El poco prometedor viaje de regreso a México

Desde hace unos meses, los migrantes en Estados Unidos se han convertido en parte fundamental de un debate mediático y político encabezado por el ahora presidente Donald Trump, quien como candidato republicano adoptó como promesa de campaña la expulsión masiva migrantes, principalmente de mexicanos.

Desde el pasado 20 de enero, día en que tomó posesión el presidente Trump, no han faltado en México los políticos que, para colocarse en los reflectores mediáticos, retoman el tema con supuestas acciones encaminadas al apoyo de los migrantes, sin embargo, los datos demuestran el poco apoyo, desde el marco jurídico hasta el tema presupuestal, que han tenido en el país los connacionales que radican en Estados Unidos.

Según un boletín estadístico emitido por la Secretaría de Gobernación, entre 2012 y 2016 han sido deportados 20 mil 263 migrantes queretanos. Durante ese mismo periodo, Querétaro percibió ingresos por remesas de hasta 2 mil 589 millones de dólares, aproximadamente 42 mil 847 millones 950 mil pesos, de acuerdo al valor promedio del dólar en esos años de 16.55 pesos. Esto en comparación con los 12 millones 586 mil 623 pesos que en los mismos años la entidad recibió a través del Fondo de Atención a Migrantes, monto que representa apenas el 0.029 por ciento del total de las remesas. Es decir, cuando son deportados, el apoyo económico que reciben los migrantes no alcanza ni siquiera el uno por ciento de lo que retribuyen por medio de sus remesas.

Este fondo es etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para cada una de las entidades de acuerdo al número de repatriados, por lo cual Querétaro ha obtenido de este recurso un promedio de 2 millones de pesos al año; en 2012, se tuvieron recursos por 2 millones 17 mil 608 pesos, en tanto que para el 2016 se recibieron recursos de 4 millones 595 mil 78 pesos.

Las deficiencias en políticas públicas desde lo presupuestal se hacen más evidentes cuando, al dividir los 12.5 millones de pesos de forma equitativa con el número de migrantes repatriados, la cantidad arroja un total de 621.16 pesos para cada uno de ellos, con lo cual no alcanza ni para el pasaje de regreso a la capital desde la frontera, aún con las variaciones en los precios de boletos de camión.

El tema presupuestal, casi siempre orientado a ser la panacea a los problemas del país, se ha enfocado en la creación de al menos dos programas sociales para migrantes: el programa 3×1 Migrantes, a través del cual los tres niveles de gobierno y asociaciones de migrantes aportan recursos para el mejoramiento de la infraestructura en las comunidades de origen de los migrantes, y el ya mencionado Fondo de Apoyo a Migrantes, que está destinado a aquellas personas que son repatriadas a México.

El texto La respuesta del estado mexicano a los migrantes que regresan en la era de la deportación, de Eynel Pilatowsky Cameo y publicado en el libro Ser Migrante de la Organización Internacional para las Migraciones, señala que programas como el Fondo de Apoyo a Migrantes fueron creados para que migrantes en retorno tengan recursos para proyectos productivos y autoempleo. No obstante, la publicación señala que «no existe un programa de asistencia, asesoría y evaluación que acompañe a los migrantes retornados en el desarrollo de proyectos autogestivos» y especifica que los recursos del fondo se asignan a 447 municipios siguiendo dos criterios: su índice de intensidad migratoria y la dependencia que tienen de las remesas. Pilatowsky apunta que estos criterios son inadecuados porque la mayoría de los migrantes que regresan no lo hacen a sus lugares de origen.

Recientemente el presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó una reforma a la Ley General de Educación, la cual está enfocada a la revalidación de estudios de los llamados ‘dreamers’, en la cual se establece la simplificación de trámites, inclusión de migrantes a las instituciones de educación, certificación de migrantes para impartir idioma inglés en escuelas normales, entre otras.

Como medida puede ser un avance significativo, pero como apunta Tania Ilian Rosales Reyes, en el texto La reintegración social de los dreamers ante un escenario politizado¸ «quizá el reto más grande para el gobierno mexicano es evitar que el tema se politice en la población respecto a sus propios connacionales. El reto es doble porque cualquier ayuda que se vea como privilegio puede ser un detonante de rechazo hacia una comunidad que no sólo necesita reintegrarse económicamente, sino también socialmente, que los acerque al idioma, a los usos y costumbres, e incluso que los ayude a entender la parte jurídica del país».

Este rechazo a los dreamers podría surgir porque los mexicanos que viven ya en el territorio carecen de oportunidades para estudiar, ya sea por falta de infraestructura en el caso de los niveles de primaria o secundaria, o bien, por la falta de espacios en el caso de los niveles media superior y superior, donde miles de jóvenes se quedan sin acceder a una carrera universitaria. 

Ante un panorama que persistirá en los próximos años, se requerirá la implementación y el fortalecimiento de una ‘visión de reinserción’ para los migrantes, la cual fue conceptualizada por la doctora Eunice Rendón Cárdenas, quien fungiera como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en una ponencia brindada en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) el 12 de mayo de este año.