Justifica Raúl Cervantes como “error administrativo” uso de datos falsos para emplacar su Ferrari
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que el titular de la PGR había emplacado su auto con datos de un domicilio “fantasma” en Morelos, pues la vivienda, de interés social, no está a su nombre
Foto: Especial
Un “error administrativo”, de acuerdo con Raúl Cervantes procurador General de la República, habría sido la causa de que se emplacara un Ferrari de su propiedad con datos de un domicilio que no es suyo.
Este 4 de septiembre se dio a conocer que el procurador, de acuerdo con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), era dueño de un un Ferrari 2011 modelo 458 el cual estaba registrado en el estado de Morelos.
Sin embargo, el automóvil no había sido dado de alta con un domicilio que perteneciera a Cervantes, sino a una casa de interés social de dicho estado.
Emplacar autos de lujo en el estado de Morelos es una práctica recurrente que incluso es propiciada por las mismas concesionarias de autos, la finalidad es evadir el pago de impuestos, puesto que en dicha entidad no se realiza el cobro de la tenencia.
En ese sentido, la representante legal del procurador, Cristina Rocha Cito, indicó que esta situación se debió a un error administrativo, puesto que Raúl Cervantes sí cuenta con residencia legal en ese estado, y destacó que Cervantes “siempre ha cumplido de forma puntual, transparente e integra con sus declaraciones patrimoniales y de impuestos, así como con los pagos de todas sus obligaciones fiscales”.
Y abunda: “En este caso no hay ninguna ilegalidad, ni siquiera un beneficio fiscal, lo que hay es un error administrativo en el registro de un domicilio a otro en Morelos”.
Sin embargo, el MCCI detalló que el domicilio utilizado por Cervantes y otras 4 viviendas de la misma colonia “son el domicilio dado de alta por los propietarios de 16 autos de lujo, entre ellos once Ferraris”, autos que también habrían incurrido en el mismo “error administrativo” que el procurador.
De acuerdo con el organismo, “el valor de esos autos en el momento de su venta suma 56 millones 800 mil pesos. Ese monto alcanzaría para comprar unas 126 viviendas” similares a las que fueron utilizadas para registrar los vehículos.
