La factura económica de las lluvias y la vulnerabilidad ante los desastres naturales en México

Las recientes lluvias torrenciales que afectaron a buena parte del país entre el 6 y el 9 de octubre dejaron una huella devastadora. Veracruz y Puebla fueron los estados más golpeados, seguidos de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. Hasta el último corte de la Coordinación Nacional de Protección Civil, se reportan 64 personas fallecidas y 65 aún no localizadas. Pero además del daño humano, la magnitud del impacto económico comienza a hacerse visible.

De acuerdo con el gobierno federal, cerca de 100 mil viviendas resultaron afectadas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no se escatimarán recursos para apoyar a las familias damnificadas, y anunció que ya se desplegaron brigadas para levantar censos casa por casa, a fin de iniciar la entrega de apoyos. El presupuesto destinado para atender este tipo de contingencias asciende a 19 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de 3 mil millones ya fueron ejercidos en la atención de desastres previos, como el huracán Erick.

Sin embargo, más allá de la respuesta inmediata, los desastres naturales siguen mostrando su capacidad para detener la actividad económica y exponer las debilidades estructurales del país. Las lluvias interrumpieron servicios eléctricos para más de 264 mil personas, con una recuperación del 91% hasta el martes más reciente, según la CFE. En materia de comunicaciones, 58 municipios permanecen con afectaciones: solo 27% del servicio telefónico ha sido restablecido, con la reactivación de 44 sitios. De los más de mil puntos de acceso gratuito a internet de la red CFE, 839 aún están en proceso de reparación.

Estos cortes de servicios no solo afectan la vida cotidiana, sino que paralizan actividades industriales, comerciales y de servicios. Cada día sin energía o conectividad representa pérdidas para pequeñas y medianas empresas, especialmente en municipios donde la economía depende del comercio local y los servicios a la población.

El sector agropecuario es otro de los más golpeados. Las lluvias extraordinarias han devastado miles de hectáreas de cultivo y afectado la infraestructura de producción ganadera. Los productores rurales enfrentan pérdidas directas en sus cosechas y animales, además de la necesidad de invertir en la rehabilitación de suelos y sistemas de riego. Estos impactos se trasladan a toda la cadena productiva: aumentan los precios de alimentos, disminuye la oferta local y se encarecen los insumos para industrias procesadoras. A nivel de infraestructura vial, los daños son igualmente preocupantes. Las lluvias provocaron 132 interrupciones en la red federal de carreteras.

En Hidalgo, hubo afectaciones en 25 tramos, que abarcan más de 600 kilómetros.

En Puebla, 20 interrupciones a lo largo de 71 kilómetros.

En Querétaro, 7 tramos dañados que suman 294 kilómetros.

En San Luis Potosí, un kilómetro de vialidad afectado en siete puntos.

En Veracruz, las afectaciones alcanzaron 73 puntos carreteros en 90 kilómetros.

Ya se ha restaurado la gran mayoría de estas vialidades, lo que ha sido una prioridad crucial, pues su cierre implicaría interrupciones en el flujo de mercancías y transporte, afectando la productividad de toda la región centro-oriente del país.

Casos previos, como el del huracán Otis, ilustran el peso económico de estas emergencias. BBVA Research reportó que, tras el desastre en Guerrero, el PIB estatal cayó de 2.1% a 1.1% en 2023, y con una variación de apenas 0.4% en 2024, además de una contracción de –11.7% en el ITAEE durante el cuarto trimestre de 2023. Acapulco, cuya economía depende del turismo y los servicios, sufrió el cierre de hoteles, interrupción de energía y la pérdida de conectividad que paralizó su principal fuente de ingresos.

Aunque las condiciones entre Guerrero y los estados ahora afectados son distintas, el patrón se repite: las emergencias naturales no solo destruyen infraestructura, sino que interrumpen la trayectoria de desarrollo económico de las regiones y amplían las brechas sociales.

En lo inmediato, la recuperación económica se enfrentará al desafío de reconstruir no solo los hogares, sino también la confianza productiva con una infraestructura sostenible. La red eléctrica nacional, un punto débil reconocido incluso en el Plan Nacional de Desarrollo, sigue siendo un factor de riesgo. Su falta de modernización y expansión limita la capacidad de respuesta ante incrementos de demanda o contingencias climáticas.

Así, mientras las autoridades despliegan apoyos y reconstruyen infraestructura, el costo económico real de las lluvias apenas comienza a dimensionarse, pues no sólo debe destinarse presupuesto a atención de afectaciones sino a prevención y planificación a largo plazo.

México enfrenta el desafío de transitar de la reacción a la resiliencia. No basta con reconstruir lo dañado: urge fortalecer la infraestructura, las redes productivas y los mecanismos de previsión ante el cambio climático. Porque si algo ha demostrado esta emergencia es que los fenómenos naturales no solo destruyen caminos y viviendas; también erosionan la base misma del desarrollo económico.