Defensoría de los Derechos Humanos ¿amenazante y amenazada?

Tras algunos años de ostracismo, bajo el mandato del muy criticado Adolfo Ortega Osorio, la antes Comisión Estatal de los Derechos Humanos y hoy rebautizada Defensoría de los Derechos Humanos del estado de Querétaro (DDHQ) ha recobrado parte de su brillo original gracias la actuación y los temas que ha tocado Miguel Nava Alvarado como ombudsman queretano.

Demasiado beligerante para algunos, de cualquier forma el exdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Aguascalientes le regresó el interés a los medios de comunicación sobre el producto periodístico que significan sus actuaciones, que tratan de temas tan disímiles como las admisiones estudiantiles de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) hasta el conflicto suscitado el pasado 11 de junio de 2013 en La Laborcilla. 

Desde que llegó al cargo, en febrero de 2012, y hasta la fecha, Miguel Nava Alvarado al frente de la DDHQ ha emitido cuatro informes especiales y 12 recomendaciones, generando polémica y discusión pública por el contenido de las mismas. Sin embargo, sus enfrentamientos públicos con niveles de gobierno y poderes del estado le han generado más problemas que beneficios.

A través de un informe especial emitido el 9 de octubre de 2012, la DDHQ se manifestó en contra de las prácticas administrativas de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Ejecutivo estatal, ya que a pesar de tratarse de un órgano público autónomo, sigue operando la nómina y manejando a discreción las plazas al interior del órgano garante de los Derechos Humanos.

Al mismo tiempo, el tema presupuestal ha abierto algunas discrepancias entre la Defensoría y el poder Legislativo del estado de Querétaro. Hasta en dos ocasiones el órgano público autónomo ha intentado incrementar su presupuesto, e incluso para el 2013 la propuesta fue de un 100 por ciento de incremento con la intención de construir una nueva sede propia para ahorrar recursos públicos que hoy en día se gastan en la renta de espacios particulares. En ambas ocasiones, los diputados queretanos hicieron oídos sordos a las peticiones de Nava Alvarado, quien siempre se basó en el hecho de que el órgano a su cargo tiene autonomía constitucional incluso en el tema financiero. Y por si esto fuera poco, el terreno en el cual actualmente la Legislatura queretana construye su nuevo edificio de carácter propio, es el mismo que hace un par de años Manuel Pozo Cabrera, entonces Oficial Mayor del poder Ejecutivo del estado de Querétaro, le mostró a Miguel Nava como posible espacio en el cual construir su nuevo edificio propio.

Con la UAQ, son varios ya los altercados entre la máxima casa de estudios queretana y la DDHQ. Desde el Informe Especial por la sistemática violación de los derechos humanos por privilegiar el cupo de los planteles antes del mérito académico, hasta la recomendación 207/2/2014, por la convocatoria emitida para ingresar al sistema de bachillerato de la UAQ y que restringe el derecho a la educación de Zaira María García Chávez y Dominique Ares Silva precisamente por haber privilegiado el cupo del plantel al que deseaban ingresar antes del mérito académico.

También a la Unidad de Servicios de Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) le ha tocado alguna actuación de la DDHQ, como la recomendación 198/1/2013, por la violación del interés superior de la niñez de un profesor en contra de ocho menores de edad. Hoy en día trabaja en dos casos de presunto abuso sexual de un maestro y de un intendente contra menores de edad estudiantes de preescolar.

En materia de salud, se emitió una recomendación, la número 204/7/2013, por irregularidades administrativas en el Hospital General de San Juan del Río, ya que fueron estudiantes quienes atendieron a Erika Martínez Santos y a su recién nacida, provocándole a la menor lesiones de gravedad y secuelas irreversibles.

El tema de los centros penitenciarios también ha sido recurrente para la DDHQ, con un Informe Especial contra el director de Reinserción Social del gobierno del estado por la falta implementación de un comité técnico interdisciplinar para evaluar la conducta de quienes cumplen condenas, y la recomendación 199/2/2013, por el suicidio de un menor de edad recluido en el Centro de Ejecución de Medidas y de Internamiento de Menores tras ser detenido durante la balacera de Candiles del año 2012.

Han destacado también las recomendaciones emitidas contra presidentes municipales por la actuación de sus policías, como la 197/2/2012, contra El Marqués después de que elementos policíacos balearan un vehículo con ocho tripulantes a bordo, y la

200/2/2013, también contra El Marqués, por la detonación de un arma de fuego que hirió a un menor de edad en Chichimequillas. Dicho municipio, por el mal uso de arma de fuego, también recibió la recomendación 206/3/2013 tras haberle quitado la vida a Daniel Martínez Ramírez en La Griega. La misma suerte corrió el municipio de San Juan del Río.

Contra la Procuraduría General de Justicia (PGJ) han obrado diversas actuaciones, como la recomendación 205/8/2013 por la detención arbitraria de Ramiro Bryan Narváez Masqueda, o la 206/1/2014, por el dictamen pericial de tránsito en el que responsabilizaban a un menor de edad de cuatro años de un percance en el que una camioneta lo atropelló mientras manejaba su bicicleta.

Pero una de las actuaciones más destacadas vino recién el mes pasado, con un Informe Especial en contra del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por su actuación respecto del conflicto suscitado en La Laborcilla, en referencia a las decisiones de dos diferentes juezas, una de justicia para adolescentes y otra sobre asuntos penales, dejando libre la primera a dos menores de edad por no haber acreditado de manera flagrante que este detonó el arma de fuego que mató al joven hijo de Trinidad Salinas Muñoz, mientras que por el mismo hecho la segunda decretó auto de formal prisión a 31 presuntos responsables.

Es un hecho que alguna de estas actuaciones han logrado levantar ámpula en los responsables o en terceros afectados, y es que el proceso jurídico que pretende reponer la elección de ombudsman queretano tras un amparo promovido por César Pérez Guzmán, o las amenazas integridad de Miguel Nava Alvarado y la de su familia a través de cartas anónimas o insinuosas coronas de flores, dan pauta a pensar que a alguien le incomoda su labor al frente de la DDHQ.

De cualquier manera, sería de esperarse que este tipo de estrategias no amedrenten a un personaje cuyo padre fue policía, cuyo abuelo fue militar, y que ha desarrollado una carrera sobre todo dentro de los Ministerios Públicos de la PGR en el país. La pregunta a realizarse es quién y por qué se toma la molestia de amenazar de creativas formas a un ombudsman estatal. Informes especiales o recomendaciones futuras podrían dilucidar de mejor forma lo que pasa paredes adentro de la DDHQ.