El campo mexicano: un pilar desatendido de la economía

El presupuesto federal para el próximo año volvió a exhibir una de las injusticias históricas más persistentes en México: el abandono del campo. A pesar de ser el motor esencial de la seguridad alimentaria y un componente base para el funcionamiento del resto de la economía, los productores agrícolas continúan siendo relegados en las decisiones presupuestales, mientras enfrentan condiciones cada vez más precarias para sostener su trabajo, sus familias e, incluso, sus vidas.

El reciente Paro Nacional Agropecuario puso el problema en el centro de la conversación pública. En todo el país, productores se movilizaron para exigir precios justos y medidas efectivas que les permitan competir, como precios de garantía o la exclusión de granos esenciales (como trigo, sorgo y maíz) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Lo que demandan no es privilegio, sino equidad ante un mercado internacional saturado por la producción subsidiada extranjera, que inunda al país sin dejar margen de ganancia o posibilidad de competencia para los productores locales.

Mientras tanto, el Estado mexicano continúa ofreciendo respuestas que apenas alcanzan el nivel de paliativo. Los programas sociales, como Sembrando Vida o Producción para el Bienestar, se concentran en la asistencia más que en la productividad. Se destinan recursos al sostenimiento, pero no a fortalecer la infraestructura, la innovación ni los canales de distribución. Y cuando el presupuesto federal para 2026, por alcanza un total de 10.19 billones de pesos, apenas asigna 75 mil 836 millones a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), que además disminuye con respecto a un año antes, por lo que resulta evidente que el campo no forma parte de las prioridades estratégicas del país.

Competencia desleal y vulnerabilidad estructural

La crisis del campo no sólo es interna. La apertura comercial bajo el T-MEC, y antes el TLCAN, ha colocado a los productores mexicanos en un panorama de competencia desigual. De acuerdo con el Consejo de Granos de Estados Unidos, las exportaciones de maíz estadounidense a México alcanzaron 23.4 millones de toneladas métricas en el ciclo comercial 2023-2024 (que contempla la temporada septiembre-agosto): un récord histórico que convirtió a México en el principal destino del maíz estadounidense y, al mismo tiempo, en uno de los países más dependientes de la importación de este grano a nivel global.

El problema no es sólo económico, sino estructural. En Estados Unidos, la producción agrícola recibe subsidios que superan los 9.3 mil millones de dólares anuales. De los que el maíz por sí solo concentró 3.2 mil millones, equivalentes al 30% del total de subsidios federales a la agricultura. El resultado es un mercado distorsionado: mientras los productores estadounidenses operan bajo esquemas de protección que les garantizan estabilidad, los mexicanos deben enfrentar los costos crecientes de insumos, transporte e inseguridad rural sin un respaldo institucional comparable.

Además, la expansión de la infraestructura ferroviaria en México, pensada para facilitar el comercio tanto al interior como con el principal socio norteamericana, podría agravar la situación. De acuerdo con la National Corn Growers Association, el aumento de la capacidad logística entre ambos países permitirá elevar aún más las exportaciones agrícolas de Estados Unidos hacia el sur, reduciendo costos y tiempos. Lo que para la región puede verse como eficiencia comercial, para los agricultores mexicanos significa competencia aún más intensa y una amenaza real a su viabilidad económica.

Entre la retórica y la realidad

Paradójicamente, el maíz, que se usa como símbolo de identidad nacional y es un tema recurrente en la narrativa oficial de las administraciones federales de Morena, es uno de los cultivos más vulnerables. A pesar de los discursos que exaltan la soberanía alimentaria y la protección de los maíces nativos, los productores enfrentan un mercado donde su producto se paga a apenas 5 mil pesos por tonelada, cuando ellos demandan un precio de 7 mil 200 pesos para cubrir costos y mantener la rentabilidad mínima.

El desfase entre el discurso y la práctica se refleja también en el presupuesto. De acuerdo con México Evalúa, el gasto en agricultura ha caído 35.6% en términos reales desde 2018, una contracción que ha implicado la desaparición de programas clave como el de Comercialización y Desarrollo de Mercados, Fomento a la Agricultura, o Desarrollo Rural. En cambio, los apoyos directos y los subsidios universales han crecido, dejando de lado los mecanismos técnicos, crediticios y de acompañamiento que permiten construir productividad y sostenibilidad a largo plazo.

La reducción presupuestal no sólo limita la producción. En amplias zonas del país, el abandono institucional ha dejado a los trabajadores del campo a merced del crimen organizado, que controla territorios, cobra extorsiones e impone precios. Así, el problema económico se convierte también en un problema de seguridad y de justicia social.

Un sector estratégico, pero invisible

Resulta contradictorio que en un país que busca fortalecer su posición internacional y diversificar su economía, se ignore a uno de sus sectores más estratégicos. El campo mexicano no sólo alimenta al país: sostiene cadenas productivas industriales, genera empleo rural y contribuye a la estabilidad social. Sin embargo, cada año, el presupuesto lo trata como si fuera un asunto asistencial y no un eje productivo.

El desafío, entonces, no pasa por aumentar marginalmente el gasto, sino por replantear la política agrícola nacional. Si México aspira a competir en el mercado global, no puede hacerlo desde la vulnerabilidad de sus productores ni a costa de su autosuficiencia alimentaria.

Sin agricultores no hay comida, pero tampoco país. Lo que hoy se juega en el campo no es sólo la economía de un sector: es la base misma de la soberanía y del desarrollo futuro.