La transición energética también es soberanía

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha reconfigurado el mapa energético y logístico global. La parálisis del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, ha provocado una contracción del suministro y un aumento sostenido de precios que ya ronda los 100 dólares por barril, con proyecciones de alcanzar los 150 dólares incluso si se lograra un cese al fuego en el corto plaza.

Más allá del precio inmediato del crudo, el impacto radica en la ruptura de las cadenas de suministro, con la reducción de millones de barriles diarios y los riesgos en rutas alternas como el Mar Rojo que han generado un efecto dominó que afecta combustibles, transporte, producción industrial y costos logísticos a nivel global.

Las economías más dependientes del Golfo Pérsico, particularmente en Asia, enfrentan presiones inflacionarias severas. Países como Japón, Corea del Sur o Filipinas, altamente dependientes de estas importaciones, han quedado expuestos a decisiones geopolíticas externas sin contar con margen de maniobra para solventar sus necesidades energéticas.

Vulnerabilidad global y efectos económicos sistémicos

Globalmente, este escenario no se limita a encarecer la energía, sino que también impacta sectores estratégicos como la producción de fertilizantes, lo que eleva los costos agrícolas y podría reflejarse en los precios de los alimentos a mediano plazo.

Además, la disrupción alcanza materiales críticos como el helio, fundamental para la industria tecnológica más especializada. Por lo que la crisis energética se convierte en un fenómeno que atraviesa múltiples cadenas productivas, desde los alimentos hasta los semiconductores.

En términos generales, la guerra sobre Irán aumenta los costos de producción, reduce los márgenes industriales y limita la capacidad de los gobiernos para amortiguar sus crisis mediante subsidios o política monetaria. Por lo que puede preverse un menor crecimiento económico y mayor incertidumbre a nivel global.

En regiones con menor resiliencia institucional, estos shocks pueden traducirse en inestabilidad política, pues las crisis energéticas prolongadas suelen detonar tensiones sociales y agravar la desigualdad estructural. En este sentido, la seguridad energética es un eje fundamental de estabilidad económica y gobernabilidad.

El caso de México: dependencia y presión sobre el crecimiento

México no es ajeno a esta vulnerabilidad. Más del 60% de su generación eléctrica depende del gas natural y, de este, más del 90% es derivado de importaciones que principalmente provienen de Estados Unidos. Si bien, hay una integración económica significativa e interdependiente en Norteamérica, no deja de conllevar un riesgo estructural ante la disrupción e influencia externa.

A ello se suma una transición energética rezagada. Con apenas 24.4% de energías limpias en la matriz eléctrica nacional, que ubican al país por debajo del promedio de la OCDE, lo que limita su capacidad tanto de reducir emisiones como de competir industrialmente a largo plazo, pues esto refleja una falta de inversión y actualización de la red energética.

El reto se agrava ante el crecimiento proyectado de la demanda eléctrica. Fenómenos como el nearshoring, la digitalización y el desarrollo de inteligencia artificial podrían incrementar el consumo en más del 30% en los próximos cinco años, por lo que el desarrollo económico pondrá a prueba una infraestructura limitada.

Sin una expansión suficiente de la capacidad energética, este crecimiento podría convertirse en un cuello de botella para la inversión, afectando directamente la competitividad industrial del país.

Transición energética como estrategia económica

La transición energética no es únicamente una necesidad en cuanto a sostenibilidad, sino que representa una estrategia económica y sociopolítica de largo plazo. Diversificar la matriz energética permite reducir la exposición a choques externos y contribuir a la estabilidad de costos tanto para la industria como para los hogares.

En este sentido, el impulso a las energías renovables debe acompañarse de inversiones en almacenamiento, redes eléctricas y sistemas de distribución, ya que la capacidad de generación por sí sola resulta insuficiente si no se cuenta con infraestructura que permita gestionar su intermitencia.

De ahí que esquemas como la generación distribuida, el autoconsumo y las microrredes cobren relevancia al ofrecer soluciones escalables que pueden fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico nacional mediante la descentralización de la producción y la disminución de la carga sobre la red.

Sin embargo, el avance de estas alternativas depende de que se establezca un entorno regulatorio claro y consistente, con incentivos que atraigan inversión y reduzcan la incertidumbre jurídica que ha frenado el desarrollo del sector.

Lecciones internacionales y el caso de China

El caso de China ejemplifica una estrategia energética pragmática: lejos de abandonar de forma abrupta los combustibles fósiles, ha optado por diversificar su matriz, modernizar su infraestructura y expandir agresivamente las energías limpias.

Esta política le ha permitido reducir su vulnerabilidad ante choques externos y, al mismo tiempo, impulsar sectores estratégicos como la manufactura tecnológica, los vehículos eléctricos y los centros de datos que movilizan la economía digital.

La lógica de fondo no ha sido sustituir inmediatamente una fuente por otra, sino construir redundancias que aseguren estabilidad, costos competitivos y seguridad en el suministro.

Aunque México no puede replicar este modelo de manera directa al tratarse de un país con sus propias características y necesidades, sí puede adoptar el principio de diversificación como un eje rector de su política energética, ajustándolo a sus propios recursos, capacidades y condiciones materiales.

Soberanía energética y coordinación internacional

La transición energética implica una transformación integral del sistema económico que no puede limitarse a sólo cambiar de fuentes de generación, sino que conlleva reconfigurar los procesos de producción, distribución y consumo de energía.

La Primera Conferencia para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles, prevista para abril, se perfila como una oportunidad para revisar experiencias internacionales, alinear estrategias, acceder a financiamiento y avanzar hacia marcos regulatorios que faciliten una transición ordenada.

Mantener la dependencia actual implica asumir costos crecientes y vulnerabilidad externa. Apostar por una transición energética planificada, en cambio, abre la puerta a mayor soberanía, estabilidad económica y desarrollo sostenido.