Colombia en la encrucijada

Por Miguel Paradela López,

Profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. miguel.paradela@tec.mx

Twitter @LopezParadela

El pasado martes el Presidente de la República de Colombia, Iván Duque, sancionó la Ley de Inversión Social, una nueva reforma tributaria que busca resolver el grave déficit fiscal que actualmente padece el país, a la vez que financiar programas de apoyo a los colectivos más perjudicados por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, lo que para la mayoría de los países constituye un fenómeno ordinario, típico de cualquier democracia, en Colombia ha generado una creciente ola de expectación y temor.

Meses atrás, cuando Iván Duque presentó la anterior propuesta de reforma tributaria, la magnitud de la respuesta social supuso para el país una de las mayores olas de protesta y movilización de su historia reciente. En el contexto del confinamiento, la reforma tributaria, que amenazaba con castigar aún más a las clases medias y bajas a través de incrementos de impuestos indirectos y del impuesto a la renta, actuó como catalizador del descontentó social, aunando movimientos sociales, agrupaciones indígenas y otros sectores de la sociedad civil.

Para comprender el impacto que tuvieron la pandemia y el confinamiento en la sociedad colombiana puede acudirse a los datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el cual reportó que, entre 2019 y 2020, se elevó el desempleo del 10,5 al 15,9 por ciento, hubo un incremento de la pobreza monetaria (ingresos menores a 89,70 USD mensuales aprox.) del 35,7 por ciento al 42,5 por ciento, así como de la pobreza extrema (ingresos menores a 39,2 USD mensuales aprox.) del 9,6 por ciento al 15,2 por ciento. Adicionalmente, los resultados del Coeficiente de Gini también experimentaron un notable incremento en este periodo, pasando del 0,526 al 0,544, lo que señala un aumento significativo de la desigualdad del país a través de la concentración de los ingresos en los estratos superiores –tendencia que, por otra parte, ya podía detectarse desde 2017.

A pesar de todo esto, el estallido del pasado mes de abril no puede explicarse únicamente desde una óptica económica, puesto que, de acuerdo con los datos del último reporte del prestigioso Varieties of Democracy Institute, Colombia acumula tres años de constante deterioro en el carácter democrático del país, especialmente en los índices correspondientes a la democracia deliberativa (Deliberative Democracy Index) y la democracia igualitaria (Egalitarian Democracy Index). Por todo ello, la crisis del país no se circunscribe al ámbito económico, sino que también hunde sus raíces en un creciente debilitamiento de las instituciones democráticas nacionales.

Sin embargo, aunque estas protestas destacaron por su intensidad y duración, sin duda serán especialmente recordadas por lo extremo de la respuesta gubernamental: existen indicios sustentados de decenas de muertes –oficialmente 29, aunque ONGs y entidades elevan esta cifra en varias decenas más–, actos de tortura, delitos sexuales y detenciones ilegales por parte de las autoridades colombianas.

De especial importancia fueron las acusaciones de connivencia de los cuerpos de seguridad con grupos de civiles armados que atacaron en reiteradas ocasiones a las marchas y manifestaciones, cuestión que todavía sigue en proceso de investigación. Todo ello ha ocasionado el deterioro generalizado de la opinión pública en el exterior, llegando Colombia a ser urgida por las Naciones Unidas a detener la escalada de violencia, recibiendo la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso siendo objeto de una denuncia ante la Corte Penal Internacional.

Desde una óptica política, la inestabilidad derivada de las manifestaciones y de la represión gubernamental ha llevado a que el país se encuentre actualmente sumido en una grave crisis de representación, lo que es particularmente alarmante dada la cercanía de las próximas elecciones presidenciales de 2022. Como resultado, a fecha de publicación de este artículo, son más de 30 candidatos quienes se han posicionado como aspirantes a la Presidencia de la República, sin que ninguno de ellos se evidencie como claro favorito.

Por un lado, el gobierno deberá afrontar una creciente deslegitimación, que ha incluido la retirada de la reforma tributaria y de la salud, así como la renuncia de varios altos cargos, como el Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y la Canciller Claudia Blum.

