Campañas precoces: problemas a la vista

La carrera presidencial hacia el 2024 ha generado una nueva dinámica de precampañas no solo a nivel nacional, sino también en lo local, a fin de ser el perfil mejor posicionado cuando se elijan candidatos, sin embargo, esta situación traerá problemas en el corto plazo, pues entrará en juego una mayor necesidad de recursos para financiar estas estrategias de posicionamiento por un periodo mucho más largo.

Fuera de los tiempos de la autoridad electoral, los principales aspirantes a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador comenzaron hace meses una serie de estrategias para difundir su imagen en distintas partes del país; desde bardas pintadas hasta espectaculares anunciando entrevistas, los suspirantes a Palacio Nacional buscan ser los mejor posicionados en el imaginario colectivo, intentando, así, proyectar una solidez que probablemente no tengan en la práctica.

En lo local, presionados por esta lógica federal, los políticos también han adoptado estas estrategias, a fin de ser el o la elegida una vez que se lleguen los tiempos oficiales; las autoridades electorales lucen pasmadas, pues no han logrado poner orden y evitar este juego de las ahora llamadas “corcholatas” hacen para encontrar los resquicios legales que les permitan seguir promocionando su imagen.

Esto pone en perspectiva el financiamiento de estas precampañas tan largas, así como el origen de los recursos: ¿quién está pagando por las bardas de Claudia, Marcelo o Adán?, ¿es dinero público, de sus bolsillos o de algún “benefactor” que habrá de cobrar el favor en un futuro? Cualquiera de las opciones plantea más dudas que certezas y supondrá un gran problema en el corto plazo.

Sobre todo, porque históricamente han existido problemas en los orígenes de los dineros,
especialmente cuando los recursos de procedencia ilícita ensucian el ejercicio público, pues generan acuerdos que violentan los principios de autonomía y legalidad que deben regir las decisiones de los funcionarios.

Pero no solo en estos casos, también los recursos de grupos con intereses particulares, por ejemplo, empresarios, presupone un problema, pues podría implicar acuerdos tácitos o favoritismos que también dañarían la democracia, es por ello que el juego iniciado por las “corcholatas” de Morena, y seguido por otros partidos políticos es tan peligroso.

Lo más importante es, ¿qué hará a partir de ahora la autoridad electoral?, ¿se doblegará ante las nuevas dinámicas de los políticos, o hará valer las reglas electorales sancionando con firmeza estas conductas irregulares? Sin dudas, la normativa actual ha sido superada, y se percibe necesario reglas más claras para evitar estas dinámicas que solo ensucian el trabajo en pos de una democracia consolidada en el país.

La bola está ahora en la cancha del INE, pero también en la de Organismo Públicos Locales Electorales, si no es que las reformas impulsadas desde el gobierno federal terminan con su desaparición. Al tiempo.