Derechos de autor, recaudación y acceso a la cultura: el debate pendiente del “moche digital”

En los últimos días ha trascendido mediáticamente que la Secretaría de Cultura estaría analizando retomar una controvertida medida relacionada con los derechos de autor, una propuesta que durante años ha formado parte del debate legislativo mexicano, pero cuya implementación nunca había alcanzado una posibilidad tan concreta como la que ahora se plantea.

De acuerdo con la información circulada, estaría en revisión una versión preliminar del mecanismo mediante el cual se establecería un cobro adicional a determinados dispositivos tecnológicos con capacidad de almacenamiento o reproducción de obras protegidas, una medida que habría sido comunicada a representantes de la industria y que involucraría a la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y sociedades de gestión colectiva como la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

La propuesta tendría como objetivo generar recursos destinados a titulares de derechos de autor, proyectos culturales y actividades relacionadas con la promoción artística. Bajo el esquema difundido, 67.5 % de lo recaudado se dirigiría a titulares de derechos, 22.5 % a proyectos culturales y sociedades de gestión colectiva, mientras que 10 % correspondería a gastos administrativos y jurídicos derivados de la operación de este mecanismo.

El objetivo de fortalecer económicamente a creadores, impulsar proyectos culturales y mejorar las condiciones de producción artística es, en sí mismo, legítimo. Sin embargo, la discusión económica y jurídica alrededor de esta propuesta requiere mayor profundidad, pues el mecanismo planteado podría generar efectos contrarios a los buscados: trasladar costos a consumidores, afectar derechos de propiedad personal y ampliar brechas de acceso a tecnología, cultura y conocimiento.

Un cobro sobre la posibilidad de infringir

Es importante señalar que, hasta ahora, la medida permanece en el terreno de la discusión pública y no existe una versión definitiva que permita evaluar todos sus posibles alcances. Sin embargo, el análisis debe realizarse desde su diseño conceptual, porque ahí aparecen sus principales riesgos y problemas de fondo.

La propuesta plantearía añadir un gravamen cercano al 2 % sobre dispositivos tecnológicos capaces de almacenar, reproducir o gestionar contenidos protegidos por derechos de autor. Esto incluiría una amplia variedad de herramientas utilizadas actualmente en la vida cotidiana, por nombrar algunos: teléfonos inteligentes, tablets, computadoras, memorias USB, tarjetas de almacenamiento, discos duros, unidades de estado sólido, impresoras, escáneres y equipos multifuncionales.

El problema central es que el cobro no estaría vinculado con una conducta específica, sino con una posibilidad técnica de realizarla. Es decir, se aplicaría una carga económica sobre millones de usuarios independientemente de si utilizan sus dispositivos para consumir contenido protegido, crear obras propias, estudiar, trabajar, almacenar información personal o simplemente administrar sus archivos.

Esto abre una discusión relevante sobre proporcionalidad. Un teléfono inteligente, una computadora o una memoria externa son herramientas de uso múltiple cuya función principal no es reproducir ilegalmente obras protegidas, sino facilitar actividades económicas, educativas, laborales y personales dentro de una sociedad ya ampliamente digitalizada.

Además, entre sus problemas de diseño, esto podría constituir una especie de doble gravamen, debido a que los dispositivos tecnológicos ya están sujetos a impuestos como el IVA al momento de su comercialización, mientras que muchos servicios digitales asociados al consumo de contenido también generan obligaciones fiscales. Añadir una cuota adicional por una capacidad inherente al funcionamiento del producto puede terminar convirtiéndose en una carga más para la población que adquiere dispositivos tecnológicos.

El antecedente de 2021

La discusión no es nueva. En 2021, una propuesta similar fue conocida popularmente como “moche digital” y planteaba un cobro a fabricantes e importadores de dispositivos de almacenamiento bajo el argumento de que estos equipos pueden utilizarse para realizar copias privadas de obras protegidas.

