Salud pública en México, crónica de una muerte anunciada

Pocos escenarios resultan más abrumadores, kafkianos e incluso grotescos para el inconsciente colectivo mexicano que la imagen de una sala de espera en el IMSS. Filas interminables, trámites imposibles y medicamentos inexistentes aderezan las historias de terror sobre las salas de urgencias en la sanidad pública. A esto se suman leyendas urbanas como el bisturí olvidado en el intestino del paciente o el médico que entra a operar con la torta de carnitas en la mano, por no mencionar al anestesista mal pagado y somnoliento que, en el afán por irse de una buena vez a casa, hace su trabajo ‘al aventón’ y se pasa de la dosis recomendada.

Independientemente de la veracidad de estas distopías dantescas en las que piensa la población mexicana cuando imagina un hospital público, el hecho es que el sector Salud está en un punto muy lejano al que se vivía en 1960, cuando decenas de clínicas brutalistas hechas de hormigón armado hicieron aparición hasta en los más remotos rincones de la República. Por entonces, en la que hoy se conoce como ‘época del desarrollo estabilizador’, la salud pública era uno de los mayores orgullos de la administración encabezada por Adolfo López Mateos. Medio siglo después de la Revolución, el régimen podía presumir de que al menos los trabajadores formales contaban con cobertura médica y que las campañas de vacunación eran un éxito destacable. Incluso se hicieron películas, como la El señor doctor, de Cantinflas, que funcionaban como propaganda del sólido Seguro Social.

Aunque aún subsisten vestigios de esa época dorada, sobre todo en lo referente a la vacunación, el hecho es que los edificios de hormigón están llenos de humedad y sus fachadas soberbias que coronaban ciudades y las engalanaban con sus murales patrióticos, hoy están llenas de grietas y ventanales muy sucios. ¿Cuándo y cómo fue que se produjo esta debacle? No hay un consenso claro, pero lo que sí es un hecho es que el sistema de salud pública en México ha seguido, más o menos, la suerte de la política en general. Hoy nadie cree en los políticos y durante las últimas tres décadas, la palabra diputado fue casi un sinónimo de ratero.

De igual manera, el sistema de salud se convirtió en fuente de humor oscuro y la imagen, tanto del IMSS como el ISSSTE, en algo tan lúgubre como el Penal de Puente Grande. El internamiento en un hospital público fue al principio algo así como una ruleta rusa. Poco tiempo después, ya ni eso. Con listas de espera de años para un transplante y desabastos regulares en medicamentos tan delicados como los antirretrovirales, para un sector importante de la población, la enfermedad se volvió una sentencia de muerte. A veces, con agonías prolongadas. Siempre, un purgatorio.

Con cada cambio de sexenio, se intentaban nuevas estrategias para garantizar la cobertura médica a toda la población. No hay que olvidar que desde sus inicios, el sector Salud se diseñó para atender a quienes participaban de la economía formal, ya fuera en el sector público, mediante el ISSSTE, o en el privado, en el IMSS. Esto dejaba fuera a un amplio porcentaje de los habitantes en un país donde hasta el 60 por ciento de la actividad económica llegó a realizarse en algún momento dentro de la informalidad.

En 2003, durante el gobierno de Vicente Fox y bajo la supervisión del entonces secretario de Salud Julio Frenk Mora, se constituyó el Seguro Popular, un sistema de cobertura médica que abarcaría a quienes no estuvieran empadronados ni en el IMSS ni en el ISSSTE y que permitiría a un amplio espectro de la población acceder a servicios médicos, en teoría de forma gratuita. El financiamiento era mixto y contemplaba recursos de la Federación, recursos de los estados y aportaciones de los asegurados que no estuvieran dentro de los cuatro deciles más bajos de ingreso. El nuevo sistema, además, cambiaba el modo de distribución de recursos para los estados, pues estos ya no se entregaban en función de las clínicas ni de la infraestructura hospitalaria, sino del número de afiliados que hubiera en cada lugar.

Esto generó varios problemas. En primer lugar, muchos estados, para garantizar afiliaciones más numerosas y recibir mayores recursos desde la Federación, registraron dentro de los deciles más bajos a personas cuyos ingresos eran a todos luces superiores y que habrían tenido que realizar aportaciones por su cuenta. Por otro lado, que los aportes de la federación dejaran de depender de la infraestructura hospitalaria constituía, sin lugar a duda, un problema que se agravaba debido al diseño del sistema, en el que cada entidad era responsable de implementar el mismo para su población. Así, problemáticas como el desabasto, la mala infraestructura y la saturación se agravaron en muchos casos, mientras que en otros, el excesivo control estatal sobre la implementación del sistema dio paso a abusos y corrupción, como los que se evidenciaron en Veracruz durante la administración de Javier Duarte.

Sería, sin embargo, injusto decir que el Seguro Popular fue un fracaso. Miles de personas que no tenían acceso a tratamiento antes de su implementación pudieron someterse incluso a cirugías gracias al sistema. Muchas vidas se salvaron de esta manera. También, aunque con los altibajos propios de los ocasionales desabastos, hubo un mayor acceso a medicamentos e incluso a dispositivos para la salud reproductiva. A pesar de esto, el actual Gobierno Federal ha enfocado sus reflectores en los aspectos negativos del sistema, sobre todo la facilidad para la corrupción vía estatal, y en menos de un año le dio muerte al Seguro Popular y lo sustituyó por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Desde que inició la administración de López Obrador, la salud se ha convertido en uno de los temas ‘calientes’. A los pocos meses de que asumió como presidente, en diciembre de 2018, se registró un desabasto de medicamento en todo el país debido a su decisión de cambiar a los proveedores farmacéuticos. A esto, se suman hoy las problemáticas con la implementación del Insabi, que se manifiestan sobre todo en tratamientos suspendidos e información perdida que ahora debe volver a generarse. En burocracia, todo esto suena muy fácil, pues al final solo son archivos y trámites, pero para muchas personas de a pie, es un problema porque se trata de su salud y su vida.

En este preciso momento resulta imposible saber si el Insabi supondrá una mejoría o si será un mazazo más para el de por sí precario sistema de salud nacional. La cuestión es que algunos gobernadores se muestran escépticos y hay mucha tensión entre los planes del Gobierno Federal y las autoridades locales en muchísimos puntos del país. Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, es uno de los mandatarios que más se han mostrado en desacuerdo con la implementación inmediata del nuevo sistema de salud en la entidad.

Para los más de 50 millones de empadronados y empadronadas del fallecido Seguro Popular, los momentos que corren están llenos de incertidumbre. Andrés Manuel López Obrador insiste en que no solo habrá un cambio de sistema sino que además esto supondrá una mejoría y que los servicios, ahora sí, serán absolutamente gratuitos. Mientras esto se cumple o no, el grueso de la población seguirá padeciendo en las purgatoriales salas de espera al más puro estilo de Solzhenitsyn.