Cuando el gobierno no escucha, el crimen no perdona
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, exhibe el costo de la indiferencia institucional ante la violencia. En un país donde exigir justicia se convierte en un acto de riesgo, la omisión del Estado se paga con vidas
El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, durante un evento público la noche del sábado 1 de noviembre, quebró la ilusión de calma que acompañaba a las festividades del Día de Muertos. Las celebraciones se vieron abruptamente interrumpidas por un crudo recordatorio: la violencia no respeta fechas, ni cargos, ni discursos. En México, cualquiera que desafíe el orden impuesto por el crimen organizado, ese sistema paralelo que coexiste, se infiltra y a veces sustituye o se entremezcla con el Estado, corre el riesgo de morir.
Lo ocurrido no fue un hecho aislado o aleatorio. Fue la culminación de un proceso prolongado de desatención institucional. Manzo, que llegó al cargo como alcalde independiente tras su desilusión en su paso por la Cámara de Diputados con Morena, había alzado la voz una y otra vez para exigir la intervención del gobierno estatal y, sobre todo, del federal. Su reclamo era sencillo: que el Estado hiciera su trabajo en garantizar la seguridad de la población.
Desde el inicio de su administración, el alcalde se involucró directamente en los operativos de seguridad municipal y denunció sin rodeos la expansión del crimen organizado. Por ello recibió amenazas y agresiones que, desde diciembre de 2024, obligaron a establecer un protocolo de protección federal con escoltas de la Policía Municipal y posteriormente con elementos de la Guardia Nacional. En julio de este año sobrevivió a un intento de secuestro o “levantón” que fue adjudicado a una de las principales organizaciones responsables por la escalada de violencia, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En septiembre, las condiciones de inseguridad alcanzaron un auge representado por un ataque directo a elementos de la Policía Municipal que dejaron a un oficial asesinado, por lo que el alcalde decidió cancelar la celebración de las fiestas patrias, un gesto que entonces se leyó como advertencia y hoy parece preludio, no había garantías de seguridad para dar continuidad a los festejos tradicionales.
La insistencia en que el fiscal, el gobernador y la presidenta asumieran su responsabilidad chocó con el muro de la indiferencia institucional. Los llamados de auxilio no tuvieron eco. Su asesinato fue, en ese sentido, una consecuencia previsible de la insuficiente política de seguridad y la falta de consternación por las víctimas de este fenómeno que ha dominado por la mayor parte de dos décadas la vida nacional.
Días antes, Bernardo Bravo, líder limonero y representante de los productores agrícolas michoacanos, corrió la misma suerte. También él había denunciado públicamente las extorsiones, amenazas y la violencia que impiden a los campesinos trabajar con dignidad, en un panorama que ya de por sí es complicado por el desinterés político en garantizar precios justos y condiciones dignas para el desempeño de su trabajo. Bravo exigió seguridad para la población y, particularmente, para el sector del que depende buena parte de la seguridad alimentaria nacional. Y también fue silenciado.
El patrón se repite: quienes exigen al Estado cumplir su función de garantizar justicia y seguridad terminan siendo víctimas de la misma violencia que intentaban detener. Mientras tanto, los grupos criminales continúan expandiendo su control sobre el país y su economía, ya no solo mediante el narcotráfico, sino a través de la extorsión sistemática, los cobros de piso y el dominio territorial.
La tragedia de Michoacán, como la de muchas otras regiones del país, no se resume en cifras o nombres propios: es el reflejo de un Estado que ha normalizado su propia impotencia. Entre la retórica de la pacificación y los datos oficiales maquillados, los ciudadanos que alzan la voz quedan expuestos, solos, frente al crimen y frente al silencio de las instituciones.