Aquella iniciativa generó rechazo entre diversos sectores y finalmente no avanzó en el Congreso, incluso sin contar con respaldo pleno del oficialismo. En ese momento se estimaba que el mecanismo podría generar una recaudación de entre 4 mil y 6 mil millones de pesos, que fortalecerían el financiamiento cultural y a los propietarios y administradores de derechos.

La oposición a ese modelo no partía necesariamente de negar la importancia de proteger los derechos de autor, sino de cuestionar si la vía adecuada era imponer una carga generalizada a consumidores y herramientas tecnológicas utilizadas para múltiples propósitos.

La experiencia internacional con mecanismos similares ha generado debates precisamente sobre ese punto: cómo compensar a creadores sin asumir que toda persona que compra tecnología tiene una relación potencialmente infractora con las obras protegidas.

Derechos de autor y derechos de las audiencias

El debate también requiere considerar que el derecho de autor no funciona únicamente como una protección absoluta para los titulares y gestores de las obras. La propia legislación mexicana contempla limitaciones y excepciones que reconocen otros intereses sociales vinculados con el acceso, la educación, la investigación, la preservación y el uso personal de licencias de reproducción.

La Ley Federal del Derecho de Autor permite, bajo determinadas condiciones, reproducciones para uso personal y privado sin fines de lucro, copias realizadas por instituciones educativas o de investigación, reproducción por archivos y bibliotecas por razones de seguridad y preservación, así como usos vinculados con crítica, investigación e información.

Estas excepciones existen porque la cultura no sólo se conserva mediante la explotación comercial de una obra, sino también mediante prácticas de acceso, documentación y preservación que permiten mantener vivo el patrimonio cultural.

Una política que grave indiscriminadamente dispositivos tecnológicos podría terminar afectando precisamente esas actividades. La creación de respaldos personales, la conservación de archivos digitales, la migración entre formatos o el almacenamiento de contenidos adquiridos legalmente forman parte del uso cotidiano de la tecnología y no necesariamente representan una afectación económica para los titulares de derechos.

El riesgo es que, bajo el argumento de combatir posibles infracciones, se termine castigando también a quienes ejercen usos legítimos de su propia propiedad y a quienes realizan labores de preservación cultural que van más allá del afán de lucro o interés monetario. 

Una discusión fiscal disfrazada de cultural

El contexto económico tampoco puede ignorarse. México enfrenta presiones fiscales derivadas del crecimiento del gasto público, programas sociales, proyectos de infraestructura y compromisos presupuestales crecientes. Buscar nuevas fuentes de ingreso es una preocupación válida para cualquier administración y un gasto robusto no es inherentemente algo negativo de invertirse en rubros pertinentes.

Sin embargo, hay una discusión necesaria sobre si mecanismos como este representan una solución eficiente o si simplemente trasladan nuevamente la carga económica hacia consumidores que ya enfrentan costos elevados para acceder a bienes tecnológicos que cada vez más adquieren un carácter socialmente indispensable.

El debate de fondo no es si los creadores culturales merecen mejores condiciones o si el Estado todavía tiene pendientes sobre su capacidad de gestionar las industrias creativas, eso es un hecho. La pregunta es quién debe asumir el costo y bajo qué criterio.

Una política cultural sólida requiere fortalecer instituciones, ampliar oportunidades de producción artística y garantizar que los creadores reciban una compensación justa. Sin embargo, esto no debería ocurrir mediante esquemas que conviertan la adquisición de herramientas básicas para la vida digital en una fuente adicional de recaudación generalizada.

La protección de la cultura y el respeto a la propiedad intelectual son objetivos compatibles con el acceso tecnológico y los derechos de las audiencias. No obstante, debe construirse un equilibrio que no convierta a millones de usuarios en presuntos responsables que pagan una multa antes de realizar cualquier conducta indebida.

Ante esta medida, la discusión pública no debería limitarse a cuánto dinero puede recaudar o su mero impacto económico, sino que debería invitar a preguntarse qué tipo de relación quiere construir México entre cultura, tecnología, propiedad y acceso al conocimiento.