De hecho, lo delicado de la situación ha llevado incluso al cuestionamiento del proyecto Uribista, que ya en 2019 fue incapaz de alcanzar la victoria en departamentos y alcaldías clave del país, como Bogotá, Medellín o Cali. Así, la reforma actual ha sido percibida como un intento de recuperar parte del apoyo social perdido a través de un incremento moderado de los impuestos a empresas y sector financiero, así como la implementación de un programa de Ingreso Solidario.

En este sentido, al momento actual parece que dentro de la candidatura de Centro Democrático comienzan a perfilarse la Senadora María Fernanda Cabal y del ex-Ministro de Hacienda y candidato presidencial en 2014 Óscar Iván Zuluaga, quienes, si bien parecen estar movilizando sectores relevantes del voto conservador, destacan por numerosas declaraciones polémicas o incluso por acusaciones de corrupción, algunas de ellas relacionadas con el famoso Caso Odebrecht. Por tanto, no pueden descartarse cambios de profundidad en los próximos meses que incluyan la retirada de candidatos en liza o el acuerdo con partidos políticos cercanos como el Partido Conservador o Cambio Radical.

Por otro lado, la oposición padece la histórica fragmentación que amenaza con facilitar la continuación del proyecto uribista, que desde 2002 ha sido la fuerza dominante tanto en elecciones legislativas como presidenciales –bien a través del Partido de la U o, tras el enfrentamiento entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, mediante Centro Democrático. Gustavo Petro, quien actualmente lidera las encuestas a las elecciones de 2022, ha tratado de consolidar el llamado Pacto Histórico, una alianza de fuerzas de centro izquierda dirigida a construir un frente común opuesto a la candidatura oficialista.

Si bien hasta el momento cuenta con figuras relevantes de la esfera política nacional, como Iván Cepeda, Clara López o Francia Márquez –quien cuenta con fuerte apoyo dentro del partido feminista Estamos Listas–, el rol protagónico que parece desarrollar Gustavo Petro, unido a su figura marcadamente polarizadora, puede limitar las posibilidades de extender el acuerdo a sectores más moderados.

A la vez, no son pocos los candidatos que han decidido emprender campañas a la presidencia de manera ajena al Pacto Histórico. En este sentido, caben destacar las figuras de políticos de primer orden como son Sergio Fajardo, candidato en 2016; Juan Manuel Galán, hijo del asesinado líder liberal Luis Carlos Galán; Alejandro Gaviria, rector de la prestigiosa Universidad de los Andes y Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín.

No obstante, son las candidaturas de Fajardo y Gaviria las que más están atrayendo el foco de atención. Con respecto a la primera, Fajardo destaca por ser un candidato con probada capacidad para movilizar voto, como ya hizo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2018. Sin embargo, su candidatura es un elemento desestabilizador que amenaza con repetir el resultado de 2018, cuando la incapacidad que hubo entre Fajardo y Petro para establecer una alianza en segunda vuelta terminó por facilitar la victoria de Iván Duque. Con respecto a Alejandro Gaviria, si bien todavía no destaca en intención de voto (se encuentra actualmente en un 3 por ciento), cuenta con varios elementos que probablemente le lleven a incrementar sus posibilidades en los siguientes meses: probada experiencia política como Ministro de Salud y Protección Social, un rol académico con cierto carácter anti-establishment y un fuerte apoyo entre la población joven.

Por todo ello, Colombia se dirige hacia las elecciones de 2022 en un clima de gran incertidumbre por el futuro del país. Incluso si el uribismo es capaz de unir sus bases con una candidatura fuerte que agrupe al voto conservador, continuaría con los desafíos del creciente descontento social, el empobrecimiento de la población y la inevitable judicialización de los excesos del gobierno en la represión de las pasadas protestas.

Del mismo modo, el bloque opositor tiene ante sí la difícil tarea de reducir su fragmentación y forjar un bloque de centro-izquierda que evite una derrota en segunda vuelta. Sin embargo, incluso si así fuera, esta alianza deberá afrontar el alto incremento en pobreza y desigualdad de los últimos años, asumir las reformas institucionales demandadas por las protestas y abordar las problemáticas históricas de violencia e inseguridad.