Traición a la patria… dependiendo del color del partido
En política mexicana existe una curiosa capacidad para redefinir conceptos según la militancia del protagonista. Hay palabras que cambian de significado con una rapidez admirable. […]
En política mexicana existe una curiosa capacidad para redefinir conceptos según la militancia del protagonista. Hay palabras que cambian de significado con una rapidez admirable. Una de ellas parece ser “traición a la patria“.
Porque resulta que mantener contactos o presuntos acuerdos con autoridades estadounidenses puede ser un acto gravísimo… o puede no ser absolutamente nada. Todo depende de quién aparezca en la fotografía.
El contraste entre los casos de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua por el PAN, y Marina del Pilar, gobernadora de Baja California por Morena, es un ejemplo casi de manual sobre cómo una misma conducta puede recibir tratamientos políticos completamente distintos.
Cuando surgió el caso de Chihuahua, el discurso fue contundente. La posibilidad de que existiera coordinación con agentes estadounidenses sin conocimiento del Gobierno Federal fue presentada por diversos actores políticos como un asunto de soberanía nacional. Se habló de una posible “traición a la patria“. La discusión giró alrededor de una pregunta: ¿quién autorizó esa colaboración?
Y era una pregunta válida. Porque si la legislación mexicana establece reglas para la actuación de autoridades extranjeras en territorio nacional, cualquier posible incumplimiento merece ser aclarado.
Hasta ahí, nada que objetar. Pero la política mexicana siempre guarda un segundo acto.
Ahora aparece Marina del Pilar en medio de otra polémica. Primero vino la cancelación de su visa estadounidense en 2025. Después trascendieron investigaciones abiertas contra su entonces esposo y otros familiares por parte de autoridades estadounidenses. Más tarde comenzaron a difundirse audios donde presuntamente se escucha a la gobernadora dialogando con intermediarios sobre posibles investigaciones, sanciones y contactos con autoridades del país vecino. Todo ello ocurre en un contexto donde distintos medios estadounidenses han reportado revisiones e investigaciones relacionadas con su entorno político y familiar.
Y entonces llegó la respuesta desde Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe delito que perseguir y además, marcó distancia entre ambos casos.
Según la versión oficial, lo ocurrido con Marina del Pilar no puede compararse con el caso de Maru Campos.
Lo interesante es que esa diferencia todavía no termina de quedar del todo clara.
Porque si el criterio es la existencia de comunicación con autoridades estadounidenses sin conocimiento del Gobierno Federal, la pregunta parece inevitable: ¿por qué uno sería un asunto de soberanía nacional y el otro no?
Más aún cuando existen diferencias que llaman la atención.
En el caso de Chihuahua nunca aparecieron audios públicos donde la gobernadora dialogara con intermediarios sobre posibles acercamientos con autoridades estadounidenses. La controversia surgió a partir del accidente donde murieron dos ciudadanos estadounidenses vinculados por distintos reportes periodísticos con labores de inteligencia, además de dos agentes estatales, después de un operativo contra laboratorios clandestinos.
Eso dio origen a sospechas. Pero sospechas.
En el caso de Marina del Pilar, la discusión escaló precisamente porque comenzaron a circular grabaciones cuya autenticidad y contexto deberán determinar las autoridades competentes, pero que colocaron el tema en un nivel distinto del debate público.
Y aun así, la respuesta oficial parece mucho menos severa.
Entonces la pregunta cambia. ¿Estamos aplicando el mismo criterio jurídico… o solamente distintos criterios políticos?
Porque si la presunción de inocencia aplica para Marina del Pilar, también tendría que haber aplicado para Maru Campos.
Y si la simple sospecha justificaba hablar de “traición a la patria” en un caso, entonces sería lógico esperar el mismo rigor frente al otro.
Pero pareciera que la severidad cambia junto con el logotipo del partido. Quizá la soberanía nacional también tenga colores partidistas.
Tal vez existe una versión azul de la soberanía y otra guinda. Quién sabe.
Lo cierto es que el discurso oficial termina enviando un mensaje complicado.
Porque cuando el involucrado pertenece a Morena, la explicación suele ser prudencia, contexto, investigación en curso y presunción de inocencia. Cuando pertenece a la oposición, las palabras cambian rápidamente: sospechas, responsabilidad política, colaboración indebida, incluso acusaciones de traición.
Y eso inevitablemente abre espacio para la percepción de un doble rasero.
No se trata de declarar culpable a Marina del Pilar. Eso corresponde, en su caso, a las autoridades competentes y únicamente con pruebas, pero tampoco parece razonable cerrar la discusión antes de que existan explicaciones completas sobre unos hechos que ya generaron cuestionamientos tanto en México como en Estados Unidos.
Porque la justicia selectiva termina pareciéndose demasiado a la impunidad selectiva y ninguna de las dos fortalece la credibilidad institucional.
Quizá el verdadero problema no sea Marina del Pilar, ni siquiera Maru Campos. El verdadero problema es que los ciudadanos empiezan a percibir que las reglas cambian dependiendo del partido al que pertenezca el funcionario señalado.
Que hay investigaciones incómodas… y otras inconvenientes.
Que hay presunción de inocencia… pero solamente para algunos.
Que la soberanía nacional se defiende con firmeza… salvo cuando defenderla implica señalar a los propios.
Y eso sí resulta preocupante porque la ley debería funcionar exactamente igual para todos, sin importar si el escudo que aparece detrás del funcionario es azul, guinda, naranja o verde.
Al final, la pregunta que queda sobre la mesa no es si Marina del Pilar es culpable o inocente, tampoco si Maru Campos actuó correctamente o no.
La verdadera pregunta es mucho más incómoda:
¿La traición a la patria depende de los hechos… o depende del partido político al que pertenezca quien los protagoniza?
Porque si la respuesta cambia según el color de la credencial partidista, entonces quizá el problema ya no está en los expedientes.
Está en la manera de impartir los juicios… primero en la política y después, si acaso, en la justicia.

