Asentamientos irregulares, obstáculo para la competitividad de las ciudades

En el municipio de Querétaro existen alrededor de 250 asentamientos irregulares, casi la mitad de los cuáles no han podido arreglar su situación debido a que los dueños no tienen forma de acreditar la propiedad de los predios, esto de acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres Gutiérrez.

El “Diagnóstico sobre la Falta de Certeza Jurídica en Hogares Urbanos en Condiciones de Pobreza Patrimonial en Asentamientos Irregulares”, elaborado por la antes Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), define los asentamientos irregulares como un espacio donde se establece una persona o una comunidad, que está fuera de las normas establecidas por las autoridades encargadas del ordenamiento urbano de una ciudad.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), quienes habitan en estos lugares enfrentan, entre otros problemas, insuficiencia de ingresos y dificultades asociadas a la adquisición de una vivienda. Es común, entonces, la falta de servicios de educación, salud, agua, luz o drenaje.

Las principales causas

La Sedesol (ahora Secretaría del Bienestar), señala como una de las principales causas de esta problemática la falta de certeza jurídica sobre la propiedad, lo que sucede con el 40 por ciento de los asentamientos de este tipo en el municipio de Querétaro. Esto ocurre, entre otras cosas, porque algunos propietarios de terrenos no dejan su testamento al morir y sus hijos o herederos no inician un juicio sucesorio.

Otra causa de que surgan asentamientos irregulares es la falta de orden en el crecimiento urbano experimentado por las ciudades, que se caracteriza no sólo por una rápida expansión territorial, sino también por un crecimiento sin planificar.

Ante el crecimiento exponencial que ha tenido Querétaro en los últimos años, el Congreso del Estado trabaja en la elaboración de un nuevo Código Urbano para que, además de que éste se armonice con la Ley General de Asentamientos Humanos, también se evite que la ciudad siga creciendo de forma desorganizada.

En ese sentido, la diputada Abigail Arredondo Ramos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, declaró a principios de este año que es necesario que el nuevo Código Urbano establezca sanciones para evitar el crecimiento desordenado.

El Diagnóstico de Sedesol explica que la formación de asentamientos irregulares también se fomenta por la actitud permisiva que, tanto las autoridades como la sociedad, tienen hacia este problema dentro de un marco de cultura de ilegalidad.

A esto, se le añade que no hay sanciones claras para las personas que promueven o se asientan sobre suelo irregular, y para las personas muchas veces no es claro cuáles son las consecuencias de asentarse en lugares como éstos.

Antorcha campesina, una parte del problema

Una de las organizaciones impulsan la creación de colonias o comunidades en terrenos irregulares es el Movimiento Antorchista Nacional, directamente relacionado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que justifica su defensa de los asentamientos irregulares en la falta de vivienda y las condiciones precarias propiciadas por los bajos salarios y la falta de apoyo oficial para la adquisición de vivienda.

No obstante, algunos medios de comunicación nacionales, han denunciado a los líderes de esta organización, también conocida como Antorcha Campesina, por coptar las necesidades de sectores vulnerables y utilizarlas para beneficio político y personal.

El medio Sin Embargo publicó, en 2014, un reportaje en el que señala que todos los predios de Antorcha Campesina se manejan exactamente igual. Empieza con la invitación a la compra de un terreno y la asistencia a reuniones semanales con la aportación de cooperaciones. A eso le llaman “participación”. A quienes aspiraran a obtener un predio a su nombre les piden cierta cantidad de “participaciones”, que se traducen en marchas, plantones, colectas de recursos con botes y presencia a los eventos que se nos requiriera, comúnmente organizados por el PRI.

En Querétaro, puntualiza la organización en su portal oficial, la escasez de tierra con las factibilidades de servicios y urbanización y el alza del impuesto de traslado de dominio y otros impuestos, son las causas por las cuales hay un déficit en la oferta de vivienda de interés social.

A cambio de cierta cantidad de dinero, Antorcha Campesina entrega a personas de escasos recursos los documentos oficiales que acreditan la propiedad de los predios, así como drenaje, agua potable y otros servicios, siempre y cuando se continúe con la asistencia de marchas y plantones. El problema es que en muchos casos, los documentos se niegan cuando los involucrados comienzan a fallar en sus “participaciónes”, lo que introduce irregularidades e ilegalidad en la forma de gestionar estoss terrenos. Así, con estos condicionamientos, las colonias que llegan a fundar tardan años en poder regularizar su situación y acceder los servicios básicos.

Los riesgos de los asentamientos

El documento de Sedesol detalla que uno de los efectos más graves de esta problemática son es que la falta de infraestructura urbana hace que las viviendas de estos asentamientos sean insalubres para sus habitantes, generando un entorno desfavorable para los mismos y que además tengan un bajo valor en el mercado inmobiliario. Esto último en particular, propicia que las ciudades sean calificadas como poco eficientes, inseguras y poco competitivas.

Torres Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la Capital, informó en marzo que, hasta ese momento, existían 29 asentamientos en proceso de regularización, cuatro de los cuales no cuentan con servicio de agua potable, donde habitan cerca de cinco mil personas.

El funcionario municipal indicó que se buscaría la firma de un convenio con la Comisión Estatal de Aguas (CEA) para dotar de servicio de red de agua a estos lugares con un 50 por ciento de descuento en el pago de su toma individual.

Indicó, además, que del total de asentamientos irregulares que existen en la capital, 30 por ciento se encuentran en la zona de Santa Rosa Jáuregui.