Sistema Batán a debate: especialistas, legisladores y autoridades analizan el proyecto

Las Comisiones Unidas de Planeación y Presupuesto y de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones del Congreso local llevaron a cabo una sesión centrada en el análisis y discusión de la iniciativa a desarrollar el proyecto “Sistema Batán”, el cual, busca enfrentar la creciente problemática del agua en el estado, alineándose con el Plan Nacional Hídrico y promoviendo la regeneración y reutilización del agua bajo un enfoque de economía circular.

Durante la sesión asistieron 23 de los 25 diputados locales, así como especialistas de instituciones como la UNAM, la UAQ, la Conagua, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y diversas secretarías estatales.

El ingeniero Marco Antonio del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable, presentó un diagnóstico ambiental que contextualiza la crisis hídrica global y su impacto en Querétaro. Señaló que factores como el cambio climático, la sobreexplotación de acuíferos, la reducción de zonas de infiltración, la pérdida de cuerpos de agua superficiales y la expansión urbana han agravado la disponibilidad del recurso. En ese sentido, expuso que el Sistema Batán busca restaurar el ciclo natural del agua mediante su regeneración y reutilización tanto para consumo humano como industrial, disminuyendo la extracción de acuíferos, recuperando ríos y zonas húmedas, y promoviendo una economía circular. Afirmó que el proyecto permitiría reducir hasta en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero, gracias a beneficios como la disminución en el traslado del agua, el ahorro energético, la mejora en la calidad del agua descargada en los ríos y el fortalecimiento de la resiliencia climática. Y señaló que el Sistema Batán representa la mejor alternativa ambientalmente sustentable para el futuro de Querétaro.

Por su parte, el vocal ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, presentó el proyecto “Agua para todos”, destacando su alineación con los objetivos de desarrollo sustentable y los planes nacional y estatal. Explicó que, luego de pasar por las estaciones regeneradoras de San Pedro Mártir y la estación regeneradora Sur, pasará por un humedal donde se integrará a la presa del Batán. Allí, se mezclará con agua pluvial a través de un proceso de dilución que durará aproximadamente un mes y medio. Después de este proceso, el agua será tomada de la presa, pasará por una planta potabilizadora con tecnología de punta (carbón activado, sonificación, ultravioleta, sistemas de membranas), y luego será almacenada en tanques antes de ser distribuida a la red del acueducto. Este ciclo de regeneración y reutilización del agua podrá repetirse varias veces, hasta que el agua se evapore, se filtre al subsuelo o se use para riego.

José Antonio Ledesma Ferruzca, consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado, expuso los detalles del proceso de consulta pública sobre el proyecto Sistema Batán, en donde explicó que la consulta se desarrolló del 14 al 21 de mayo de 2025 donde se recopilaron más de 15,000 encuestas. El ejercicio se enfocó en cuatro ejes temáticos: la situación actual del agua en Querétaro, la necesidad de nueva infraestructura hídrica, la viabilidad de la regeneración del agua y la conveniencia de la colaboración público-privada. Según los resultados, nueve de cada diez participantes reconocieron la existencia de un problema de abastecimiento. Así mismo, consideraron necesaria la intervención del sector público, apoyaron la regeneración de aguas residuales y respaldaron la participación conjunta del sector público y privado en la ejecución del proyecto.

En el aspecto financiero, el secretario de Finanzas del estado, Gustavo Arturo Leal Maya, explicó que el Sistema Batán se apega a la legislación vigente, incluida la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Detalló que la inversión total asciende a 9 mil 590 millones de pesos.

Así mismo, compartió que el cronograma contempla tres meses de licitación, tres años de construcción (de febrero de 2026 a enero de 2029) y 27 años de operación y mantenimiento, sujeto a la autorización del Congreso. Explicó que el modelo de asociación público-privada elegido es autofinanciable, es decir, los pagos provendrán de los propios ingresos generados por el sistema.

Así mismo, Leal Maya describió los riesgos que asumirán tanto el desarrollador (relacionados con recursos, construcción y permisos) como el gobierno (gestión y cumplimiento de contraprestaciones), y subrayó que el esquema es responsable, con límites claros de inversión, transparencia, un plazo máximo de 30 años y una fuente de pago directa desde la Comisión Estatal de Aguas (CEA). Aclaró que la contratación se realizará mediante licitación pública conforme a principios constitucionales y que el aval del Poder Ejecutivo estará respaldado por un porcentaje de las participaciones estatales, sin comprometer las transferencias municipales. La estructura financiera contempla tres fideicomisos: uno para el desarrollador, otro para la captación de ingresos con un fondo de reserva de 607 millones de pesos, y un tercero para respaldar la garantía del Poder Ejecutivo. Comparó este esquema con otros proyectos estatales como el Acueducto II, el Parque Aeroespacial y el programa Impulso Querétaro, enfatizando que no se trata de deuda pública ni de privatización, ya que el control estatal del agua se mantiene.

Gregorio Cruz, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Querétaro, informó que se llevaron a cabo múltiples reuniones con el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), autoridades del gobierno estatal y otros actores involucrados, con el fin de atender observaciones y garantizar la factibilidad técnica del proyecto. Cruz aseguró que, tras estas revisiones, Conagua considera que el Sistema Batán es técnicamente viable y sustentable.

Finalmente, Juan Pablo Ramírez Herrejón, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ, presentó los resultados de una evaluación ecológica realizada en la presa a solicitud de habitantes de la zona. El estudio incluyó un análisis limnológico que evaluó la salud del sistema desde tres perspectivas: físico, se elaboró un perfil batimétrico y se midió la transparencia del agua; fisicoquímico, los parámetros como pH, sólidos disueltos, conductividad, temperatura, oxígeno disuelto y metales pesados (arsénico, plomo y cadmio) se encontraron dentro de las normas, y biológico, se identificó una buena calidad ambiental sostenida durante al menos una década. Sin embargo, también se detectaron riesgos como la acumulación de más de 4,000 toneladas de lirio en el fondo, la proliferación de lirio acuático en más del 80% del cuerpo de agua, la presencia de patógenos y el riesgo de crecimiento de microcistís, un alga que produce toxinas. Ramírez Herrejón destacó aspectos funcionales positivos del ecosistema, como la existencia de un manantial con flujo constante de entre 5 y 7 litros por segundo, una profundidad estable, la migración del plancton y un ensamblaje ecológico funcional.

Durante la sesión algunos diputados formularon preguntas enfocadas en los aspectos técnicos, financieros, ambientales y legales del mismo. Se plantearon inquietudes como la garantía de potabilidad del agua regenerada, la elección del esquema de asociación público-privada, los beneficios para municipios fuera de la zona metropolitana, los mecanismos de transparencia y cómo se evitará la corrupción. En respuesta, se explicó que los estudios de calidad del agua fueron realizados por laboratorios certificados bajo normas nacionales e internacionales y que el sistema contará con monitoreo en tiempo real. Se defendió el modelo de asociación público-privada por ser autofinanciable, sin implicar deuda pública ni aumentos en tarifas.

Se aseguró que el proyecto permitirá redistribuir agua potable a municipios como Cadereyta y la Sierra Gorda, y se destacó la supervisión por parte de órganos de control estatales y federales. También se aclaró que la planta tratadora tendrá capacidad para futuras expansiones y que el presupuesto contempla rubros técnicos y de gestión.

El análisis del Sistema Batán continúa en comisiones, con la promesa de mantener el diálogo técnico, político y ciudadano. La decisión final deberá considerar el equilibrio entre necesidad hídrica, sustentabilidad, legalidad y responsabilidad financiera a largo plazo