México entra al juego de atrición arancelaria

La aprobación en lo general de la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación marca una apuesta económica de alto riesgo. Aunque el discurso oficial la presenta como un paso hacia la soberanía industrial y la relocalización estratégica dentro del Plan México, las medidas arancelarias delineadas contienen tensiones que van del proteccionismo clásico a la presión geopolítica ejercida por Estados Unidos, el principal socio comercial del país.

El paquete establece incrementos arancelarios para más de mil fracciones relacionadas con sectores clave: autopartes, automóviles ligeros, textiles, acero, plásticos, electrodomésticos, juguetes, muebles, aluminio, motocicletas, vidrio y calzado. La lista abarca países con fuerte presencia en el mercado mexicano y, sobre todo, el global, entre ellos China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y el Taipéi Chino.

De acuerdo con el CEFP, más del 75% de las importaciones sujetas a ajuste provienen de estas economías. Eso implica que los efectos serán visibles en industrias dependientes de insumos extranjeros, desde la manufactura metalmecánica hasta el ensamblaje automotriz y el sector textil. El objetivo aparente es dar oxígeno a la producción nacional, incentivar la sustitución de importaciones y elevar el valor agregado interno.

El dictamen incorporó modificaciones luego de recibir 27 propuestas de cámaras empresariales, 20 de empresas y cuatro mesas de trabajo con sectores productivos. De las mil 463 fracciones revisadas, 391 se mantuvieron sin cambios; 974 registraron una reducción promedio de 28% respecto a la propuesta original; 104 quedaron con arancel de 5% para armonizar con tratados de libre comercio; 115 fueron eliminadas y 115 nuevas se incorporaron. Entre las retiradas, 13 pertenecían a industrias sensibles como acero y aluminio.

Las fracciones ajustadas representan alrededor de 51 mil 910 millones de dólares en importaciones, equivalentes al 8.3% del total importado en 2024. Los aranceles se preservan con la promesa de que el impacto inflacionario sería limitado, debido a la baja ponderación de esos bienes dentro del índice general de consumo.

Sin embargo, el contexto económico agrega matices que complican esta lectura. La inflación anual repuntó a 3.80% en noviembre, frente al 3.57% de octubre, y el componente subyacente, que sirve para evaluar presiones de fondo, subió a 4.43%, su nivel más alto desde marzo de 2024. Las mercancías repuntaron a 4.37%, y dentro de ellas los alimentos, bebidas y tabaco crecieron 5.07% anual, encareciendo la canasta de consumo cotidiano.

El incremento en precios también se explicó por mayores costos en electricidad, transporte público y productos agrícolas como el jitomate. Aunque algunos insumos (como el aguacate, papa o tequila) bajaron, la tendencia general muestra que las presiones no ceden en la velocidad esperada por el Gobierno federal y el Banco de México.

En ese entorno, las medidas arancelarias podrían generar efectos secundarios inesperados. Si bien buscan proteger a la industria nacional, también podrían elevar costos de producción en sectores fuertemente integrados a cadenas globales, reducir la competitividad exportadora e incluso trasladarse a precios finales. En un mercado donde la sustitución de importaciones requiere infraestructura, financiamiento e innovación, el ajuste podría no rendir frutos inmediatos.

La dimensión política tampoco es menor. México se mueve en un espacio donde la presión comercial de Estados Unidos es constante, desde disputas por energía y agua hasta amenazas arancelarias pasadas que han golpeado al peso con tan solo un tuit. En ese marco, adoptar medidas de corte proteccionista sin una estrategia de autonomía tecnológica y productiva puede traducirse en vulnerabilidad, no una fortaleza.

El giro arancelario representa, en suma, un cambio relevante en la política comercial del país. Podría ofrecer oportunidades para sectores capaces de escalar su producción, pero también abre la puerta a mayores costos internos y a una relación más tensa con proveedores globales. En un momento donde el costo de vida repunta y la inflación subyacente se acelera, cualquier fricción adicional en las cadenas de suministro debe evaluarse con cautela.

México entra así a un juego de atrición arancelaria que exige algo más que voluntad política: requiere una ruta técnica clara, una medición rigurosa de impactos y una visión industrial que trascienda el corto plazo.