Así impactó la pandemia en la lucha por los Derechos Humanos en México

La pandemia por COVID-19 tuvo repercusiones en la defensa de los derechos humanos y el acceso a la justicia, señalaron activistas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), asociación civil que busca impulsar cambios estructurales para que la sociedad tenga condiciones para gozar y ejercer de forma equitativa la totalidad de los derechos humanos.

En un artículo publicado en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Centro Prodh hizo recordó que en marzo de 2020, cuando el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió el primer acuerdo general relativo a las medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, la administración de justicia adquirió mecanismos y formas de organización en las que el uso del Portal de Servicios en Línea del CJF se convirtió en una herramienta fundamental para posibilitar la continuidad de todos aquellos asuntos que previamente a la pandemia o durante la misma ameritaban atención por parte del poder judicial. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para evitar que la pandemia tuviera repercusiones en el derecho de acceso a la justicia y debido proceso.

Para el Centro Prodh, los plazos establecidos en ley fueron seriamente afectados, registrándose un retraso generalizado en la resolución de cualquier asunto. Además, se implementaron diversos criterios de priorización para dar trámite a los asuntos con carácter de urgente y suspender aquellos que no se acoplaban a los criterios concebidos, esto generó, esto generó un impacto diferenciado en la garantía de los derechos humanos de las personas que ya antes se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad, como las mujeres, indígenas, migrantes y personas privadas de la libertad.

Por otro lado, puntualizaron en que la naturaleza misma de los casos que el Centro Prodh acompaña —mujeres sobrevivientes de tortura sexual; familiares de personas desaparecidas o ejecutadas arbitrariamente o comunidades indígenas en la lucha por la defensa de su territorio— ha implicado la exigencia de continuar participando en audiencias, visitando ministerios públicos, teniendo interlocución con diversas autoridades y generando nuevas estrategias de litigio para afrontar la situación de derechos humanos a pesar del actual contexto de pandemia.

Asimismo, recordaron la lucha que inciaron antes la militarización del país, y rl amparo que interpusieron aduciendo la violación a la garantía orgánica consagrada en el artículo 21 constitucional relativa a que la seguridad pública estará a cargo de instituciones de carácter civil, disciplinado y profesional, características que se ven vulneradas al ceder el control operativo de la Guardia Nacional a los comandantes de las regiones militares pertenecientes a la Sedena.

Lo anterior, tras efecto de que la Sedena asumió el control operativo de la Guardia Naciona; para el Centro Prodh, los esfuerzos que han realizado en defensa de personas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos a consecuencia del incumplimiento de diversas autoridades —entre ellas, las Fuerzas Armadas— a sus obligaciones constitucionales y convencionales, fue ampliamente desarrollado en la demanda de amparo, que actualmente se encuentra todavía en litigio.