Incertidumbre económica, política y las señales que envía México a la industria
El cierre de la planta COMPAS en Aguascalientes no es un hecho aislado, sino una señal de alerta sobre el entorno económico que enfrenta México. En medio de la reconfiguración global de la industria automotriz, la falta de certidumbre jurídica, incentivos claros y una política industrial competitiva están restando atractivo al país para la inversión extranjera, incluso en sectores estratégicos.
El 23 de octubre de 2025, el Comité de Dirección de la planta armadora Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (COMPAS) anunció el cierre definitivo de sus operaciones, programado para el 31 de mayo de 2026. En su comunicado, la empresa resultada de la alianza Renault-Nissan y Daimler (Mercedes-Benz) atribuyó la decisión a cambios en la dinámica del mercado y en las preferencias de los consumidores, factores que agotaron su rentabilidad como inversión a largo plazo.
Más allá de la explicación corporativa, el cierre de COMPAS se inscribe en un contexto más amplio de incertidumbre económica regional y nacional, en el que confluyen una desaceleración del sector industrial y un entorno interno que ha dejado de ser suficientemente atractivo para la inversión productiva. El resultado es tangible: la pérdida de cientos de empleos calificados y la salida de una de las plantas más emblemáticas del ensamblaje de vehículos de lujo en México.
Si bien la volatilidad del comercio internacional, acentuada por las medidas unilaterales y la política arancelaria de Estados Unidos, ha afectado a toda la industria, no explica por sí sola la magnitud del repliegue industrial observado en México. El cierre de COMPAS ocurre en un momento en que diversas armadoras revisan su huella global y evalúan dónde concentrar su producción. En ese proceso, México ya no aparece con la misma claridad como un destino prioritario.
El caso de Nissan es ilustrativo. La automotriz japonesa ha enfrentado, durante los últimos años, resultados financieros por debajo de lo esperado a nivel global, acompañados de una caída en ventas y de una adopción limitada de su línea de lujo Infiniti, precisamente la que se ensamblaba en COMPAS y estaba orientada principalmente al mercado estadounidense. A ello se sumaron las dificultades arancelarias que complicaron la viabilidad de exportar estos modelos desde México, obligando incluso a suspender pedidos en Norteamérica.
En paralelo, Nissan exploró una posible fusión con Honda, anunciada preliminarmente en diciembre de 2024, pero descartada apenas tres meses después al no encontrar condiciones aceptables para sus accionistas. En un episodio que evidenció la presión bajo la cual operan hoy las grandes automotrices, obligadas a reducir costos, cerrar plantas y concentrar su producción en entornos que ofrezcan certidumbre, estabilidad normativa y competitividad de largo plazo.
De ahí surge su plan de reestructuración global Re:Nissan, que contempla el cierre de plantas, despidos y consolidaciones estratégicas. En México, este proceso no sólo afectó a COMPAS, sino que también implicó el cese de operaciones de la histórica planta CIVAC, en Cuernavaca, la primera que tuvo en la región e inauguró en 1966, es decir, el cierre de un proyecto de seis décadas. La estrategia apunta a concentrar toda la producción nacional a su complejo en Aguascalientes hacia el cierre del año fiscal 2025, es decir, marzo de 2026.
A nivel global, Nissan busca reducir su capacidad productiva (excluyendo China) de 3.5 a 2.5 millones de unidades, disminuir su número de plantas de 17 a 10 y elevar la tasa de uso de cada instalación al 100%. Bajo esta lógica, sólo sobrevivirán las plantas ubicadas en países que ofrezcan condiciones óptimas para operar y crecer.
Aunque la empresa ha reiterado que Nissan Mexicana es uno de los pilares de su estrategia global, ello no ha sido suficiente para proteger los empleos perdidos ni para garantizar la reutilización inmediata de la infraestructura industrial que queda vacante. Se trata de plantas con mano de obra altamente calificada, maquinaria probada y redes logísticas consolidadas, que hoy permanecen sin un destino claro porque el entorno económico no ofrece incentivos suficientes para atraer nuevos proyectos.
Aquí es donde la discusión deja de ser exclusivamente empresarial y se vuelve política. Para el gobierno federal y el Poder Legislativo debería ser una prioridad evitar la fuga de capitales mediante la construcción de un entorno de certidumbre jurídica, reglas claras, incentivos a la inversión y una política industrial compatible con la dinámica global. Sin embargo, las señales emitidas hasta ahora parecen apuntar en sentido contrario.
La insistencia en decisiones guiadas más por el ideario político que por la competitividad económica, así como la participación en esquemas arancelarios contra regiones con las que México no tiene tratados comerciales, resultan medidas de corto alcance. Estas no corrigen los problemas estructurales de competitividad y, por el contrario, incrementan la percepción de riesgo entre los inversionistas internacionales.
El fondo del problema no es la competencia externa, sino la incapacidad de generar condiciones internas que permitan atraer, retener y sustituir inversiones estratégicas. Mientras México no logre evitar el retiro de capitales, así como llenar los espacios que dejan las empresas que se retiran, cada cierre enviará una señal negativa adicional al mercado global. Y en una industria tan fundamental para la región como la automotriz, esas señales pesan tanto como cualquier arancel.

