Guerra contra las gaseras

Para nadie es un secreto que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encontrado en el sector privado a uno de sus más grandes enemigos. Incluso desde antes de ser presidente, el actual mandatario federal enfrentó una dura oposición por parte de los principales grupos empresariales de México, a quienes les generaba desconfianza la forma en que se conducía públicamente al hablar sobre la iniciativa privada.

La última gran piedra en el zapato de las relaciones entre López Obrador y los empresarios se produjo en el mercado del Gas Licuado de Petróleo, (mejor conocido como Gas LP). Durante los últimos meses, como consecuencia de la pandemia de coronavirus y de la situación que enfrenta el mercado internacional de gas, los precios de este combustible, esencial para muchas actividades tanto domésticas como productivas, se dispararon de una forma que no tenía precedente en los últimos años.

Esto supuso un golpe bastante duro para López Obrador, quien había prometido durante su campaña que no habría incrementos en los precios de ningún tipo de combustible. Por esta razón, el pasado mes de julio, durante una conferencia “mañanera“, el presidente realizó un anuncio de trascendencia: en adelante, el gobierno federal, a través de la paraestatal petrolera Pemex, intervendría en el mercado del gas LP bajo el nombre de “Gas Bienestar”.

El propósito de la nueva empresa, que para su operación dependerá totalmente de Pemex y que, de hecho, ya comenzó el proceso de reclutamiento de personal, será, en palabras del presidente, incrementar la competencia en el mercado y garantizar precios accesibles para el Gas LP.

El problema con esta iniciativa, que aparentemente suena muy bien, está en que, al depender del estado, los precios de Gas Bienestar serán fijados de forma artificial, como sucedía antes de la Reforma Energética impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que ha recibido numerosos embates por parte de la actual administración federal.

De acuerdo con los expertos, esta manipulación artificial y bajo “dedazo” en los precios del combustible hará imposible para los operadores privados competir contra la empresa del gobierno, además de que no podrán mantenerse en el mercado, porque sus precios dependen de los insumos internacionales. Esto es muy importante, sobre todo considerando que gran parte del gas natural consumido en México es importado.

En el mismo sentido, académicos y analistas han manifestado que Pemex no cuenta con las posibilidades para administrar una nueva paraestatal, pues su deuda alcanza niveles estratosféricos y además es una empresa sin experiencia en las ventas directas al cliente.

Independientemente de estos factores, que sin duda son de alta preocupación, está el hecho de que las actitudes y gestos del gobierno federal en este sentido están muy lejos de propiciar la inversión. Como consecuencia de las medidas anunciadas por el presidente, que además pareciera que se basan en decisiones tomadas “al aire”, distribuidores de gas LP en el Estado de México y el Distrito Federal han convocado a sus trabajadores para suspender actividades por tiempo indefinido.

La reacción desde el Palacio Nacional fue verdaderamente digna de una República bajo el yugo militar: para garantizar el abasto de combustible, la Guardia Nacional intervendría en las gaseras en paro. Así o más clara la cosa. Con un ojo descuidado, pareciera como si desde la Presidencia de la República se hubiera declarado la guerra abierta a un grupo de empresarios. Esto no es necesariamente así, pero a los inversionistas no les importa ¿Quién querría invertir en donde da la impresión de que declararán la guerra en cualquier momento?