Exfuncionario municipal de Querétaro es vinculado a proceso por extorsión

El juzgado de control penal en turno del fuero común en Querétaro, vinculó a juicio penal a un exfuncionario municipal de Querétaro por la posible comisión del delito de extorsión, cometido en contra de una empresa inmobiliaria queretana y sus directivos, dentro de la carpeta judicial 245/19. El imputado fue tesorero municipal en el gobierno panista de Querétaro encabezados por Rolando García durante el gobierno estatal del también panista Ignacio Loyola Vera.

La empresa inmobiliaria presentó una denuncia por extorsión, fraude y amenazas en contra del imputado y sus cómplices, quienes han desplegado una campaña en tribunales, medios de comunicación y redes sociales, basados en “noticias falsas”, para reclamar la supuesta propiedad de unos predios en la zona del ejido San Cruz del municipio de El Marqués, todo ello amparados con documentación legalmente nula, ya que incumple con la ley notarial, y carece de las formalidades fiscales y civiles correspondientes.

Hace casi 3 años, una de las supuestas “prestanombres” del señalado inició un pleito legal contra el Gobierno Federal, a través del juicio de amparo 123/2016-II, contra la expropiación de tierras que en aquel entonces (1968) eran propiedad de Alejandro Cabrera Paulín, para crear el ejido Santa Cruz, bajo el argumento de que no se observaron las formalidades esenciales del procedimiento y no se llamó al propietario a comparecer al procedimiento de expropiación, lo cual negó rotundamente la SEDATU anteriormente Secretaría de la Reforma Agraria.

Ante el Juez de Distrito, la quejosa presentó la escritura pública 31,514 de la Notaría Pública No. 32 de Querétaro, supuestamente firmada el 20 de abril de 2015, con la que se ostentaba como propietaria de los predios reclamados, tras haber celebrado según ella, una operación de compra-venta que resultó falsa.

Sin embargo, la escritura está viciada en el fondo y la forma, y es nula, porque no existe objeto de la operación, ya que el supuesto vendedor carecía de derecho para transmitir los terrenos, por ser legalmente del ejido y haberlos vendido a terceros, además, de que la escritura no fue “autorizada definitivamente” por el notario, por adolecer de vicios.

Entre las inconsistencias que presentó el documento, es que la compra-venta no se consolidó porque dicha propiedad fue expropiada por el Gobierno Federal en 1968, y dotada legalmente a los integrantes del ejido de Santa Cruz, y no fueron pagados los impuestos federales y locales por dicha operación, a todas luces fraudulenta.

Aun así, los denunciados lanzaron una campaña de desprestigio vía internet y redes sociales contra la inmobiliaria que adquirió desde el 2006 parte de los predios a los ejidatarios y desarrolló en la zona varios proyectos urbanos, acusando un supuesto fraude inmobiliario y riesgos jurídicos para los interesados en adquirir una propiedad en el lugar, los cuales no existen.

En respuesta, y tras la demostración de la inconsistencia jurídica del reclamo que hacen los presuntos delincuentes, la empresa desarrolladora presentó una demanda civil de nulidad de la escritura, misma que fue declarada “sin autorización definitiva” por violar la Ley del Notariado, la Ley de Hacienda de los Municipios y el Código Fiscal todos del Estado de Querétaro, así como la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley Antilavado.

Además, ante la Fiscalía General del Estado se promovió una denuncia por extorsión, fraude y amenazas en contra del principal imputado y sus cómplices, iniciándose la carpeta de investigación CI/QRO/11594/2016, que fue consignada en los juzgados penales.