le sería difícil quitarse ese estigma de encima. ¿Eso es justo? Por supuesto que no.

Y en el caso de las víctimas, si esta considera que no le es positivo que de manera pública se sepa que se cometió un delito en su contra, ¿el periodismo tiene derecho a revictimizarlo publicando santo y seña sobre él? Evidentemente no.

Pero estas son reflexiones éticas. El periodismo no está para torcer la ley, pero sí que debe actuar a pesar de la ley si considera que esta coarta, de manera injustificada, su libertad de prensa.

Si un medio debe publicar o no los nombres de las personas que están involucradas en un proceso judicial, ya sea como presuntos responsables o como víctimas, debería partir de la reflexión ética del alcance que pudiera tener publicar esta información.

¿Aporta en algo que mis lectores sepan el nombre de un presunto responsable de un delito a pesar de que todavía no se tenga la certeza de que lo cometió? ¿El valor periodístico de dar a conocer el nombre de una víctima, a pesar de que esta expresamente pidió no ser referida, es tal como para ir en contra de su voluntad, considerando su vulnerabilidad en su calidad de víctima?

Si la respuesta es sí, entonces creo que vale la pena asumir la decisión de publicarlo. Pero debe partir de una reflexión, y no de la irresponsable actitud del periodista intocable que básicamente puede hacer lo que quiera.

Al final del día, la responsabilidad no es con el gobierno, sino con la sociedad. Y de la sociedad también forman parte los presuntos culpables y las víctimas, que esperan de los medios una actuación responsable, sensible y generosa con sus problemáticas.

Tener desencuentros con la ley o con el gobierno en turno es, muchas veces, el costo de hacer buen periodismo, ese que busca decir lo que los poderosos no quieren que se diga. ¿Pero tener desencuentros con la ley es, necesariamente, símbolo de buen periodismo? Eso sí no, y es ahí donde cabe la reflexión.