La renovación del PACIC: un respiro para la economía popular, pero no una estrategia suficiente

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum oficializó la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), acompañada por integrantes del gabinete federal, empresarios y representantes de cadenas comerciales y compañías del sector alimenticio. Encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), firmaron un acuerdo para mantener en 910 pesos el precio de la canasta básica, 24 productos esenciales, durante al menos los próximos seis meses.

La medida, heredada del sexenio anterior, busca contener el costo de vida en un país donde la inflación, aunque moderada, sigue presionando los bolsillos. La participación de 20 empresas productoras y 12 cadenas de autoservicio da continuidad al compromiso de sostener precios accesibles y ofrece a los hogares un respiro ante la carestía.

Pero por sí mismo, el acuerdo no resuelve el problema estructural: la economía de las familias mexicanas sigue bajo presión.

El costo de vivir en México

Aunque la inflación se ha mantenido en rangos controlados por el Banco de México y el salario mínimo ha crecido de forma importante en los últimos años, los ingresos reales de la mayoría de las personas siguen siendo insuficientes para cubrir gastos que aumentan sistemáticamente: vivienda, educación, transporte, alimentos dentro y fuera de casa y servicios básicos. A ello se suma el impacto indirecto del Paquete Económico federal, que fortalece la recaudación y encarece rubros de consumo cotidiano.

En ese contexto, el PACIC mitiga el impacto de algunas de esas afectaciones, pero no necesariamente soluciona de forma sostenible el problema de fondo. Sin una política económica de desarrollo, diversificación y empoderamiento de sectores estratégicos, que beneficie también a sus trabajadores, este mecanismo puede quedar como mero paliativo.

Crecimiento económico: demasiado poco, demasiado lento

La economía mexicana enfrenta un estancamiento persistente. Los datos más recientes del INEGI muestran que octubre no tuvo variación respecto al mismo periodo del año anterior y que en el tercer trimestre la actividad económica se contrajo 0.3%, afectada por la desaceleración industrial, la incertidumbre global y un alza de costos que ha frenado la concretación de inversiones.

Paradójicamente, entre los pocos sectores con números positivos están agricultura y ganadería, con un crecimiento anual cercano al 3%. Sin embargo, estas ganancias no llegan a los trabajadores del campo, quienes siguen teniendo que movilizarse por mejores precios, seguridad y condiciones laborales dignas.

Incluso al prescindir de mediciones como el PIB como indicador principal del desarrollo económico, que ha mantenido un crecimiento constantemente inferior al 2 % en los últimos años, y se pasa a una visión de desarrollo social y prosperidad compartida, México sostiene enormes carencias en servicios públicos, infraestructura social, vivienda, transporte y seguridad. Áreas que determinan la calidad de vida y la movilidad social, y donde el progreso real resulta insuficiente. La pobreza y la desigualdad no se erradican con mera inflación contenida, sino con instituciones sólidas, inversión constante y una estrategia clara para que la riqueza se distribuya.

Un panorama de optimismo y cautela simultáneos

En los próximos meses se revisará el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el acuerdo comercial más importante para el país. La revisión representa tanto un desafío como una oportunidad: renegociar condiciones que favorezcan a sectores estratégicos (como son el campo, farmacéutica, automotriz o energético), fortalecer las cadenas productivas y logísticas nacionales, así como generar las condiciones para aprovechar plenamente el nearshoring, que hoy avanza pero no con la fuerza para la que tiene potencial.

También se juega la estabilidad de millones de hogares que dependen de las remesas, un componente crucial pero sintomático de la falta de empleos bien remunerados en México.

Las proyecciones económicas para el próximo año coinciden en un crecimiento limitado. El Bank of America, Citi, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de México calculan un avance entre 1% y 1.4%, en el mejor de los casos. Las estimaciones más conservadoras lo ubican alrededor de 0.5%. Son números bajos para un país que necesita dinamismo y certidumbre para atraer inversiones, diversificar mercados y generar empleos formales.

Superar la inercia del estancamiento exigirá decisiones económicas estratégicas, políticas públicas consistentes y, sobre todo, crear condiciones para que la inversión tenga sentido para las empresas, las y los emprendedores, así como quienes sostienen los pequeños negocios que forman una parte fundamental de la vida nacional y, que a su vez, dé resultados tangibles para toda la población.

Por lo tanto, renovar el PACIC es un paso positivo: ofrece certeza a los hogares y ayuda a controlar el costo de los alimentos. Pero no es suficiente. El país necesita una agenda económica que fortalezca la industria nacional, incentive la diversificación comercial, dé certidumbre a la inversión, promueva nuevos acuerdos y cadenas de valor, mejore infraestructura y servicios públicos, y asegure que el crecimiento llegue a quienes hoy están marginados: trabajadores, campesinos, emprendedores, mujeres y jóvenes.

México tiene sectores resilientes y oportunidades reales. Lo que falta es traducirlas en una economía que no sólo crezca a un ritmo suficiente, sino que reparta sus beneficios.