México está perdiendo patrones y eso refleja su insuficiencia institucional

México acumula dos años consecutivos de caída en registros patronales, una situación que refleja los efectos de unos costos laborales crecientes y la inseguridad.

En 2025 se eliminaron 24 mil 367 registros patronales reconocidos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se suman a los 17 mil 397 dados de baja en 2024. El país pasó de un millón 73 mil 736 empleadores en septiembre de 2023 a un millón 39 mil 351 en enero de 2026. En este sentido, se trata de empresas que cerraron, se redujeron o dejaron la formalidad.

La pérdida de registros patronales no es algo menor, pues es un dato oficial que implica menor generación de empleo formal, reducción de la base de contribuyentes y una presión adicional sobre los mecanismos de seguridad social. Cada patrón que desaparece representa una unidad productiva menos sosteniendo nóminas, impuestos y consumo.

Un balance entre el bienestar social y la carga patronal

Uno de los principales factores detrás de esta contracción es el aumento sostenido en el costo laboral formal. De acuerdo con el estudio “Costos del trabajo asalariado en América Latina y el Caribe” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el costo mínimo de la mano de obra en México pasó de representar 10.7% del PIB por trabajador en 2013 a 21.4% en 2023, con un aumento estimado adicional hacia 2025.

Este encarecimiento responde a tres decisiones estructurales: incrementos de doble dígito al salario mínimo desde 2019, la reforma de pensiones de 2020 y la ampliación de vacaciones en 2022. Medidas que fortalecen derechos laborales y atienden una necesidad histórica para compensar remuneraciones insuficientes para sostener una vida digna, pero que también elevan el costo total de contratación para las empresas, que afecta más significativamente a las micro y pequeñas.

El salario mínimo, por ejemplo, pasó de 88.40 pesos diarios en 2018 a 315.04 pesos en 2026, un crecimiento real de 154%; con una meta declarada oficialmente de alcanzar 440 pesos diarios en 2030. El desafío en el proceso es que institucionalmente se garantice la capacidad del aparato productivo para absorber el costo de tales remuneraciones, con la velocidad suficiente, y sin perder formalidad.