Reformas para el retiro: desde las pensiones hasta las afores, un tortuoso camino para el Estado mexicano

En 1997, México vivió una de las reformas más trascendentales en cuestiones de jubilación y retiro, pues se cambió el modelo con el que las personas se pensionaban debido a que era económicamente insostenible.

El sistema estaba basado en el pago de las pensiones por parte de los trabajadores en activo, lo cual se volvió insostenible por la cada vez más alta expectativa de vida de los adultos mayores. Bajo este esquema, las personas podían jubilarse al cumplir los 60 años con un monto equivalente al salario promedio de los últimos 5 años cotizados.

Con esto, había muchos funcionarios y burócratas que se jubilaban con pensiones superiores a los 100 mil pesos, cobro que se podía extender hasta por 40 años en los casos más longevos. Este esquema metía muchísima presión a las finanzas públicas y, lamentablemente, era insostenible.

Es por ello que se buscó un esquema de cotización individual, en el que los empleados, los empleadores y el estado hicieran aportaciones a un fondo para el retiro durante un número de semanas que iría incrementando conforme fueran avanzando los años, hasta alcanzar casi las mil semanas.

Sin embargo, este sistema también tuvo fallos, pues las aportaciones no garantizaban una cantidad suficiente para una pensión digna, pues los montos son demasiado bajos en algunos casos, y estos no garantizan un ingreso estable durante la vejez.

Por lo anterior, durante el sexenio de López Obrador se planteó la necesidad de una reforma que atacara los puntos débiles de la reforma del 97. Sobre todo, garantizar un ingreso digno. Uno de los principales cambios era que se garantizaría al menos el mismo salario al momento de la jubilación, topado a un monto máximo del salario promedio ante el IMSS, que en 2023 era de 16 mil 777 pesos.

Para financiar este modelo, se requería de un capital semilla, que en un primer momento, serían las cuentas de afores abandonadas o que no hubieran tenido movimientos en varios años y que fueran de personas con edades superiores a los 70 años, en el caso del IMSS, o 75 años en el caso del ISSSTE.

Esto, por supuesto, levantó una ola de críticas entre la oposición, que ha calificado la estrategia como un plan del Gobierno Federal para apropiarse de los recursos de los trabajadores. Y es que el monto que está en disputa, se estima, asciende a casi 40 mil millones de pesos.

La última controversia ha sido la propuesta de regular los retiros que pueden hacer los trabajadores de sus afores en caso de desempleo. El argumento del oficialismo es que actualmente a los trabajadores les cobran comisiones excesivas, y que hay un abuso por parte de gestores y “coyotes”. Por lo que esta modificación buscaría dotar de mayor autonomía a los trabajadores a la hora de gestionar un retiro de esta naturaleza.

Sin embargo, la oposición señala que estas disposiciones buscan frenar la libertad de los trabajadores para disponer de su propio dinero, pues la propia iniciativa pone topes de monto de acuerdo al número de semanas cotizadas.

Más allá de esto, por donde se vea, el tema de pensiones y afores seguirá siendo polémico por sus implicaciones sociales. Lo cierto es que es un tema de seguridad social que, de no atenderse, generará una potencial crisis pública en el mediano plazo.