Ciudadanía a la mexicana

El 2015 estuvo marcado por la elección intermedia más competitiva de las últimas décadas. Los mexicanos vivimos expuestos a campañas electorales, ponderamos las propuestas de los candidatos y elegimos a quienes conformarán el Congreso federal; en lo local, nueve gobernadores, y un sin fin de presidentes municipales y congresos locales. Esta decisión, que no es trivial, me lleva a la reflexión y al análisis sobre los rasgos de la cultura cívica que priva en el país en esta coyuntura.

En México, de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Segob, 2012): 5 de cada 10 encuestados asocian el término ciudadanía con “tener derechos y obligaciones”; aproximadamente, 1 de cada 8 entrevistados, liga el concepto ciudadano con “tener responsabilidades”; 8 de cada 10, están de acuerdo en que el “ejercicio del voto es el único mecanismo con el que cuentan para decir si el gobierno hace bien o mal las cosas”.

Llama la atención la percepción que tiene el mexicano en relación al concepto y al ejercicio de ciudadanía. Contrario a la apreciación recogida en la Encuesta, la ciudadanía es un status que si bien otorga derechos, como lo expresan los entrevistados, también se construye en el ejercicio y cumplimiento cabal de responsabilidades. Este ejercicio no se agota en el derecho al sufragio, sino que significa también, cumplir con las leyes, participar activamente en los asuntos públicos, comprometerse con una causa y actuar en consecuencia. Es decir, vigilar a sus gobernantes o representantes y demandarles cumplimiento cabal de sus responsabilidades.

¿Cuántos mexicanos conocen a sus diputados? ¿Cuántos conocen las tareas y funciones que deben cumplir su gobernador o su presidente municipal? ¿Cuántos les han exigido rendición de cuentas sobre su trabajo legislativo o ejecutivo? ¿Cuántos brindan parte de su tiempo y recursos a una situación que involucre a su comunidad?

La apatía cívica parece ser otro rasgo que caracteriza, hoy, a la sociedad mexicana. Podría decirse que estamos frente a una “ciudadanía selectiva”, que reconoce sus derechos y olvida sus deberes. Almacena los aspectos que le parecen convenientes y deshecha aquéllos que le exigen tiempo y compromiso. Así, el imaginario colectivo ha construido una “ciudadanía a la mexicana” bajo la cual es válido criticar sin estar debidamente informado; es correcto descalificar sin conocimiento cabal de la acción pública; es legítimo quejarse sin actuar, sin proponer, sin participar, sin politizarse.

En suma, es una ciudadanía que evade su corresponsabilidad social frente a la construcción de una democracia más sólida y al fortalecimiento de las instituciones que la conforman. La base de toda colectividad social es la participación del ciudadano activo, y es esta participación la que genera la identidad nacional.

Pareciera que el mexicano carece de horizontes comunes, de metas y valores y, con ello, se quebrantan los principios éticos que sustentan la colectividad: tolerancia, igualdad y diálogo. La dicotomía entre lo público y lo privado debe generar un vínculo entre el Estado y la sociedad, que le dé al ciudadano sentido de pertenencia a la comunidad.

No debe olvidarse que el escrutinio ciudadano es necesario para la calidad de las democracias. Si bien es cierto que la clase política es la responsable en la conducción del país, también es cierto que no basta con tener un buen gobierno para realizar la transformación de una Nación.

En México, necesitamos una ciudadanía participativa, más activa e informada que demande rendición de cuentas, que monitoree a funcionarios públicos y a legisladores, que denuncie el abuso de autoridad y la corrupción, y exija el fin de la impunidad. Con ello, estaremos construyendo democracia, herramienta indispensable para la gobernabilidad.

El ejercicio ciudadano debe tener como armas el diálogo, el debate y la exigencia para no tolerar más “casas blanca o en Malinalco o en Ixtapan de la Sal”, obtenidas en un claro conflicto de intereses por tratarse de servidores públicos, ni aceptar la burda exoneración de la Secretaría de la Función Pública, encabezada por el “servidor” del Presidente, cuya única sanción pública fue pedir una disculpa. Por ello, se requiere de un órgano autónomo que evalúe y, en su caso, sancione el actuar publico de los servidores públicos, a fin de evitar la simulación al momento de aplicar la Ley.

Mientras en otras naciones, situaciones similares han provocado fuertes manifestaciones ciudadanas con la exigencia de la renuncia de los servidores públicos involucrados en la corrupción; en México, el enojo y el reclamo se expresaron a través de miles de memes y hashtags en las redes sociales, a fuertes críticas de algunos articulistas serios y a declaraciones mediáticas de los líderes de oposición. Eso sí, la ciudadanía a la mexicana indignada, no tomó plazas ni avenidas, se limitó a conversaciones de café.

Ejercer una ciudadanía responsable requiere tiempo. ¡México la necesita ya!

Colaboración, 24 de agosto de 2015.

Chair GSW México (Cumbre Mundial de Mujeres). Consejera Nacional del PAN. Consejera de AMEDIRH (Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos).