¿Fiscalización técnica o instrumento de la arena política?
En marzo vence el periodo para que el Poder Legislativo publique las Cuentas Públicas 2024, que la ESFE puso en manos de las y los diputados desde hace meses
Para nadie ha resultado novedoso que la LXI Legislatura sea un hervidero político en el que la consecución de acuerdos es casi un deporte extremo. Su conformación con una mayoría nominal de oposición, aunque con desacuerdos internos y de grupo, choca de lleno con la expectativa de la agenda oficial dictada desde el Ejecutivo y con las aspiraciones de sus diputados para emprender vuelo en solitario con el afán de encontrar espacios políticos en el futuro. Así, todo tema que pasa por las manos legislativas se contamina del fervor que permite la arena política por excelencia, hoy más caldeada que nunca.
Así, el tema de las Cuentas Públicas que audita la Entidad Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE) no ha podido escapar de esa reyerta en la que la ciudadanía obtiene mucho ruido y pocas certezas. La agenda pública en la materia ha estado dominada por el discurso de una diputada, Claudia Díaz Gayou, quien convirtió la auditoría en una bandera política cuya legitimidad ha quedado en duda tras la aceptación de que ella, sus negocios y sus asociados son parte de las investigaciones que la propia ESFE conduce.
De manera aislada, algunos otros legisladores han puesto el tema sobre la mesa con una narrativa convincente para el ciudadano antigobierno, pero que no corresponde con la realidad: en Querétaro hace 11 años no se audita a las autoridades. Nada más lejos de la realidad.
Lo cierto es que la ESFE ya hizo lo que le correspondía hacer con las Cuentas Públicas de 2024, y así lo ha hecho año con año. Lo hizo, además, en tiempo y forma. Revisó, auditó, formuló observaciones y entregó los resultados conforme al marco legal aplicable. Es decir, agotó el tramo técnico de un proceso que no puede ni debe contaminarse por cálculos partidistas o pulsos de facción entre actores legislativos. Entonces, ¿qué está pasando?
Parte del problema actual no radica en la complejidad del procedimiento, sino en la deliberada confusión sobre lo que la ley sí dice y lo que algunos quisieran que dijera. La ley faculta al Congreso para conocer, analizar, discutir y dar trámite a la publicación de los resultados de las cuentas públicas en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga. Lo que la ley no establece es una especie de potestad discrecional para aprobarlas o rechazarlas como si se tratara de una concesión política, de una validación partidaria o de una votación de confianza sobre el trabajo técnico de fiscalización.
El informe de la cuenta pública no es un dictamen sometido al humor cambiante de las mayorías. No es una moneda legislativa de negociación interna. No es una pieza que deba esperar a que se resuelvan tensiones entre grupos parlamentarios. El informe de la cuenta pública es el resultado técnico de una revisión institucional, y su publicación no debería depender del clima político, sino del cumplimiento de una obligación legal.
Por eso resulta preocupante que un proceso concebido para garantizar rendición de cuentas esté siendo absorbido por una lógica de disputa interna en el Congreso. Cuando la fiscalización se usa como instrumento de presión entre facciones, deja de servir a su propósito original. Y ese propósito no es alimentar el conflicto político ni ofrecer municiones coyunturales a uno u otro bloque, sino hacer posible que la ciudadanía conozca cómo se ejercieron los recursos públicos.
Las víctimas de la instrumentalización política no son ni la ESFE ni el propio Congreso en su imagen institucional. El principal afectado es el ciudadano queretano, que es, al final, el verdadero titular del derecho a conocer qué ocurrió con el dinero público. Porque las cuentas públicas no le pertenecen a los partidos, ni a los coordinadores parlamentarios, ni a las coyunturas del momento. Les pertenecen, en un sentido democrático profundo, a los queretanos.
Marzo, además, no es una referencia retórica. Es el plazo que se ha previsto para que el Congreso dé trámite a la publicación correspondiente. Se puede debatir el contenido, por supuesto. Se puede discutir y no perder de vista en lo que resulten las observaciones, se pueden identificar las áreas de mejora del sistema e incluso la necesidad de perfeccionar el marco normativo. Todo eso forma parte de la vida institucional y del debate democrático. Lo que no puede ocurrir es que esa discusión se convierta en pretexto para bloquear el cumplimiento de una obligación legal ya activada por el trabajo técnico de la entidad fiscalizadora.
En tiempos en que la confianza pública en las instituciones depende menos de los discursos y más de la capacidad real de cada órgano para cumplir su función sin invadir la del otro, lo mínimo exigible es respeto al diseño institucional. La ESFE fiscaliza. El Congreso ordena la publicación en los términos legales. Alterar esa secuencia por conveniencia política erosiona no sólo el proceso de fiscalización, sino el estado de derecho.
Al final, la pregunta de fondo es: ¿queremos un sistema de fiscalización que responda a lo que establezca nuestra constitución y la ley, o uno supeditado a las coyunturas o equilibrios partidistas que haga de la rendición de cuentas un instrumento de la arena política?

