La escoba de Godoy: limpieza institucional… ¿o reacomodo político?
La llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República comenzó con una reestructuración profunda: entre 11 y 15 delegaciones estatales cambiaron de titular en cuestión de semanas. El movimiento abre preguntas sobre si se trata de una estrategia institucional o de un reacomodo político
En política, cuando alguien llega a una oficina nueva, lo primero que suele hacer es cambiar los muebles. En México, cuando se llega a una institución de poder, lo que se cambia no son los muebles: son las personas. Y si es de golpe, mejor.
Eso es exactamente lo que acaba de ocurrir en la Fiscalía General de la República.
Apenas unos meses después de asumir el cargo en diciembre pasado, la fiscal general Ernestina Godoy tomó una decisión que, por lo menos, llama la atención por su contundencia: solicitar la renuncia a cerca de la mitad de los delegados estatales de la institución. En total, entre 11 y 15 delegaciones cambiaron de titular prácticamente de la noche a la mañana, con efectos a partir del 1 de marzo.
Una reestructuración profunda.
O, como dirían los comunicados oficiales, un fortalecimiento institucional.
La medida llegó poco tiempo después de la salida del anterior fiscal, Alejandro Gertz Manero, quien dejó el cargo antes de concluir su mandato para aceptar una invitación bastante más diplomática: convertirse en embajador de México en el Reino Unido. Un movimiento que, en su momento, generó más preguntas que respuestas.
Y ahora, con la llegada de Godoy, la Fiscalía decidió iniciar su nueva etapa con una especie de cirugía mayor administrativa.
Entre los nuevos nombramientos aparecen nombres para delegaciones clave del país: Margarita Galván en Campeche, Laura Gabriela Chang en Ciudad de México, Rosalía Juárez en Durango, Enrique Landeros en Jalisco, Mario Esquivel en Nayarit, José Guadalupe González en Nuevo León, Damaris Baglietto en Oaxaca, Gabriel Campos en San Luis Potosí, Manuel Eduardo León en Tamaulipas, Teófila González en Baja California y Ana Cristina Maturano en Hidalgo.
Un movimiento amplio, profundo… y sorprendentemente rápido.
Oficialmente, la Fiscalía explicó que estos cambios buscan fortalecer el trabajo en las entidades federativas y mejorar la coordinación institucional. Una explicación correcta, aunque quizá demasiado general para una decisión que implica alterar la conducción de investigaciones en curso, reconfigurar estructuras regionales y modificar la relación con fiscalías estatales.
Porque los delegados estatales de la FGR no son simples funcionarios administrativos. Son piezas clave en la operación de la justicia federal, responsables de coordinar investigaciones, articular operativos y mantener el puente entre la federación y los estados.
Cambiar tantos al mismo tiempo no es un ajuste menor.
Por eso, inevitablemente surgen las preguntas.
¿Se trató realmente de una estrategia técnica para mejorar la eficiencia en las investigaciones?
¿O de una limpieza interna para colocar perfiles más cercanos al nuevo proyecto político?
Porque si algo ha demostrado la política mexicana es que las instituciones de justicia suelen ser el escenario favorito de los reacomodos de poder.
Las malas lenguas —que nunca faltan en estos temas— ya comenzaron a sugerir que la reconfiguración podría obedecer a la necesidad de alinear las delegaciones estatales con la nueva etapa del gobierno federal. Dicho en términos menos diplomáticos: que la justicia comience a jugar en el mismo equipo que la llamada Cuarta Transformación.
Claro, también existe la posibilidad de que todo sea simplemente un proceso administrativo legítimo. Una renovación necesaria. Un cambio generacional dentro de la institución.
Pero la velocidad del movimiento, el número de delegaciones involucradas y el momento político en el que ocurre hacen difícil evitar la suspicacia.
Porque cuando una fiscalía cambia a medio equipo en cuestión de semanas, la pregunta inevitable no es solo quién se fue.
La pregunta es por qué.
¿Se trata de mejorar la procuración de justicia?
¿De reorganizar la institución tras la salida de Gertz Manero?
¿O de asegurar que la maquinaria judicial funcione en sincronía con el nuevo proyecto político?
Tal vez sea demasiado pronto para saberlo.
Pero si algo nos ha enseñado la historia reciente del país es que, cuando la justicia se reorganiza con tanta rapidez, rara vez se trata solo de eficiencia administrativa.
A veces se trata de algo mucho más simple…
y mucho más político.

