¡Canallada!

Nuevos grupos de la sociedad civil organizada se están sumando a la protesta para no permitir que la legislatura -con la tolerancia del gobernador- se salga con la suya para “jubilar de por vida” al diputado Marco Antonio León Hernández.

Uno de estos grupos ha comenzado a circular a partir de hoy una carta en la que expone -y razona- los motivos de esta jubilación.

Y emplean palabras fuertes, muy fuertes.

“Es una canallada”, dicen y que habrán de exhibir los nombres de los diputados firmantes.

Pero el mayor riesgo político lo puede correr el gobernador en turno, pues, jurídicamente, puede abrir un enorme boquete no solo al gobierno que viene, sino mostrarle a todos los gobiernos estatales, en particular a las legislaturas de los estados, que todos los servidores públicos que tengan la categoría que les da el voto popular, puedan exigir su jubilación.

El golpe sería enorme para la hacienda nacional, para las haciendas de los estados.

Sería mejor -antes de que sea publicado- “tantearle el agua a los camotes”.

Además, si aquí fuese aprobado -e inclusive publicado- el sesgo de inconstitucionalidad sería difícil de quitarlo, si una instancia federal lo desaviene.

En tanto, aquí en Querétaro, un grupo de 35 líderes sindicales que representan al menos a unos mil jubilados federales, han abierto ya las firmas de rechazo y en breve -antes de su publicación- se las harán llegar al gobernador José Calzada Rovirosa.

La totalidad de ellos son jubilados con 30 años o más, comprobables de trabajo ininterrumpido. Y por supuesto que le han navegado.

El escrito ya comienza a circular.

En este exponen todo el mecanismo al que ellos se hubieron de apegar para alcanzar su jubilación, que va de los cuatro a los seis salarios mínimos en promedio y que equivalen a algo así como 10 mil pesos mensuales. Así está la generalidad de los jubilados que están pensionados a través del ISSSTE. La pensión mayor -que solo la tienen los menos- es de 21 mil pesos.

Ahora bien y dirigiéndose al gobernador José Calzada, le piden “respetuosamente que no manche el tramo final de su administración” y que detenga la publicación de lo aprobado en la LVII legislatura.

Y vienen otros mecanismos para derogar lo aprobado.