Sigue pendiente iniciativa para sancionar a quienes se opongan a obras públicas con violencia
De acuerdo con Miguel Ángel Torres Olguín, diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política, la iniciativa se ingresó el pasado 18 de diciembre, pero sigue en la Mesa Directiva.
Foto: Archivo
La iniciativa para sancionar a las personas que ejerzan violencia física para evitar la realización de una obra pública, aún no ha sido turnada a una comisión de la LIX Legislatura de Querétaro.
De acuerdo con Miguel Ángel Torres Olguín, diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política, la iniciativa se ingresó el pasado 18 de diciembre, pero sigue en Mesa Directiva.
Explicó que aún no se turna a ninguna comisión porque esperan la notificación de la Acción de Inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Estamos planteando una reforma al artículo 289, sólo que esta iniciativa a un no la hemos turnado en razón de que hasta el día de hoy no hemos sido notificados respecto a la acción de inconstitucionalidad”, declaró Torres Olguín.
Explicó que las sanciones para las personas que se interpongan a una obra van desde 1 a 2 años de prisión y una multa de hasta 200 veces el valor de la UMA, así como 4 meses de trabajo a favor de la comunidad.
Además, en caso que sea un grupo el que se opongan la sanciones se incrementan a 2 a 4 años y de 300 a 500 veces el valor de la UMA de multa y trabajo a favor de la comunidad de hasta por 4 meses.
Cabe señalar que fue la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro quien presentó la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN de la conocida “Ley Garrote” a mediados del mes de enero.
