“Mujeres por la Paz” respalda postulaciones de activistas para diputaciones locales; entre ellas la de Aleida Quintana

La organización “Mujeres por la Paz” respaldó las postulaciones de cuatro activistas como aspirantes externas a diputaciones locales por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), entre ellas la de la queretana Aleida Quintana.

A través de un comunicado de prensa, señaló que la participación y el liderazgo de las mujeres defensoras en la política y la vida pública son fundamentales para la construcción de un estado democrático; por ello, se congratularon de la participación en la próxima contienda electoral de Aleida Quintana por Querétaro, Gabriela Patishtán por Chiapas, y Felicitas Martínez y Diana Hernández por Guerrero.

“Ellas cuentan con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos, han participado activamente en los movimientos sociales y feministas a nivel local, nacional e internacional, han sido reconocidas por su aportación al avance y el reconocimiento de los derechos humanos en México. Sus luchas se han centrado en la defensa de las y los presos políticos, población indígena, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, victimas tortura y los malos tratos, víctimas de violencia de estado y acompañamiento a víctimas de desaparición, trata y feminicidios”, mencionó en su comunicado.

¿Quiénes son las activistas?

Felicitas Martínez Solano es abogada y defensora de Derechos Humanos en Guerrero. Fue la primera mujer en ser autoridad de la CRAC – PC en el sistema de impartición de justicia; ha sido enlace continental de mujeres indígenas de las américas de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, y actualmente se encuentra trabajando de manera colectiva el proyecto legislativo para la ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos del estado de Guerrero.

Diana Itzel  Hernández Hernández es activista y defensora de Derechos Humanos en Guerrero. Ha participado en procesos de formación en comunidades rurales e indígenas enfocados en perspectiva de género, derechos humanos, prevención de violencia, lenguaje inclusivo, derecho indígena, y ha apoyado la liberación de presos políticos indígenas. Su activismo inició desde niña cuando asistía, junto con su familia, a las movilizaciones para denunciar las masacres de Aguas Blancas, Acteal, El Charco; lo anterior, trajo como consecuencia que ella y su familia sufrieran persecución política y finalmente se exiliaran en Francia ante la represión del gobierno mexicano.

Tras cuatro años en el exilio regresaron a México, donde continuó con su activismo con la construcción del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. En los últimos años se ha centrado en la exigencia de justicia por el multi homicidio y delitos de lesa humanidad que se cometieron en contra de sus familiares: su padre Ranferi Hernández, su madre Lucía Hernández, su abuela Juanita y su compañero Toño, quienes fueron víctimas de desaparición forzada, tortura, ejecutados extrajudicialmente e incinerados. Actualmente se dedica a dar acompañamiento a personas desplazadas, víctimas de tortura y pueblos indígenas, y forma parte del Consejo Consultivo del Centro de Derechos Humanos Morelos, con sede en Chilapa, Guerrero.

Gabriela Patishtán Ruiz es abogada indígena tzotzil, feminista y defensora de Derechos Humanos en Chiapas. Es la primera mujer indígena que se registra en su región para contender políticamente; se ha dedicado al acompañamiento y asesoría de familiares de personas indígenas injustamente encarcelados. Gabriela forjó redes de apoyo a nivel nacional e internacional para la liberación de su padre Alberto Patishtán, preso político durante 13 años y primera persona indultada por el Ejecutivo federal por violación a sus derechos humanos.

Aleida Quintana Ordaz es antropóloga social, feminista y defensora de Derechos Humanos en Querétaro. Su trabajo se ha centrado en la defensa de los derechos humanos de las personas víctimas de desaparición forzada, trata de personas, feminicidios y mujeres sobrevivientes de violencia, a través del acompañamiento a víctimas y sobrevivientes de delitos en México. Fue promotora de la Activación de la Alerta de Violencia de Género para Querétaro en 2015. Debido a su labor, desde 2012 ha sido víctima de represión y persecución política por parte de los gobiernos estatales, motivo por el cual en 2018 solicitó protección internacional al Estado español.

La organización afirmó que las cuatro son un ejemplo “por la fuerza y poder que de ellas emana” y por transgredir los roles asignados históricamente a las mujeres, los cuales impedían ocupar espacios en la toma de decisiones. Asimismo, reconocieron su labor por luchar contra la violencia de estado, el crimen organizado y particulares que han cometido agravios contra la población.

“Su labor está inscrita en diversas formas de lucha, que van desde las manifestaciones en las calles, encuentros de mujeres, procesos de formación en derechos humanos, acompañamiento a víctimas, denuncias públicas, etc., todas ellas enmarcadas en demandas justas como ‘Ni una asesinada más’, ‘Vivas nos queremos’ y ‘memoria, verdad y justicia'”, indicó.