Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador del estado de Jalisco

El que pega primero pega dos veces, y después del duro golpe que significó para los mexicanos el gasolinazo, usted pegó primero entre los políticos, tomando una serie de medidas, que al margen de su eficacia para contrarrestar el efecto del alza de las gasolinas, manda una señal hacia los gobernados de solidaridad.

Ante momentos de disgusto generalizado por los efectos de la liberalización del precio de la gasolina y en medio de un sentimiento de que los gobernantes están viviendo en la comodidad que les otorga la quincena segura, los privilegios de las prestaciones e incluso de la gran corrupción imperante en México en los diferentes órdenes de gobierno, se necesitaba una muestra de sensibilidad, que si bien no compensa necesariamente ni en monto ni directamente a la población más afectada por el gasolinazo, sí manda un mensaje que el cinturón, al menos aparentemente, nos lo apretaremos todos.

El anuncio que hizo Usted incluye congelar los salarios de la alta burocracia estatal, incluido el suyo, cuantificando este ahorro en mil millones de pesos, reducción en el consumo de gasolinas en un 50%, crear un fondo de contingencia que financié vales para transporte y reducir el gasto de comunicación social en 30%.

A su decisión le siguieron otros gobernadores, como la sonorense Claudia Pavlovich, quien anunció un plan de austeridad y aventó la bolita al congreso local y federal para plantear un recorte del 50% a las prerrogativas de los partidos políticos. Así también, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, anunció una reducción de su salario y de los mandos superiores de su gobierno, mientras que Miguel Márquez de Guanajuato congeló salarios, redujo gastos por viáticos y eliminó pago de celulares para todos los funcionarios.

Sin embargo, estas medidas, que pudieran calmar parcialmente el malestar social en los respectivos estados o municipios donde se adopten, aún requerirán ir acompañadas de un intenso trabajo para consolidar políticas de transparencia y combate a la corrupción. Si los ciudadanos perciben que el sueldo de un funcionario público, por bajo que sea, se compensa con lo que puede tomar por debajo de la mesa, entonces la percepción de que sólo los ciudadano sufrirán los efectos del gasolinazo y otros aumentos continuará.

Los estados deben también trabajar en fortalecer la independencia de las entidades estatales de fiscalización, las cuales terminan por ser todo menos que autónomas, convirtiéndose en un empleado más de los gobiernos estatales, cuya labor tapar “técnicamente” las irregularidades de sus jefes de facto y exhibir a los enemigos sin darles las mismas consideraciones. Ahí hay una gran oportunidad de replantear estas figuras, que son hoy en algunas entidades, un eslabón más de la corrupción y la impunidad.

Por increíble que parezca, las medidas de austeridad no está en la agenda de los congresos locales, la cámara de diputados y de senadores, quienes han hecho mutis teniendo mucha tela de donde cortar, incluyendo partidas que gastan de manera discrecional, en muchos casos sin comprobación, recursos usadas para gastos personales, premios para legisladores y financiamiento de campañas políticas.

Su decisión de dar un paso para solidarizarse con sus gobernados es loable, pero hay otras tareas, otros retos, para que ese primer golpe no sea uno que se vaya en banda.