Software subutilizado en la anterior administración costó 39 mdp

La investigación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en contra de una exfuncionaria del gobierno estatal de la administración anterior, se debido a la adquisición de un software de un costo de 39 millones de pesos el cual tuvo una utilización mínima, por lo que se le acusa por el delito del ejercicio indebido de la función pública, así lo declaró Benjamín Vargas Salazar, fiscal especializado en el Combate a la Corrupción.

Y es que la exfuncionaria no informó a su superior jerárquico, que en su caso fue José Calzada Rovirosa, entonces gobernador del estado, de la no utilización del software.

Además Vargas Salazar añadió que la exfuncionaria, que fue detenida el pasado 14 de enero, sigue su proceso en libertad tras pagar una fianza de 180 mil pesos.

“Tiene que ver con la adquisición de un software en el 2015 cuando se da la entrega-recepción de la administración, hay una auditoría que detecta la adquisición de este equipamiento tecnológico y advierten la adquisición de este por un monto de 39 millones de pesos, empiezan a detectar que no está implementado y quién legalmente tenía que hacer no lo hizo y tampoco hizo conocimiento a su superior jerárquico”, declaró el fiscal en el Combate a la Corrupción.

En entrevista para Códice Informativo, explicó que el software tenía que haberse utilizado para autenticar todos los documentos de diversas dependencias del Poder Ejecutivo de Querétaro para que no se prestará a la falsificación de documentos, sin embargo su implementación fue la mínima.

“Este software la función que iba tener es que iba a autenticar todos los documentos que diversas dependencias del poder Ejecutivo iban a emitir, ejemplo solicitud de una acta de nacimiento, el software iba a imprimir diversos sellos o medidas de seguridad y permitirle al ciudadano la garantía que el documento es fidedigno”, indicó el fiscal.

Agregó que en un inicio la Secretaría de la Contraloría comenzó la investigación que posteriormente derivó en una vista a la Fiscalía General del Estado en junio de 2016 y hasta la conformación de la Fiscalía en el Combate a la Corrupción se les fue turnado el caso, así como que el expediente es una averiguación previa del Sistema Penal anterior.

Indicó que el pasado 15 de enero se dictó auto de formal prisión y se inició un proceso de investigación para que se presenten las pruebas, en el caso que produjo un daño económico al gobierno del estado, delito que está sustentado en el artículo 261 del Código Penal en su fracción cuarta.

“‘Quién con motivo de su empleo a cargo o comisión detecté un posible daño al patrimonio, en este caso al Poder Ejecutivo, y no lo informe a su superior jerárquico por escrito’; no está considerado como grave desde el punto de vista jurídico, pero es grave que se adquiera un software de 39 millones y no se implemente” explicó Vargas Salazar.

Por último debido a la investigación en curso, Benjamín Vargas Salazar reservó el nombre de la exfuncionaria, así como el nombre del software subutilizado.

Cabe señalar que Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, dió conocer que tres exfuncionarios públicos han sido sancionados desde la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.