Bernardo Romero cuestiona sentencia de la SCJN sobre Ley de Aguas de Querétaro

La reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Ley de Aguas de Querétaro ha sido objeto de críticas por parte de Bernardo Romero, académico y coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

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Romero, quien promovió el amparo 984/2023 contra la ley local, asegura que la decisión refleja un sesgo a favor de las empresas que proveen servicios de agua potable.

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Para Romero, la resolución de la Corte no aborda la constitucionalidad de la ley, sino únicamente el amparo presentado. “La Corte no hizo el análisis de la ley, sino de nuestro amparo y señala que nuestros argumentos son infundados algunos porque se corrigieron”, explicó el académico. Romero sostuvo que la sentencia revela una tendencia a favorecer a los grupos de poder sobre los intereses de los usuarios del agua potable.

“Obviamente, defiende intereses a los poderosos, a quienes brindan el servicio y deja de lado a los usuarios”, afirmó. Asimismo, indicó que la Corte parece considerar el agua como una mercancía en lugar de un derecho humano.

El académico también señaló que, en abril, un día antes de la discusión en la Corte, el Congreso local de Querétaro, de mayoría panista, realizó una reforma “exprés” para evitar una resolución desfavorable. Romero mencionó que este amparo es solo uno de varios recursos legales en proceso.

“Hay muchas cosas pendientes, también la Ley General de Aguas y hay muchos amparos. Nosotros interpusimos tres, pero hay otros que vienen de atrás y más agrupaciones y, por supuesto, está pendiente también la de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Todavía no pueden cantar victoria aquellos que buscan enriquecerse con el agua”, señaló.

Además, Romero subrayó que hay muchos amparos pendientes y mencionó que la Ley General de Aguas también está en revisión, con múltiples recursos interpuestos por diversas agrupaciones y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. La controversia en torno a la Ley de Aguas de Querétaro y la sentencia de la SCJN continúa generando debate y expectativas sobre futuras resoluciones judiciales.