¿A qué le temía Peña Nieto?

“Las drogas han formado parte de la historia de la humanidad y entre algunos pueblos antiguos encontramos semillas de plantas alucinógenas” Alexa Pauls

La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) que se lleva a cabo del 19 al 21 de abril de 2016, presenta una oportunidad sin precedente para revisar y reorientar las políticas de drogas nacionales y el futuro del marco internacional para su control. Hay certeza que será aprobado el documento generado en esta sesión, a pesar de la cautela de Naciones Unidas en el abordaje del tema.

Drogas, tema de dimensión mundial. El narcotráfico es el negocio ilícito más lucrativo en todo el mundo y los países han pagado un precio alto en violencia y muertes. Se convierte en un problema dramático y gravísimo por la cantidad de dinero que maneja (50 mil millones de dólares). De ahí la urgencia de abordar su combate desde otro enfoque.

La guerra contra las drogas ha sido ineficaz y contraproducente. Desde hace varias décadas, voces expertas se pronunciaron contra el enfoque prohibicionista de las drogas ilegales. ¡Por fin!, la estrategia es ver el consumo de drogas como problema de política de salud centrada en reducir los daños desde un enfoque más social, de prevención, de educación y de salud.

Como ciudadana, no me explico por qué Peña Nieto no quería asistir a las Naciones Unidas. La visita del Primer Ministro de Italia, no era suficiente justificación para que el Jefe del Estado Mexicano, no pronunciara en la más alta tribuna internacional, el posicionamiento de México en un tema en el que, junto a otros países, está relacionado con la producción masiva y organizada de drogas ilícitas. En nuestro país “se consume, se produce y trafican drogas de manera ilegal”

¿A qué le temía Peña Nieto? Al tema, sin duda. En su lugar, asistiría la Canciller para abordar un tema en el que hay posiciones divergentes, desde la prohibicionista y represiva hasta la legalización absoluta. Afortunadamente, un amplio grupo de ciudadanos presionó y se presentó el pasado 19 de abril.

En su acostumbrado tono retórico y un discurso lleno de lugares comunes, el Presidente expresó que tomaba en cuenta “todas las experiencias y voces que permitían construir consensos globales para asegurar acciones más efectivas y humanas” y que daba “voz a quienes han expresado la necesidad de actualizar el marco normativo, para autorizar el uso de la mariguana con fines médicos y científicos”, y propuso un Decálogo de acciones en el combate contra las drogas:

1.- Cooperación internacional más intensa y efectiva.

2.- Frente común contra la delincuencia organizada trasnacional.

3.- Mayor coordinación con las agencias especializadas de la ONU.

4.-Políticas públicas alineadas con los compromisos de la Agenda 2030.

5.- Atender los daños sociales ocasionados por el mercado ilícito.

6.-Generar respuestas mundiales desde la perspectiva de derechos humanos.

7.- Tratar el consumo como un asunto de salud pública y no criminalizarlo.

8.- Privilegiar penas alternativas al encarcelamiento que incorpore una perspectiva de género.

9.- Campaña global orientada a niños y jóvenes para prevenir su consumo.

10.- Garantizar disponibilidad y acceso de sustancias controladas para fines médicos y científicos

¿A qué le temía Peña Nieto? A que es un tema que, en lo personal considera incorrecto, no le gusta y así lo ha externado. A la presión interna, la de expertos y medios a quienes debe agradecer el repunte de su imagen; por otro lado, al escaso 30 por ciento de aprobación ciudadana. A la presión externa, por la evaluación devastadora en materia de derechos humanos en el reporte Estados Unidos y el regaño de la Canciller alemana en su reciente gira. A que hay fuertes intereses económicos, principalmente, en la frontera. A que 2016 es un año de elecciones y para un gobierno que está acostumbrado a contener más que a proponer, había riesgo de dañar los “reflectores”.

¡Qué bueno que asistió, señor Presidente! Espero que las acciones propuestas en el Decálogo se traduzcan, pronto, en una política pública eficiente en el combate contra las drogas y sus consecuencias.