Un año después del primer 9M: la violencia contra las mujeres y los pendientes de las universidades

Por Argelia Carrera, profesora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro.

Twitter: @argelia_carrera

El 9 de marzo del 2020, organizaciones colectivas feministas convocaron a todas las mujeres de México a no asistir al trabajo o la escuela, a no encargarse de las labores del hogar. Un día sin mujeres para crear conciencia, para protestar contra la violencia que se vivía en un país que asesinaba 10 mujeres todos los días de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Hoy, a un año de ese paro nacional, las cifras siguen siendo aterradoras. Once mujeres son asesinadas todos los días; el 97 por ciento de los casos de feminicidios quedan impunes. De acuerdo con un informe de la Asociación Impunidad Cero, los feminicidios han crecido 137.6 por ciento desde el 2015. Cada cuatro minutos una mujer es violada. Más de la mitad de las mujeres en México han sufrido violencia por parte de sus parejas sentimentales. Datos de la CONAVIM muestran que en el 2020 se registraron 57 mil 495 denuncias de mujeres víctimas de lesiones dolosas,158 cada día, siete cada hora.  Desde el 2018, la FGJ ha abierto 300 carpetas de investigación por delitos sexuales contra policías y elementos de la Guardia Nacional; ocho de cada diez de estos delitos ocurrieron cuando los elementos estaban en servicio. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio reporta que en la Fiscalía hay cerca de 9 mil carpetas de delitos sexuales sin resolver.

Como resultado, solamente una mujer de cada diez se atreve a denunciar.

Estas cifras nos representan como sociedad. Y no son menos apremiantes cuando nos acercamos con lupa a espacios más pequeños, por ejemplo, las universidades.  Los datos distan mucho de ser perfectos y no se han construido desde estudios nacionales, sino a través de experiencias particulares, de investigaciones valientes que nos dejan tarea a quienes laboramos en las universidades.

Estudios de caso en distintas universidades han arrojado violencia psicológica hasta en un 40 por ciento de incidencias; violencia económica en un 13 por ciento de los casos; y violencia física en el 45 por ciento de los casos, de los cuales el 60 por ciento fueron perpetrados por varones.  En un reportaje que apareció en un periódico de tiraje nacional, 20 planteles de universidades estatales mexicanas sumaron 364 quejas de acoso y hostigamiento sexual.

En 2017, el movimiento #MeToo llegó a México a través de denuncias virtuales en las redes sociales y, en el 2019, toca con fuerza a las instituciones de educación superior.  Veinte universidades públicas y al menos quince privadas son denunciadas por casos de violencia sexual a través de las redes sociales.

Las violencias directa, estructural o simbólica, sexual física o psicológica, están presentes en nuestros espacios universitarios y, en el Día Internacional de la mujer, nos convoca no solo a reflexionar, sino a recordar y señalar la responsabilidad que tenemos, así como las acciones que debemos emprender para transformar esta realidad.

La responsabilidad de las universidades no es menor. Las y los jóvenes conviven en nuestras aulas, presenciales o virtuales. Están conectados como nunca. Discuten y aprenden en nuestros espacios; desde allí generan propuestas innovadoras e inspiran los cambios. Pueden ser los contribuidores de la paz y la seguridad humana o los promotores de las violencias.

Debemos reconocer que tenemos tareas pendientes en favor de la eliminación de las violencias contra las mujeres al interior de las universidades. Empezando por reconocer los errores de nuestro propio pasado institucional, romper con la historia de medidas preventivas o correctivas insuficientes, reformar los reglamentos universitarios de acuerdo con la perspectiva de género, e instaurar medidas de acción afirmativa cuando sean necesarias, para favorecer la inclusión de las mujeres en aquellas áreas donde han sido poco representadas.

También es responsabilidad de las instituciones investigar los casos de agresiones y acoso sexual y ser transparentes, establecer protocolos claros para prevenir y para atender la violencia de género, modificar los planes de estudio para incluir la perspectiva de género, promover campañas por la igualdad y en contra de las violencias, visibilizar y transformar los techos de cristal que obstaculizan el principio de igualdad, así como generar y transparentar los datos desagregados de género dentro de nuestras instituciones

Pero el pendiente más complejo que nos toca atender se refiere a las normas sociales; aquellas que persisten cotidianamente, que determinan los roles sociales y relaciones de poder entre hombres y mujeres, que de forma consistente promueven violencia y desigualdad. A los valores, las creencias, las actitudes y prácticas, tanto en los individuos como en las instituciones, que preservan dinámicas desiguales de poder y dominación de un género sobre otro.

