Ocho militares detenidos por caso Tlatlaya; están en el Campo Militar 1
El titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, afirmó que la institución tiene un compromiso con los derechos humanos
Ocho militares fueron detenidos y puestos a disposición de un juez castrense en relación con la muerte de 22 personas en Tlatlaya, estado de México, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.
Se trata de un oficial y siete elementos de tropa que participaron en un operativo el 30 de junio pasado en ese municipio.
“Los uniformados fueron puestos a disposición del juzgado sexto militar y están internos en la prisión del Campo Militar 1-A, en el Distrito Federal“, precisó la Sedena en un comunicado.
El oficial está acusado de delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes, mientras que el resto sólo de infracción de deberes.
El proceso judicial se desarrolla independientemente de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles, dijo la dependencia federal.
¿Qué pasó el 30 de junio?
El 30 de junio de 2014, 22 personas murieron en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón, en Tlatlaya.
Según la versión que el Ejército difundió en ese momento, se trataba de una banda de secuestradores que fueron abatidos en un enfrentamiento tras agredir a los militares. Tres mujeres fueron liberadas, señaló la Sedena.
La semana pasada, la revista Esquire dio a conocer el testimonio de una testigo que acusó a los militares de haber fusilado a 21 de las 22 personas incluyendo a una menor de edad después de que se habían rendido.
Difunden fotografías de los cadáveres de los supuestos secuestradores
El diario La Jornada publicó este viernes las fotografías que fueron dadas a conocer por la agencia de noticias MVT en su sitio web y que llegaron a este último medio de comunicación de manera anónima.
El diario de circulación nacional añadió en su publicación de este viernes un análisis de las imágenes realizado por el criminólogo José Luis Mejía Contreras.
De acuerdo con ese análisis, catorce de las 22 personas abatidas por efectivos del Ejército Mexicano fueron colocadas a menos de un metro de las paredes de una bodega y los militares les dispararon a corta distancia.
‘‘Para que un impacto de bala de ese calibre (de fusiles M-1) deje un boquete en la pared luego de atravesar un cuerpo, se necesita que se dispare a menos de 30 centímetros de la víctima’’, afirmó Mejía Contreras a La Jornada.
La escena donde supuestamente las 22 personas perdieron la vida durante un enfrentamiento con los militares, el pasado 30 de junio, ‘‘fue totalmente manipulada; hubo cuerpos que fueron sembrados y se desaparecieron evidencias.
‘‘Si la confrontación fue entre quienes estaban dentro y los militares fuera de la bodega, había una distancia de entre 20 y 30 metros entre unos y otros, por lo que cualquier disparo de los militares se tuvo que alojar en el cadáver, ya que ningún arma es capaz de atravesar un cuerpo y luego impactar en la pared y dejar un boquete”, añadió el criminólogo.
Reacciones en México y el mundo
El jueves, al clausurar el seminario “La Defensa Nacional del Estado Mexicano”, en instalaciones de la Universidad Anáhuac en Huixquilucan, el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, afirmó que la institución tiene un compromiso con los derechos humanos.
“Cualquier conducta que se aleje de este precepto habremos de llevarla a las instancias jurídicas correspondientes para que sean ellas las que determinen lo conducente“, expresó.
A su vez, Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), señaló que Tlatlaya será un “caso testigo” para evaluar el compromiso del gobierno de Enrique Peña con el imperio de la ley.
“Es una prueba importante, y es importante que haya una investigación y un procesamiento genuinos si toda la evidencia indica que hubo una ejecución sumaria“, dijo en entrevista.
“Esto es muy importante no sólo por el número de muertes, sino porque es la masacre más notoria bajo Peña Nieto y es una oportunidad para que el Presidente demuestre su compromiso con el imperio de la ley y con poner a las fuerzas de seguridad bajo el imperio de la ley, aún si están combatiendo el tráfico de drogas“.
A su vez, Amnistía Internacional llamó a las autoridades civiles a realizar una investigación exhaustiva imparcial de la muerte de los 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, estado de México.
“Los reportajes publicados en varios medios en los últimos días, basándose, al parecer, en el testimonio de por lo menos una testigo presencial de los hechos, plantean interrogantes sobre la versión de los hechos presentado por la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) y la investigación de los hechos tanto por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) como la Procuraduría General de la República (PGR)“, dijo Amnistía Internacional en un comunicado.
Según la testigo, todas las muertes, salvo uno, no resultaron durante el enfrentamiento con los miembros de las Fuerzas Armadas, sino después cuando ya se habían rendido.
“Es alarmante, esta nueva información de 21 personas ejecutadas extrajudicialmente cuando ya se habían entregado“, dijo AI.
