Violencia política podría ser castigada hasta con tres años de prisión
La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano, presentó esta iniciativa sobre todo, por la coacción y amenazas que suelen darse hacia las mujeres para que claudiquen en sus intentos por participar en la política.
De ser aprobada en pleno legislativo, una reforma al Código Penal Federal, propuesta por la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano, permitirá definir la violencia política y sancionar a quien la cometa con hasta tres años de prisión.
Esto sobre todo, por la coacción y amenazas que comúnmente se dan hacia las mujeres para que claudiquen en sus intentos por participar en la política.
Las reformas impactarían en las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de Delitos Electorales, y de Partidos Políticos, así como al Código Penal Federal, a fin de prevenir y erradicación la violencia política hacia las mujeres.
La iniciativa, remitida a las comisiones de Igualdad de Género y Gobernación, establece la definición de violencia política y que se impondrá de 50 a 100 días de multa y de 6 meses a 3 años de prisión, a quien, por razones de género, presione, coaccione, agreda, intimide, amenace, cause daño, acose, a una o varias mujeres, con el objeto de obstruir, menoscabar, restringir, condicionar, limitar, excluir o anular el ejercicio de sus derechos de elección y participación en un cargo de elección popular.
Eliminar requisitos para apoyar candidaturas independientes
El diputado independiente Manuel Jesús Clouthier Carrillo propuso reformar artículo 385 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para derogar el inciso b de su fracción 2, para eliminar el requisito de solicitar copias simples de las credenciales para votar a los ciudadanos que apoyen una candidatura independiente, pues es “una restricción irrazonable y desproporcionada”.
La propuesta, enviada a la Comisión de Gobernación, indica que se deben establecer requisitos, condiciones y términos para el ejercicio de ese derecho, apegados a principios de derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales suscritos por México.