Las expectativas de las y los individuos sobre los roles que cada quien debe desempeñar, suelen determinar el funcionamiento de individuos y de grupos. Las mujeres enfrentamos fuertes expectativas convencionales de nuestra sociedad como “cuidadoras” y “creadoras de hogares”; mientras que de los varones se espera que sean proveedores del pan de cada día. Al interior de normas sociales como esta, podemos encontrar patrones arcaicos que han existido por muchos años, que han promovido la exclusión de las mujeres de los espacios públicos y de la toma de decisiones, y que han limitado a las mujeres sus oportunidades sociales, políticas, culturales y económicas. Son estas normas sociales, las que suelen crear sesgos y prejuicios, las que no permiten que las mujeres logremos nuestro verdadero potencial; aún cuando haya avances considerables en indicadores como educación y salud, por ejemplo.

Los estudios que son propios para las mujeres (“si estudias ingeniería es porque eres fea”); las materias o asignaturas que son apropiadas para nosotras (“las matemáticas son para los hombres, estudia arte”); la forma como debemos vestirnos, maquillarnos y peinarnos (“tú tienes la culpa porque te vistes así”); los comportamientos que se esperan de nosotras (“calladita te vez más bonita”); las conductas de las cuales somos incluso culpables (“eso te pasa por andar de loca” o “esa calificación la ganaste con tu cuerpo”); los espacios que debemos ocupar (“ninguna mujer ha pasado este curso conmigo”); e incluso los trabajos o las posiciones que podemos y debemos obtener (“si quieres ser madre, nunca serás directora”); todas ellas son normas sociales que están presentes cotidianamente en nuestras universidades y son una forma de violencia cultural-simbólica arraigada y difícil de transformar. Pero es nuestra responsabilidad.

Como bien ha dicho Marcela Lagarde, los temas de género van a revolucionar el orden de los poderes, van a buscar la transformación de la vida cotidiana y las relaciones de roles entre los géneros. Por ello, también van a generar incomodidades y resistencias por parte de quienes han sostenido ese ejercicio de dominación al interior de nuestras universidades.  Mujeres y hombres, debemos constituirnos en esa voz incómoda, revolucionaria, transformadora.

Porque las estadísticas, no son solamente números, son personas. Porque una mujer muere cada dos horas y media. Porque el 2020 fue un año de ausencias.  De mujeres con sueños, con anhelos y con aspiraciones. Hermanas, madres, sobrinas, novias, esposas, hijas. Personas. Secretarias, enfermeras, abogadas, doctoras, amas de casa, ingenieras, científicas, meseras, agrónomas, emprendedoras, estudiantes.

Thelma Meza, asesinada en Guanajuato en enero 2020; Ximena Quijano, en Puebla en febrero; Nadia Rodríguez, en Guanajuato en marzo; Ana Paola, en Sonora en abril; Diana Raygoza, en mayo en Nayarit; María Concepción A. C., en Oaxaca en junio; Sherlyn Pérez, en el Estado de México en julio; Genebit Godínez, en Baja California Norte en agosto; Alondra Torresdey, en Chihuahua en septiembre; Jennifer Mejía, en Zacatecas en octubre; Damaris Soledad y Karla Lizeth, en Michoacán en noviembre; Diana González, en Puebla en diciembre; Mariana de Lourdes Sánchez, en Chiapas en enero 2021.

Nuestras estudiantes. Todas ellas asesinadas, mes a mes, entre enero 2020 y enero 2021.

Porque todas estas consignas, “ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, “no nos callamos más”, “México feminicida”, “cantamos sin miedo, pedimos justicia”, “gritamos por cada desaparecida”, “¡que resuene fuerte, nos queremos vivas!”, “no han muerto, las han asesinado”, cobran sentido cuando tienen nombre y apellido.

Porque es mejor ser una voz incómoda que exija el cambio, que demande transformaciones, y que no se conforme, que vivir la ausencia de nuestras mujeres porque están en el hospital, porque las golpearon, porque las violaron, porque las mataron.